La propuesta de reforma a la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones es una manera más para reforzar el oficialismo que impera en los medios públicos, problemática que se suma a otras, como recortes presupuestarios, falta de personal y de mantenimiento a su infraestructura, coinciden especialistas consultados por EL UNIVERSAL.
Además de la polémica suscitada la semana pasada por el artículo 109 de esta reforma de ley, que estipula el bloqueo de plataformas digitales con base en los criterios de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los medios públicos como Canal Once, Canal 22 y el Instituto Mexicano de la Radio verán cambios importantes en su lógica de funcionamiento y uso si se aprueba.
La propuesta de ley, frenada por la propia Presidencia para su aprobación, será discutida por el Senado en cinco diferentes sesiones, que se llevarán a cabo durante mayo y que serán transmitidas por el Canal del Congreso, plataformas digitales y los medios de comunicación que así lo decidan.
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Los cambios, advierten expertos, son un retroceso e incluso trasladan a estos medios a funcionar bajo esquemas de gobiernos autoritarios, con programas y entrevistas a modo que tienen una finalidad: la propaganda de los ideales del régimen político actual.
La principal problemática es la omisión, en la propuesta de ley, del artículo décimo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregado en la reforma a la ley de telecomunicaciones del 2014, que estipula una serie de normativas para el funcionamiento de un medio público en una sociedad democrática, explica Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).
“Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”, dicta el artículo décimo transitorio.
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En la propuesta, este artículo no se recupera y, peor aún, se eliminan ciertas obligaciones. Pero en el artículo 43 se estipula que las instituciones interesadas en obtener una concesión para un medio público “deben presentar una solicitud en la que deberán precisar los mecanismos de la independencia editorial y de participación ciudadana”.
Para Raúl Trejo Delarbre, investigador de la UNAM y especialista en medios de comunicación, ese artículo estipula un requisito para que el gobierno apruebe una concesión. “Es un requisito que sería revisado por los órganos reguladores para dar una concesión, autorizar una transmisión, pero deja sin efecto la autonomía de los medios públicos para gestionar sus recursos, los exime de obligaciones de transparencia, ignora la defensa de sus contenidos, entre otros derechos”, explica.
Trejo Delarbre agrega que otro de los golpes principales de esta ley es la pérdida de autonomía del órgano regulador de los medios públicos, que hasta ahora es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y que está a punto de desaparecer por mandato constitucional.
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“La ley de 2014 se hizo para regular al IFT, se encargaba de garantizar los mandatos de la constitución de los medios públicos estipulados en el artículo décimo transitorio, aunque fue insuficiente que esas garantías estuvieran en un artículo transitorio, pero eran parte de la constitución; lo que ocurre ahora en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum es que casi todas esas garantías desaparecen, y no se explica por qué las anulan”.
El investigador añade que incluso con la ley actual era difícil que los medios públicos actuaran con pluralidad e independencia de contenidos, debido a algunas imprecisiones, pero con la nueva ley esas garantías quedarán casi anuladas.
“Hoy, los medios públicos ya son oficialistas, incluso en contra de la constitución. Se han convertido en voceros oficiales sin matices, lo ves en sus programas de opinión, sus invitados, la manera en cómo cubren los asuntos noticiosos, y los comentarios sin divergencia que hacían de las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y hoy de Claudia Sheinbaum”, señala el experto.
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Trejo Delarbre subraya que la propuesta de ley es una herramienta para formalizar el oficialismo en los medios públicos. “Lo que hace la ley es formalizar esta serie de carencias de garantías, si eliminas de la ley la autonomía financiera, la rendición de cuentas, la defensa de contenidos, lo que estás haciendo es formalizar su uso para transmitir la propaganda oficial”, señala.
Más preocupante, apunta, es la concentración de poder y de toma de decisiones que otorga la ley al titular de la Agencia de Transformación Digital, encabezada por José Merino. “Esta ley le está dando demasiadas atribuciones a una sola persona que depende de la Presidencia. Algo así pasaba en los gobiernos autoritarios que tuvimos a mitad del siglo pasado, lo que vamos a tener es una regulación parecida a la de esos años, en donde se concentra todo el poder de otorgar y quitar concesiones, idéntico a lo que vivimos en los 60”.
Jorge Bravo coincide con Trejo Delarbre, ya que apunta que esta ley reforzará el oficialismo en los medios públicos de aprobarse como está . “Las omisiones de estas garantías revelan un desdén institucional por el pluralismo mediático, la diversidad cultural y el papel de los medios públicos como garantes del derecho a la información y la formación democrática. En general, la propuesta refuerza el oficialismo de los medios públicos”, apunta.
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Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información, explica que la nueva ley no obliga a los medios públicos a actuar de cierta manera o tener obligaciones específicas, por lo que no tendrán el compromiso de pluralidad o dar voz a los sectores de la sociedad.
“No se hace la aclaración en la ley acerca de la independencia editorial y pluralidad de ideas; lo ideal es que haya una ley propia de medios públicos, pero se hace superficial su existencia en esta reforma, pero más allá del discurso político, deben tener mecanismos jurídicos que garanticen la participación de los distintos sectores de la sociedad”.
Pero Emanuel Neubauer, docente y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, observa que las garantías de independencia editorial, rendición de cuentas y pluralidad de ideas no están escritas directamente en algún apartado de la nueva ley, sin embargo sí forman parte de la justificación de la reforma.
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“Efectivamente, no hay un desarrollo en el articulado de los alcances o características del medio público, pero si vas a las justificaciones de la ley, casi 30 cuartillas, ves el sentido y la noción de medios públicos que contiene esta ley, no lo especifica como el marco anterior, pero no se pierde la esencia de independencia, pluralidad, diversidad de los medios públicos”, dice.
Jorge Bravo explica que el artículo quinto de la propuesta de ley limitará la capacidad comercial de los medios públicos, lo cual comprometerá más sus alcances en un contexto donde año con año se les reduce presupuesto.
“Se arriesga la operación de canales de servicio público que tengan concesiones comerciales. El artículo señala que quedan sin efectos las disposiciones que permiten explotar comercialmente canales de frecuencias del servicio público de radiodifusión, esto atenta contra la continuidad del servicio público de radiodifusión de señales como la del Canal 22, que puede comercializar espacios en televisión”, abunda.
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Otro problema que detecta Raúl Trejo Delarbre son los medios sociales, es decir, los medios comunitarios e indígenas. De aprobarse la reforma, la Agencia aprobará año con año a los integrantes de los medios comunitarios, así como qué organizaciones serán de carácter comunitario o social.
Será el próximo 20 de mayo cuando se realice el conversatorio en el Senado “El servicio público de radiodifusión”, en donde se abordará el tema de los medios públicos en la propuesta de ley.