La piratería de libros en México ha crecido y se encuentra en una situación alarmante. Cifras estimadas por el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro) señalan que en este sexenio la piratería de libros en papel aumentó casi 10%, y la piratería digital —impulsada por las tecnologías contemporáneas— tuvo un aumento de 12%. Lo que significa en números llanos que “iniciamos un sexenio en el cual cuatro de cada 10 libros que se leían en México eran piratas, y ahora son cinco de cada 10. Y en temporada escolar ese porcentaje aumenta”, asegura Quetzalli de la Concha, vicepresidenta y consejera legal de CeMPro.
La abogada especialista en derecho de autor reconoce que el balance de la piratería en este 2024 “lamentablemente está en rojo y es sumamente negativo”. Asegura que en 2017, última vez que se analizó el valor económico de la venta de piratería de contenidos de entretenimiento, donde están los libros, el cálculo era de más de 15 mil millones de pesos que las redes de piratería estaban percibiendo. Dice que, si el porcentaje de piratería física se incrementó en 10%, también las ganancias de la delincuencia.
Califica de “exorbitado” el crecimiento que ha tenido la piratería de consumibles como tabaco, alcohol y, mucho más preocupante, de medicamentos. Crecimiento del que no han quedado fuera los libros y para el que no se hizo un solo operativo y sus llamados a hacerlos tampoco tuvieron eco en la Fiscalía Especializada de Delitos Especiales, ni a nivel federal ni tampoco a nivel Ciudad de México, urbe que sigue siendo el gran mercado pirata.
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“En este sexenio se suspendieron todos los operativos. No hubo un solo operativo en vía pública para poder contener el problema de la venta de piratería, de hecho, no sólo por la cuestión de libros, pero vimos con mucha preocupación que, material que en el sexenio previo había sido asegurado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, se decidió repartir entre la población, y estamos hablando de que se pensaría ¿qué de malo puede tener un sartén pirata o un volteador de cocina o una cuchara de cocina pirata?, pues que justo las empresas que legítimamente hacen ese tipo de artículos trabajan bajo las directrices nacionales e internacionales de seguridad, de salud, de manejo de plástico, de metales, de erradicación de plomos, y eso por supuesto al pirata le tiene sin cuidado”, afirma De la Concha.
La situación la lleva a señalar: “No hay buenas noticias, al contrario, estamos muy preocupados desde el mundo de los libros y autores”.
Señala que los recortes y la austeridad han cancelado los estudios desde instituciones públicas e incluso han adelgazado o desaparecido áreas de investigación especializada en delitos de propiedad intelectual. El último estudio sobre piratería es de 2021, hecho por el Observatorio Nacional Ciudadano, e incluso, todavía en 2022 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizó estudios y encuestas, sin embargo, con la austeridad se cortaron los presupuestos y no han tenido actualización en los últimos dos años.
“El último análisis que hicimos en cuestión económica fue a través del CIDE en un estudio que se publicó en 2020, y lo que vimos fue un decrecimiento generalizado de las industrias culturales.
Observamos que en la última década, por ejemplo, las industrias de contenidos, donde están audio, video y por supuesto libros, la aportación de Producto Interno Bruto bajó: estábamos en 8% y bajamos a 6%”, afirma la abogada, quien agrega que a esto se suma que en la industria editorial ha habido un decrecimiento de casi 30% en su tamaño, por todas las editoriales que se han visto obligadas a cerrar.
La abogada señala que la Unidad Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual fue adelgazada, en lo referente al personal y a los recursos, “paso a ser ya solo el recuerdo de lo que era una unidad que en especial atendía este tipo de delitos. También se nos negó todo el tiempo el apoyo de Seguridad Pública para operativos que queríamos organizar desde la propia industria”, recuerda.
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Y sin el apoyo de seguridad pública no se pueden realizar los operativos. “Estamos hablando de que son delincuentes y que la reacción es violenta cuando hay este tipo de aseguramientos”.
No ha habido participación de seguridad pública ni de ninguna de las instituciones de la fuerza pública, a pesar de denuncias públicas y de cartas que enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo único que consiguieron fue apoyo para organizar reuniones institucionales porque desde Memoria Histórica, que dependía del Ejecutivo, y que tenía a su cargo la Estrategia Nacional de Lectura, reconocieron que la piratería de libros era un tema a tratar.
“Una cosa está ligada a la otra. Si tenemos autores y editoriales que se están siendo mermados por la delincuencia organizada con este negocio ilícito de los piratas, pues eso lleva a que haya menor producción de contenidos y menos producción literaria nacional; y aunque se integró como uno de los temas a tratar en la Estrategia Nacional de Lectura, no tuvimos eco por parte de las autoridades en materia de seguridad. Nunca se pudieron concretar esas voluntades en acciones o en operativos y eso nos llevó a un escenario que ahorita es bastante catastrófico en piratería física”, afirma Quetzalli de la Concha.
