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José Antonio Caballero, profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien había sido designado por el Consejo Académico del CIDE para ser observador en la reunión del Consejo Directivo de ayer, pero cuya presencia no se permitió, dijo que la última parte del proceso de designación de director del CIDE estuvo muy desaseada: “Creo que tiene una responsabilidad directa la directora del Conacyt”.
Caballero hizo un recuento de por qué describe como “desaseo” lo ocurrido: “Primero, conforme al estatuto, ella (la directora del Conacyt) tiene la posibilidad de designar al director, pero el proceso tiene que ser formalizado ante el Órgano de Gobierno y ella omitió este paso. El órgano no votó la formalización, cuando es un requisito indispensable. Esto es un problema muy concreto que le acarrea a la directora del Conacyt una responsabilidad administrativa. Vamos a ver si el Órgano Interno del Conacyt es tan celoso en este caso como lo fue con los 31 investigadores acusados hasta de delincuencia organizada por presuntas faltas administrativas.
“Segunda, en el proceso y en la integración del Órgano de gobierno, que depende de ella directamente, puede haber conflictos de interés dadas las cercanías que tienen con uno de los candidatos: Romero Tellaeche.
“Tercero, cuando Álvarez-Buylla hace una reseña del proceso, sostiene que fue llevado conforme a la normatividad. Y el primer problema es que yo soy observador designado por el Consejo Académico y a mí nadie me invitó a la sesión. Probablemente le dio miedo tenerme ahí porque no es tolerante a las voces críticas, puedo participar con voz, pero sin voto, así que implícitamente en esto hay un acto de censura. Y me parece que de nuevo hay una cuestión para denunciarla ante el Órgano Interno del Conacyt y esperar a que ante la violación administrativa tome cartas en el asunto con el mismo rigor que aplicó con los 31 científicos.
“Distintas voces nos hacen considerar que, efectivamente, no se produjo la votación en los términos del estatuto”, por lo que dijo, puede haber impugnación. “Y no descarto las responsabilidades administrativas de Álvarez- Buylla”.
