Una de las consecuencias más nefastas de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, desatada durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), fue el incremento de casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Hoy en día, por desgracia, este fenómeno social sigue afectando a buena parte del país.
Si bien se desconocen cuáles son las dimensiones reales de dicho problema (el número de estos niños, niñas y adolescentes oscila entre 35 mil y 460 mil, según el estudio que se cite), sí se tiene muy claro que se presenta con más frecuencia en aquellos estados donde la inseguridad, la extrema violencia y las actividades de los grupos delincuenciales son cotidianas.
“A estos factores hay que sumarles, claro, la pobreza y marginalidad de muchas familias que viven en zonas violentas, así como la deserción escolar y la baja provisión de servicios por parte del Estado”, apunta Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Factor de riesgo estructural
De acuerdo con González Contró, la institucionalidad en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes es muy débil en México.
“Y lejos de fortalecerse, vemos que cada vez tiende a debilitarse más. En pocas palabras, el Estado no está presente en la vida de este grupo de población, lo cual constituye un factor de riesgo estructural. Además, nuestro marco normativo también tiene carencias al respecto. Debemos recordar que, en 2015, cuando el Estado mexicano presentó su último informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas le señaló que esta clase de reclutamiento tendría que ser un tipo penal específico”, agrega.
Diversos estudios recogen testimonios de niños, niñas y adolescentes, en los que refieren las diferentes funciones que desempeñan dentro de un grupo delincuencial. Es así como se ha sabido que casi siempre empiezan como “halcones” (individuos que se encargan de vigilar y alertar sobre la presencia de autoridades o enemigos), pero con el paso del tiempo también pueden realizar labores de tráfico de estupefacientes o incluso convertirse en sicarios y ejecutar uno que otro asesinato.
Igualmente se sabe que son reclutados bajo la promesa de que tendrán dinero, mejores condiciones de vida y cierto poder, pero también bajo amenazas y violencia física y/o psicológica.
“Por eso es fundamental tener un marco normativo robusto que permita tratar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas cuando son reclutados por la delincuencia organizada y, en caso de que hayan cometido un delito, juzgarlos también desde esa perspectiva. Esta doble dimensión es muy relevante, pero no está suficientemente visibilizada en México”, indica González Contró.
Régimen jurídico especial
México cuenta con un régimen jurídico especial para los menores de edad –el Sistema de Justicia para Adolescentes, contemplado en el Artículo 18 de la Constitución–, que considera sus condiciones de desarrollo y establece que no se les puede juzgar de la misma manera que a los adultos.
Ahora bien, los grupos delincuenciales se aprovechan de esta circunstancia para reclutar niños, niñas y adolescentes, pues están conscientes de que, si éstos son detenidos y juzgados, no se les castigará con la misma severidad con que se castiga a un adulto.
“Pero lo que se olvida o se ignora es que el Sistema de Justicia para Adolescentes prevé que, si una persona menor de edad está en un entorno que favorece la comisión de actos delictivos, debe ser protegida y alejada de las condiciones que la indujeron a cometerlos por primera vez. Se pueden tomar innumerables medidas para que no vuelva a delinquir, como cambiarla de domicilio, prohibirle ir a determinados lugares, etcétera, pero en la práctica no se han tomado con el rigor que se requiere. Esto nos lleva al falso debate de la baja de la edad penal. No poca gente dice que, si hay personas menores de edad involucradas con la delincuencia organizada, es necesario bajar la edad penal, pero esto tampoco resuelve nada, pues en el mundo entero se ha demostrado que el endurecimiento de las penas no conduce a una baja en la actividad delictiva. Más bien se tienen que tomar medidas de prevención temprana, trabajar en las comunidades donde se dan fácilmente los procesos de reclutamiento de personas menores de edad, y, cuando surja un caso, intervenir de inmediato”, dice González Contró.
Recomendación no cumplida
En 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU también le dijo al Estado mexicano que tenía que hacer un diagnóstico del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes llevado a cabo por la delincuencia organizada, combatir sus causas estructurales, entre las que se encuentran la violencia armada en los territorios dominados por grupos delincuenciales, el tráfico de estupefacientes, la desigualdad de género y la marginación, e investigar los casos de desapariciones y muertes violentas.
“Y puso énfasis en que tenía que revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, cuyos delitos no son únicamente el narcotráfico y la venta de estupefacientes, sino también la trata de personas y el reclutamiento forzado. Sin embargo, el Estado mexicano no ha cumplido, hasta la fecha, con esta recomendación”.
En opinión, de González Contró, no se puede perder de vista que, independientemente de que hayan cometido algún delito, los niños, niñas y adolescente reclutados por la delincuencia organizada son víctimas, que el Estado mexicano les ha fallado porque no les ha garantizado sus derechos y que la sociedad tiene que demandar acciones de prevención en territorios de alto riesgo y el fortalecimiento del marco normativo e institucional.
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