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En una ficha de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) aparece un detenido en Culiacán, Sinaloa, en 1977. La foto es de un joven de 18 años de edad. Su nombre es Carlos Alemán y, según informa la ficha, es miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, una de las guerrillas que en los años 70 enfrentó al gobierno mexicano en un ambiente de polarización política.
Este caso y el de centenares de desaparecidos es estudiado por el historiador Camilo Vicente Ovalle en Tiempo suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980 (Bonilla Artigas Editores, 2019), una reconstrucción de las actividades contrainsurgentes en Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. Con prólogo de Lorenzo Meyer, Tiempo suspendido se basa en testimonios de sobrevivientes, documentos del Archivo General de la Nación y archivos de seguridad estatales que permiten conocer la coordinación entre el Ejército mexicano y la DFS con las policías locales, para la desaparición forzada de miembros de movimientos disidentes y de movimientos guerrilleros como la Liga Comunista 23 de Septiembre y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, dirigida por Lucio Cabañas.
En entrevista, Vicente Ovalle defiende la idea de que la desaparición forzada en ese contexto no fue una práctica improvisada, sino una técnica que también llevó a las instituciones de seguridad a la creación de estructuras clandestinas para su ejecución.
¿Qué generó ese ambiente de polarización política?
Se tiene la idea equivocada que estos movimientos armados que irrumpieron en la década de los 70 surgieron como producto sólo y exclusivamente de la represión estatal en 1968 y 1971 y que a partir de ahí hay una radicalización ideológica. Fueron movimientos insertos en un contexto de radicalización a nivel global. Las condiciones sociales y económicas para el surgimiento de estas insurrecciones se fueron cocinando prácticamente desde décadas atrás. Estos fueron algunos elementos para las insurgencias populares de esos años, que no brotaron solamente de la radicalización ideológica de los jóvenes, como se suele entender.
¿Cuándo surge la estructura gubernamental encaminada a la desaparición forzada?
La desaparición está prácticamente presente en los cuerpos de seguridad nacional, particularmente en el Ejército y algunas policías locales desde los años 30 y 40. Pasó a ser una estrategia de Estado a principios de los años 60 porque los cuerpos de seguridad se percataron de que estaban frente a una insurgencia que se estaba construyendo fuera de los márgenes estatales. Comenzaron a crear grupos de inteligencia dedicados a la investigación y espionaje. La técnica de la desaparición forzada les permitió mantener a una persona fuera de los margenes legales el tiempo suficiente para obtener la información con la que podían mapear las redes de insurgencia.
¿Cuáles son las características de esta burocracia represiva?
Fueron la presencia de una estructura clandestina dentro del propio Estado. Eran cuerpos en los que participaron el Ejército y la policía federal. Se dedicaron exclusivamente a la obtención de información, detención de personal y desarticulación de elementos insurgentes. Otra característica fue la introducción de la desaparición forzada como una técnica. Se le considera una técnica porque se necesitó personal entrenado, en reorganización institucional y de espacios para mantener a las personas desaparecidas. Hacia los años 70, esto vinculó a muchas instituciones, incluyendo el Poder judicial.
¿La desaparición forzada está presente en las actuales actividades del Estado mexicano?
Ya no existe como estrategia de Estado, al menos no podemos afirmarlo tajantemente. Pero sigue existiendo como práctica.
¿Por qué 1974 es el año con mayor número de desapariciones forzadas?
Ese año el estado que aportó el mayor número de desapariciones fue Guerrero. La coyuntura que desató esto fue el secuestro del senador Rubén Fiueroa Figueroa, un acto que el gobierno no podía pasar por alto y porque ya habían existido en años anteriores secuestros muy importantes. Por las características de la guerrilla en Guerrero, los cuerpos de seguridad dejaron de ver a la población como el contexto de la insurgencia para verla como la fuente de la insurgencia. La población pasó a ser también un objetivo militar.
¿El contexto de violencia actual influye en las decisiones sobre el asunto de los desaparecidos?
Sí. Políticamente el problema que este gobierno debe resolver es la violencia actual. La resolución de los casos del pasado es una deuda moral y de justicia.
