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Tras cinco años de clausurar la consulta directa al fondo documental de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), el Archivo General de la Nación (AGN) anunció que ayer reabrió el acceso a este acervo. Sin embargo, el servicio se dio de forma limitada: mientras unos investigadores pudieron consultar algunos documentos originales, a otros sólo se les permitió la revisión a la colección de más de 2 mil versiones públicas sin testado.
Esta medida se dio después que el pasado 30 de enero, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el AGN emitieran una declaratoria de información de interés público a los documentos que conforman los acervos de la DFS y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (conocido como IPS), ambas entidades dependientes de la Secretaría de Gobernación.
La apertura que ayer se anunció no fue una iniciativa de las autoridades del AGN propiamente, se dio gracias a la exigencia de un colectivo de investigadores que se manifestó debido a que las restricciones de acceso a los fondos transferidos de las agencias de inteligencia se estaban recrudeciendo.
A la par de la apertura, a la cual se convocó a los medios de comunicación, se manifestó el colectivo integrado por investigadores de instituciones como la UNAM, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y El Colegio de México, entre otras.
Los investigadores realizaron un pronunciamiento a favor de la anunciada reapertura, además exigieron una política pública de Memoria, Justicia y Verdad que permita a las víctimas de la violencia de Estado ejercida en contra de movimientos sociales y políticos de los años 60, 70 y 80 garantizar su derecho a la justicia.
A la protesta denominada “¡Archivos, Memoria y Justicia, ya!” acudieron exlíderes del movimiento estudiantil de 1968, exguerrilleros, familiares de víctimas de desaparición forzada, así como un grupo de usuarios del Archivo General de la Nación.
En un primer momento, los elementos de vigilancia del AGN les negaron el acceso a las instalaciones; sin embargo, ante la presión de los manifestantes, el cuerpo de seguridad les permitió la entrada.
Los fondos documentales de las extintas DFS e IPS resguardan la memoria de los servicios de inteligencia del Estado mexicano.
Con información de estos acervos, historiadores, sociólogos, antropólogos y periodistas, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la extinta Fiscalía Especial Para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) han documentado espionaje y detenciones arbitrarias.
Dada la importancia del contenido de ambos fondos documentales, en la protesta también hicieron énfasis en la falta de claridad en las políticas implementadas por la administración que dirige Carlos Enrique Ruiz Abreu.
“Si las políticas de consulta no son claras para estos fondos que ya estaban, tenemos la suspicacia de que tampoco vayan a ser claras para lo que sigue. Ya tenemos más de un año de este gobierno y la política archivística tiene que ir de la mano de políticas de memoria, justicia y verdad; no puede ser que se vea sólo como si se tratara de una cuestión administrativa de fondos documentales para investigaciones históricas o periodísticas”.
Además, Ruiz Abreu se ha referido a los fondos documentales como uno mismo: “Dicen que la información contenida no tiene herramientas de consulta y otras cosas que la gente que hemos tenido la experiencia de consultar esos fondos, sabemos que no es cierto”, señaló Pérez.
Al final del día, el AGN informó que en el primer día de consulta “irrestricta”, 18 ciudadanos revisaron esos documentos y 49 legajos.
