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Doscientos millones de pesos, la mitad del presupuesto de Cultura Comunitaria —la apuesta más importante de la Secretaría de Cultura federal— se destinan a materiales para los Semilleros Creativos (uno de los cuatro ejes del programa), materiales didácticos, producción de eventos, templetes, lugares, audios, pago por saberes ancestrales y honorarios artísticos.
En algunos casos son pagos a artistas que son músicos, cineastas, teatreros —pueden ser o no de la comunidad—, y en otros casos son creadores de pueblos originarios, con saberes tradicionales: desde una cocinera hasta un volador.
Este recurso de 200 millones equivale a una tercera parte de los 600 millones para creadores que tiene el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de ahí que muchos describan a Cultura Comunitaria como un “Fonca pequeño”.
Pero en términos de fiscalización hay una gran distancia entre ambos: contar con un beneficio del Fonca representa para muchos creadores un proceso largo, complejo por la tramitología y justificación de gastos. En el caso de Cultura Comunitaria no hay todas estas reglas; no son fijas ni claras. El argumento en estos casos tiene que ver con los lugares y condiciones en que viven muchos de esos creadores, pero también porque hay prácticas culturales que no son cuantificables para comercializar: el rezo de un tronco para un ritual, por ejemplo.
Sin embargo, plantea Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen), de la UNAM, como todo programa con recursos públicos, Cultura Comunitaria requiere reglas de operación. Determinar lo que se paga por una expresión es un proceso que pretende realizar la Secult desde que lanzó hace cerca de seis meses este programa.
“Nosotros como Cultura no podemos llegar a promover una serie de acciones sin darles, aparte del valor cultural, el valor económico”, dice la titular del programa, Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural.
Como informó ayer EL UNIVERSAL, los otros 200 mdp del programa (de un presupuesto total de 400 mdp) se destinan al pago de personal de apoyo: 630 personas a quienes se les paga a través de una outsourcing, Lore Soluciones Integrales, con la que se celebró un contrato por 178 millones de pesos (que no incluye el IVA).
A diferencia de este contrato con una outsourcing, los 200 millones de pesos para pagar a artistas, creadores ancestrales y producción de eventos, difícilmente podrán ser objeto de comprobación, aunque Esther Hernández sostenga que “cada cosa que se compre tiene que tener su soporte”. Ella misma, más adelante en la entrevista, justifica: “Si tengo que subirme a un burro para llegar de un lugar a otro porque no hay colectivo, no va a haber alguien que te dé las facturas, por eso o por el guía en ciertos caminos”.
No será posible conocer con claridad los criterios de selección, invitación, adjudicación —quizás sí de licitaciones—, pero Hernández insiste: “Para que no tenga que llegar una solicitud al INAI todo va a estar en la página (plataforma de Cultura Comunitaria)”.
Tampoco será posible comprobar por qué se dio un precio determinado a un saber ancestral ni obtener por ello un comprobante válido ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sobre los criterios para elegir un grupo artístico, Esther Hernández dice que es con base en la Ley de Adquisiciones, aunque luego habla de recibos comunitarios y simples: “Son básicamente tres procedimientos: Uno, adjudicación directa hasta por cierto monto que, por ahí, es de 500, 600 mil pesos, no me lo sé exacto; otro es la licitación pública cuando es mayor a ese monto, son licitaciones o algo que le llaman Itepex, que es invitación a cuando menos tres proveedores; y la otra es por el Comité de Adquisiciones (de la Secretaría), ahí lo que se hace es que si hay una característica única de la persona que vas a contratar se puede hacer sin adjudicación o sin licitación, por ejemplo, en Tihosuco hay descendientes de la Guerra de Castas, están viejitos todos, y queremos hacer un proyecto de recuperación de memoria con ellos”.
—¿Qué control habrá de los recursos para producciones, pago de artistas, materiales?
