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El Sindicato nacional de restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SINAR) se une a la denuncia que realizaron arqueólogos sobre las nuevas formas de contratación del INAH.
Una de las nuevas formas de contratación consiste en “obligar a los contratados a incorporarse a la plataforma de PROCURA-COMPRANET, para darse de alta como proveedores de servicios”. El requisito del registro de supuestos proveedores hace que a la hora de seleccionar e incorporar personal a proyectos del INAH se “finja” un “proceso de ‘concurso’, buscando otras cotizaciones del mismo servicio, para lograr que el personal idóneo sea el que acredite todos los requisitos obligatorios dentro de la plataforma, cayendo en una total ilegalidad”, explica el Sindicato.
La segunda forma de contratación que ha causado el descontento de los restauradores es “obligar a los contratados a pagar por adelantado el 10% del total de su salario para obtener un cheque certificado o fianza”. Este último punto es necesario para poder ser contratado, explica el SINAR en un comunicado.
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De acuerdo con el sindicato, estos requisitos “entorpecen el proceso de contratación” al prolongar los tiempos de los trámites.
“La situación actual es injusta y problemática para varios de los colegas contratados, especialistas en conservación y restauración de bienes inmuebles”, se lee en un comunicado del SINAR, pues la mayoría de los contratados son profesionistas que “no tienen el capital para cubrir las demandas financieras que el INAH les exige en la actualidad”.
La actual situación, aseguran, ha causado que profesionales renuncien a colaborar en el INAH.
Entérate y comparte el pronunciamiento del SINAR acerca de la situación de los trabajadores de distintas especialidades contratados del INAH, a partir de las nuevas formas de contratación que cosifican y minimizan el trabajo profesional y especializado que realizamos. pic.twitter.com/Setpei0GQM
— Sindicato Nacional de Restauradores del INAH (@INAH_SINAR) May 27, 2022
El pasado 21 de abril, EL UNIVERSAL dio cuenta de la precaria situación que viven los arqueólogos del INAH.
Trabajadores de la Dirección de Salvamento Arqueológico se reunieron el 13 de mayo con el director general del INAH, Diego Prieto, para exigir un cambio en una serie de regulaciones que vulneran sus derechos laborales. El cambio más reciente fue en octubre del año pasado, cuando a los investigadores del Instituto se les informó por oficio que debían registrarse en CompraNet, plataforma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para hacer licitaciones, como si sus proyectos fueran externos al Instituto. Este sistema de contratación implica la cobertura de una fianza de 10% de lo que se les pagará a los arqueólogos, como garantía de que el trabajo por el que se les contrata se entregue en tiempo y forma.
El proceso de la crisis es acumulativo y se detonó entre 2017 y 2018 con la integración de los investigadores en el esquema de honorarios o Capítulo 3000, modelo conveniente para trabajadores que pueden determinar su tabulador de sueldo y con varias fuentes de ingresos.
En otras palabras, trabajadores freelance. La contradicción, cuenta la investigadora, es la forma en la que el Instituto aborda el Capítulo 3000: se paga, por ejemplo, como si las prestaciones de ley estuvieran incluidas, cuando no lo están, tampoco se incluyen viáticos y se exigen todas las responsabilidades que tiene un funcionario público.
“El arqueólogo sólo puede trabajar para el INAH, lo que descarta otras ofertas de mercado. Tengo amigos que trabajan por honorarios y ganan 80 mil al mes, diseñadores que pueden contratar sus propias prestaciones. CompraNet está pensado para los que licitan, no para un arqueólogo. Además, se trabaja junto a empleados de la construcción, en condiciones de riesgo y sin un seguro de vida, ni siquiera un seguro médico”, detalló Mancilla.
“Me parece que se sirven del Capítulo 3000 por la falta de presupuesto. Al final la esclavitud sale más barata y no debemos olvidar que en algún momento de la historia la esclavitud y las tiendas de raya fueron legales. El Capítulo 3 000 no es un premio. El INAH debería velar por los derechos de sus trabajadores, los derechos laborales son parte de los Derechos Humanos”, recalcó.
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