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La International Publishers Association o Unión Internacional de Editores (UIE, por sus siglas en español) ha expresado su apoyo y solidaridad a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) en su lucha por los derechos de las editoriales educativas en México, señala en comunicado difundido por la Caniem.
Kristenn Einarsson, presidenta del Comité de Libertad de Edición de la UIE expresó: "La IPA apoya firmemente a nuestros colegas mexicanos. Esta decisión del gobierno mexicano se percibe como un ataque a la libertad de publicación y va en contra de las mejores prácticas internacionales establecidas en el suministro de libros de texto. Instamos a las autoridades mexicanas a reconsiderar su decisión".
Su declaración se produce en medio de la controversia surgida después de que el gobierno federal derogara las normas oficiales para la selección, adquisición y distribución de textos educativos de secundaria.
Y es que la medida gubernamental ha sido cuestionada tanto a nivel nacional como internacional y ha desencadenado la preocupación global de la comunidad editorial. Stephan de Valk, presidente del Foro de Editores Educativos de la IPA, dijo que "la nacionalización de la edición de libros de texto restringe las opciones de profesores y alumnos y da como resultado materiales de menor calidad. Esto solo puede tener consecuencias negativas para el país".
Hugo Setzer, presidente de la Caniem, destacó la ilegalidad de la cancelación de estas normas y sus efectos perjudiciales: "La cancelación de este reglamento fue ilegal y arbitraria, e impidió a las editoriales participar en la publicación de libros de texto para secundaria, perjudicando a millones de estudiantes y maestros mexicanos."
Esta medida del gobierno mexicano forma parte de un patrón inquietante de restricciones impuestas a las editoriales educativas en América Latina señala la Caniem en el comunicado.
Cita el caso reciente del gobierno de São Paulo, que intentó retirarse del Programa Nacional de Libros de Texto y convertirse en el único proveedor de materiales educativos de 5º a 12º grado. Sin embargo, una orden judicial del Tribunal de Justicia de São Paulo revocó esta decisión, generando alivio entre estudiantes, educadores y editores.
Asimismo, refiere la situación de la Asociación de la Industria Editorial de la República Dominicana, que ha expresado su preocupación por la iniciativa de su gobierno federal de nacionalizar la producción de libros de texto, comenzando por la aprobación por parte del gobierno de 79 libros de texto creados por el estado, sin atender a las normativas establecidas y suscitando preocupaciones sobre su calidad.
Es así que la controversia que rodea la derogación de las normas educativas continuará siendo un tema importante en el ámbito educativo y editorial en los próximos meses.
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