Víctimas de la pandemia y también del crimen organizado
En 2020, con la pandemia por Covid-19, uno de los sectores afectados fueron las librerías, que permanecieron cerradas porque no eran consideradas de primera necesidad; entonces “los piratas vendían los libros piratas en la calle y en la temporada escolar todos los piratas salieron a vender mientras a los libreros y las editoriales les prohibieron comercializar de manera normal y regular sus libros y sus contenidos. Eso también reforzó el poder económico de estas redes de delincuencia organizada que producen esta piratería”, afirma Quetzalli de la Concha.
Aun más, grave, agrega, es que en 2021 observaron la vinculación con los carteles de delincuencia organizada que se han diversificado, entre la extorsión a los comerciantes e incluso al comercio ambulante, a través del derecho de piso.
“Por supuesto la piratería es parte de sus nichos de negocio y el Observatorio Nacional Ciudadano de hecho mapeó qué cárceles están vinculados con qué zonas en cuanto a producción de piratería y por supuesto encontramos a Jalisco Nueva Generación; en el norte están a la cabeza el cartel de Sinaloa; finalmente la piratería es una gran lavadora de dinero y es una forma de poner a circular este dinero ilegal y si lo ponen a circular en una economía informal a ellos les viene perfecto porque ellos funcionan en esa irregularidad”, afirma De la Concha.
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La abogada apunta una producción altísima en todo tipo de contenidos, contenidos educativos, contenidos de interés general, y dice que es necesario entender que a quien vemos vendiendo el material pirata en un tianguis o en la vía pública no es quien lo produce. Y se produce a altísima escala.
“Te estoy hablando de que hemos tenido hallazgos de bodegas o de imprentas clandestinas que hacen en un par de días tirajes de 20 mil ejemplares para poner a circular alguna novedad de interés general. Estimamos que por ejemplo en libros de educación básica, en libros para aprender a leer, más o menos están teniendo una producción anual de arriba de 200 mil ejemplares que distribuyen por todo el país; lo cual, afecta en mucho sentidos”, destaca la abogada.
Habla también de la extorsión a la industria. “Lo hemos visto principalmente con distribuidores, con libreros, de hecho en alguna ocasión con libreros tuvimos reuniones para hablar sobre el tema porque la distribución de piratería ya no sólo es en vía pública, también es en algunos establecimientos y nos comentaban que habían visto casos, principalmente en la zona de Bajío, en donde quienes habían denunciado que en algún otro local se vendía piratería habían sufrido consecuencias, desde amenazas hasta que les hayan incendiado sus establecimientos. Ahí lamentablemente se ve clara la radiografía de qué tan metida está la delincuencia organizada, en querer además ahora defender sus espacios de venta”.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Hugo Setzer reconoce que desde CeMPro los editores hacen lo que pueden, gestionar algunos de los operativos, pero les preocupa “de pronto poder estar afectando grupos del crimen organizado, que son más potentes, porque no es lo mismo el chalancito que saca copias, a que sea un tentáculo del crimen organizado, esa preocupación la tenemos desde hace tiempo”.
Sin, embargo, dice no tener elementos concretos ni más formales para pensar que la delincuencia organizada está. “La verdad es que tampoco tengo denuncias o conocimiento de extorsión en ese sentido”. Lo que reconoce es que “todos nuestros afiliados han recibido algún tipo de llamada de extorsión, que terminan siendo nada más eso, pero eso no (es) relacionado con la piratería”. Eso los ha llevado a organizar este año conferencias de gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. “No tengo elementos muy concretos. Tenemos la sospecha, desde hace mucho, de que sí, pero no tengo los elementos concretos en este momento”.
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Alentar la delincuencia
Los libros son un mercado que interesa a la delincuencia, porque piratean a una industria completa, que es la industria editorial. “Si lo que hacen es robarse la mitad del mercado, es la mitad del mercado de una industria nacional, lo cual sí representa números importantes para los piratas”, asegura Quetzalli de la Concha, quien ha emprendido desde el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor una campaña de concientización entre los ciudadanos porque si dejan de comprar pirata deja de ser un negocio para la delincuencia.
“El mercado ilegal tiene una fuerza que ya va mucho más allá de nosotros o de cómo nos podamos organizar como industria; sólo queda la participación de la ciudadanía, que es fundamental. Si se lograra que hubiera una reacción social en donde tuviéramos claridad de que hay una regla fundamental y es que en el comercio informal nunca se venden ejemplares originales. Una acción muy simple, pero de alto impacto es, no comprar libros en el comercio informal. El delincuente lo que quiere es negocio y si algo deja de ser negocio, pues le dejará de interesar y dejará de poner tanto empeño y tantas fuerzas en ello”, señala De la Concha.
La abogada concluye con un llamado a la presidenta electa del país, desde la gestión colectiva de los libros y de los autores, “que nuevamente nos consideren como un tema importante, como un sector que debe de ser atendido y que también merece contar con una garantía de seguridad pública, de apoyo de las autoridades y, sin duda, el pensar en que existe la posibilidad de retomar los operativos para contener el crecimiento de esta piratería rampante. Eso, sí sería fundamental en la siguiente administración”.
