José Antonio Romero Tellaeche fue destituido de su cargo como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Lucero Ibarra Rojas, profesora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, fue nombrada directora interina por Ruiz, según se dio a conocer ayer en un oficio que circuló en redes sociales.
“En mi calidad de titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, le comunico que he tenido a bien designarla, a partir de esta fecha, como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C”, se puede leer en el oficio.
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En redes, la comunidad del CIDE celebró la noticia de la destitución de Romero Tellache, quien, a lo largo de su gestión, enfrentó una serie de polémicas, desde plagio académico en dos trabajos de su autoría, así como su designación irregular que llevó a una huelga estuidantil, manifestaciones y cierre de vailidades, al frente del centro de estudios, provocó una fuerte crisis y dejó ver el autoritarismo con el que operó el entonces Consejo Nacional de Ciencias y Humanidades a cargo de María Elena Álvarez-Buylla.
Romero Tellaeche, economista de formación y director del CIDE desde 2021, acalló las voces que criticaron su nombramiento y gestión. Fue señalado de acoso laboral y hostigamiento, especialmente a mujeres que levantaron la voz. También fue acusado por la propia comunidad del CIDE de desmantelar una de las instituciones académicas más reconocidas del país y provocar un éxodo de investigadores y profesores. Desde su llegada impuso su ley, modificó los estatutos, cerró programas académicos.
Catherine Andrews, investigadora y una de las voces que Romero Tellaeche intentó silenciar, dijo a EL UNIVERSAL que en el CIDE profesores y estudiantes brincaron de gusto al conocer la noticia. “Estamos felices, como desde hace mucho no estábamos, por la destitución de Romero Tellaeche, y por el nombramiento de la Dra. Lucero Ibarra. Es oficial”.
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Francisco Cabrera, también profesor-investigador del CIDE, escribió en redes sociales que Romero Tellaeche se negaba a dejar su oficina. “Acaban de despedir a Romero Tellaeche como Director del CIDE. Lo decadente es que éste se niega a dejar la oficina”, escribió.
Romero desacata instrucción
Minutos después de que se diera a conocer su destitución y el nombramiento de Lucero Ibarra como directora interina, Romero Tellaeche dirigió un mensaje a los miembros del Consejo de Gobierno del CIDE y alegó que su remoción debe llevarse a cabo con reglas expresas y lejos de “decisiones informales o acuerdos políticos”.
“En particular, la legislación vigente establece que la remoción anticipada de la persona titular de la Dirección General únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando en todo momento el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia y mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno debidamente convocada con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva”, se puede leer en el oficio titulado “Sobre la titularidad de la dirección del CIDE”.
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De acuerdo con Romero Tellaeche, el procedimiento para su remoción no se ha realizado siguiendo los lineamientos vigentes del CIDE, por lo que “conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado”, señaló en un documento firmado por él.
La comunidad del CIDE ha manifestado que Romero Tellaeche quiere “aferrarse” al puesto de director del CIDE, y califican de gran ironía que a su llegada pisó los estatutos y reformó las normativas para justificar su permanencia y ahora apela a esos estatutos para mantenerse en el puesto.
Catherine Andrews apunta que la destitución de Romero Tellaeche se fundamenta en el Artículo 95 de la Ley General den Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que señala: “...las personas titulares de las Direcciones Generales o equivalentes podrán ser removidas por la persona titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector que corresponda”. La Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023 y que entró en vigor al día siguiente, derogó “todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley”, es decir, aquellos estatutos que esgrime Romero Tellaeche para mantenerse en el cargo.

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Por su parte, el Sindicato del Personal Académico del CIDE emitió un comunicado donde reconoció a Lucero Ibarra Rojas como directora General Interina del CIDE.
“Extendemos nuestro reconocimiento al nombramiento que, en ejercicio de sus atribuciones, ha emitido la secretaria doctora Rosaura Ruiz; deseamos a la doctora Lucero Ibarra el mejor de los éxitos en su gestión y le expresamos nuestra disposición para trabajar en el fortalecimiento de nuestra institución”, indica el documento.
Carlos Bravo Regidor, quien fuera coordinador del programa de Periodismo del CIDE hasta 2022, dijo a este diario que la insistencia de Romero Tellaeche por quedarse no trascenderá, pues una gran parte de la comunidad cideíta lo repudia.
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“En general, parece no haber condiciones para que Romero se quede. La comunidad, en su inmensa mayoría lo repudia, y creo que él se está un poco como aferrando y no aceptando lo inevitable; en ese sentido, la secretaria (Rosaura Ruiz) tiene la ley de su lado”, señaló.
Bravo Regidor, quien salió del CIDE meses antes de que Romero Tellaeche y su gente decidieran cancelar el programa de Periodismo, señala que la decisión de Rosaura Ruiz por colocar al frente del Centro a una persona cercana a la comunidad es un gran acierto.
“Ella es una candidata que tiene el apoyo de la comunidad, algo que no tiene Romero, y que pertenece a la comunidad. Con Romero siempre se ha tenido una relación como de extrañamiento, de exterioridad a la comunidad, porque él nunca ha pertenecido a ella, él fue una imposición externa. Me parece que es una candidata de unidad en toda la comunidad, para ya salir del bache que ha representado la gestión de Romero”, agregó.
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Demanda sigue su curso
Romero Tellaeche usó su poder como funcionario para iniciar una demanda judicial por daño moral contra Catherine Andrews y contra EL UNIVERSAL.
El 20 de noviembre pasado, Andrews fue notificada de la demanda por daño moral en su contra, interpuesta desde el ámbito judicial, y no institucional interno, por Romero Tellaeche a razón de que Andrews lo había denunciado en junio 2022, por el delito de plagio académico cometido contra el economista indio y Premio Nobel de Economía 1998, Amartya Sen. Plagio académico que fue demostrado, comprobado y dictaminado por un comité, pero sin que Romero Tellaeche fuera sancionado.
Esta casa editorial, quien hizo la cobertura periodística de las denuncias de plagio realizadas por la doctora Catherine Andrews, fue demandado también.
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El 27 de noviembre, tras la publicación de un reportaje en este diario, la Secretaría de Ciencia, en un comunicado conjunto con el CIDE, informó que Tellaeche retiraría la demanda, pero esto no sucedió, ya que Andrews reveló que el procedimiento judicial sigue y el 3 de febrero tendrá una audiencia preliminar, lo que no le impide manifestar su felicidad por la destitución de Romero Tellaeche y la llegada de Lucero Ibarra.
Lucero Ibarra es la directora interina del Centro Público
La investigadora Lucero Ibarra Rojas fue designada como directora interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en sustitución de José Antonio Romero Tellaeche.
Profesora-Investigadora Titular y directora de la División de Estudios Jurídicos del propio CIDE, Ibarra Rojas cuenta con una trayectoria que combina el derecho con las ciencias sociales.

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Su formación académica incluye una licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una maestría en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España, y un doctorado en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán, credenciales que la han consolidado como integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Es fundadora de la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe, así como integrante del Colectivo Emancipaciones de Estudios Críticos del Derecho, en donde ha centrado gran parte de su labor en entender cómo el derecho interactúa con los movimientos sociales y los procesos de resistencia.
Sus investigaciones han explorado también el constitucionalismo intercultural y el autogobierno de los pueblos indígenas. Algunas de sus publicaciones abordan temas que van desde el análisis de las políticas culturales y los derechos colectivos hasta la movilización feminista y la participación de las mujeres en las facultades de Derecho.
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