—Factura en el caso de materiales; en el caso de pagos a artistas, por ejemplo, estamos trabajando con un recibo que se llama recibo comunitario; se nos permite hasta 20% del evento poderlo meter con ese tipo de recibo; es recibo que se hace constar como un recibo simple; va acompañado de la credencial de elector de la persona que prestó el servicio —una cocinera tradicional, por ejemplo— y del sello y firma del municipio que avala que se realizó ese servicio. Cada una de las actividades, si no es con factura, será con este recibo comunitario.
—¿Y Hacienda lo acepta?
—Te digo que hay un porcentaje máximo.
La funcionaria alega que hay temas en la cuestión de administración y procedimientos en la Ley de Adquisiciones que no se corresponden con la realidad comunitaria o con la realidad cultural.
Argumenta que para “no enrolar” a estos grupos, sus actividades y expresiones culturales en una dinámica comercial, sin hacer a un lado la realidad de un Estado que pide facturas, se está documentando todo —Cultura Comunitaria está generando una base de datos que se presentará este mes— y se quiere “meter una propuesta para excepciones a la ley” o escenarios para trabajar con ciertas expresiones donde no tenga que entrar la Ley de Adquisiciones.
Preguntas sobre el Programa. Ignacio Martínez, titular del Lacen, cuestiona de Cultura Comunitaria: “Me salta que hay vacíos. No hay, a mi modo ver, lineamientos claros para ver cómo se van a transparentar esos 200 millones de pesos. ¿Qué tanto va a influir en la comunidad?, ¿qué tanto IFAI incidirá?, ¿tendrá facultades para solicitar la transparencia de ese gasto público? Por eso hablo de reglas de operación de origen; adjudicación, licitación e invitación sí son reglas de operación, pero las veo en el aire. Dentro de Hacienda es el RFC de la empresa o el RFC de la persona física, pero no se habla de un recibo comunitario. Un edil puede poner un sello, pero fiscalmente ¿cómo se comprueba ante Hacienda que ese recurso efectivamente se emanó con relación a las reglas de operación?”.
Por su parte, Valeria Moy, directora de México ¿Cómo vamos?, reconoce la importancia de que Cultura Comunitaria llegue a grupos y sectores de todo el país, pero hace críticas en el tema fiscal: “Creo que los gastos públicos deben aplicar de forma pareja para todos. Las reglas están para dar certeza a ciertos procesos. Es cierto, hay muy poca bancarización en México y muy poca profundización del mercado financiero y, por ende, es muy difícil no sólo hablar de temas fiscales, sino pagar a través de una transferencia. En el país hay que reconocer que los requisitos que se piden para las licitaciones los puede cumplir sólo cierto grupo, con cierto nivel de preparación y cierto nivel de estructura. Pero no porque haya obstáculos hay que brincarnos las trancas”.
Moy, quien es economista, considera que es congruente que haya transparencia en el uso de recursos, además de que es obvio, porque es lo que este gobierno criticó del anterior: “Lo criticó pero sigue haciendo lo mismo, y un ejemplo es el del sector petrolero”.
La especialista plantea que en el caso de Cultura Comunitaria lo que podría hacerse es tener requisitos, quizás más sencillos para participar, pero que sí tiene que haber reglas. “Si no las hay se abre la puerta a la discrecionalidad absoluta, y cuando se abre la puerta a la discrecionalidad absoluta la historia no termina bien, eso lo sabemos siempre. Estoy convencida de que los pagos del sector público no deben hacerse en efectivo bajo ninguna circunstancia, tiene que haber huella de alguna auditoría; si las personas no tienen una cuenta, hay que abrírsela”.
Valeria Moy señala además que no basta con usar un lenguaje de buenas intenciones: “El lenguaje de buenas intenciones no funciona. Eso no es relevante. Las cosas que estamos viendo, donde todo el mundo se brinca las trancas, con pretexto de aquí sí somos honestos, me parecen que terminan mal, es una película que ya vimos. No podemos pensar que el discurso son los hechos”.
