Tras publicar "El tejido social rasgado" en 2022, donde el antropólogo social Claudio Lomnitz analiza los orígenes y naturaleza de los cambios económicos, sociales y políticos que están en la raíz de la violencia en México, ahora, el historiador e integrante de El Colegio Nacional reúne en Para una teología política del crimen organizado (El Colegio Nacional/Era), siete textos de siete conferencias en las que indaga en el significado del cambio social que ha experimentado México en los últimos 30 años en la relación entre crimen organizado, Estado y ciudadanía.
El profesor de la Universidad de Columbia analiza el campo espiritual que ha florecido en torno a las organizaciones delictivas mexicanas por la incapacidad del Estado de administrar justicia. Un análisis que continuará a partir del 6 y 7 de febrero, con un tercer ciclo sobre un estudio de caso: el análisis de contexto de desapariciones en el estado de Zacatecas, y que será el tercer y último libro de esta colección.
¿El Estado es incapaz de administrar justicia?
Eso es lo primero que tenemos que aceptar como sociedad, que no tenemos un Estado capaz realmente de administrar la justicia y que necesitamos un Estado que sea capaz de administrarla ante una economía grande que es ilícita, hay que ver que hay qué hacer con todo, son ese tipo de preguntas que desgraciadamente ningún gobierno ha querido hacer porque para hacer eso necesitas generar un gran consenso en la sociedad, enseñarle a la sociedad el costo de la falta de justicia, y necesitan invertir, tanto dinero como esfuerzo humano.
¿Cómo entender la tríada de la que habla: Estado, ciudadanía, narcotráfico?
Parte de la complicación en el discurso político contemporáneo es quienes están o no están siendo incluidos en la imagen de pueblo o de sociedad. En la época en que Felipe Calderón hizo su declaratoria de guerra contra el crimen organizado, el crimen organizado era visto como algo que estaba afuera del pueblo. En el gobierno actual se ha insistido mucho más en su pertenencia a la sociedad, la idea de los abrazos no balazos es reconocerlos como miembros del pueblo, pero al mismo tiempo no dan una manera de procesar legalmente el delito. Son dos lados de una misma moneda, no se ha podido trascender el tema de que tienes una economía ilícita grande y no tienen una manera de procesar eso legalmente.
¿Se avanza al integrarlos, pero no en juzgarlos?
No hay realmente una política ni de prevención eficaz, ni mucho menos de justicia cuando ya ha habido una violación a los derechos de una persona, cuando han desaparecido a alguien, cuando han asesinado a alguien, cuando han violado a alguien, cuando han robado a alguien. Esa atención sobre si está o no la gente en la sociedad en cierto modo ha tapado el hecho de que el Estado mexicano no tiene una capacidad, actualmente, de procesar judicialmente esa economía.
¿Cuál es la propuesta?
Ha sido muy interesante ver lo lenta que ha sido la sociedad mexicana incluso para legalizar la marihuana. La sociedad no ha querido legalizar las drogas, los gobiernos no han querido legalizar las drogas, pero las drogas son solo una parte del problema, hoy día esa economía ilícita no es sólo una economía del narcotráfico, veamos el tema del tráfico inmigrantes, el derecho piso, lo que se ha registrado en Acapulco o en Cancún o en la Ciudad de México, son economías muy complejas que no se limitan al narcotráfico, pero aún el narcotráfico no ha sido objeto de análisis.
¿En año electoral vemos mayor incremento de violencia?
Los años electorales se han marcado de violencia, las elecciones intermedias, ni hablar en las elecciones federales, están marcadas por un aumento grande de homicidios y desapariciones, y pienso que este año va a ser especialmente rudo en ese sentido. Creo que hay muchos indicios, la cantidad de eventos que han sucedido en las últimas semanas contra la vida de candidatos a la presidencia municipal en varios estados del país, pero también muchos otros de los eventos violentos que están ocurriendo dentro de un marco electoral.
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¿Y afecta a toda la sociedad?
El efecto de todo esto es que se empobrece la oferta política y eso lo hemos visto mucho en México, una baja calidad de la clase política, porque o bien tienen que pactar con el crimen organizado o bien tienen temor a ser perseguidos, ¿cuántos jefes de seguridad han si do asesinados o amenazados?, esto ya afectó y está afectando la oferta política misma. Mucha gente no está dispuesta a entrarle o está dispuesto a entrarle porque es el candidato de ellos o tiene un arreglo.
¿Ve en los candidatos a la presidencia plan de seguridad?
Tengo la impresión de que ha habido insuficiente análisis de parte de los partidos, que mucho del análisis que ha habido no es muy sofisticado, no está muy nutrido por todos los estudios que hay, que son insuficientes, pero los hay. Y no está muy claro cómo recomponer el papel de las Fuerzas Armadas en, no sé si llamarlo la pacificación, la recomposición de la sociedad, que la seguridad sea un bien público. Hay una privatización de la seguridad, eso es lo que es el derecho de piso, el derecho piso es ‘si tú me pagas a mí una cuota no te va a pasar nada’, es una privatización de la seguridad, se supone que el Estado garantiza la seguridad y el Estado ya no la garantiza, ¿cómo recuperar la seguridad?, pasa por las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas han recibido enormes cantidades de recursos, pero no han tenido un papel nada eficaz en moderar todo este proceso. ¿Cómo están pensando esto las candidatas?, no lo sé, me imagino que lo estarán pensando, porque es posiblemente el mayor tema público que hay en México.
¿Se necesita una nueva conquista espiritual para salir?
El de la conquista espiritual o civilizatoria es otro fantasma. Es una pregunta interesante para la sociedad, no para mí como investigador. Me dedico a ver, describir y analizar lo que hay con la esperanza de que surjan movimientos sociales y personas y colectivos que sean capaces de imaginar salidas.