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Entre sorpresas y no tanto, termina un proceso electoral más en México e inicia un nuevo ciclo político que se vislumbra como continuidad de propuestas y consolidación de otras. En ese contexto tenemos que preocuparnos por las herencias bioculturales del país y preguntarnos si llegará en este segundo piso la transformación a la arqueología mexicana con cambios necesarios.
Como alguna vez lo vivimos en 2018, estamos en un momento coyuntural. Cada que hay un cambio de gestión se despierta la esperanza de nuevo rumbo en el sector cultural donde se arrastra un rezago histórico que pasa por lo presupuestal, lo estratégico, lo político y lo sistemático. En vista de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, plantea continuidad de trabajo, debemos ver resultados y políticas aplicadas durante la gestión saliente y que problemas se heredaron en la arqueología mexicana.
La arqueología fue un tema constante de discusión y comentario público, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo una relación directa con esta ciencia social, pues la agenda pública se llenó de menciones, usos simbólicos y de proyectos con requisitos técnicos. Sin embargo, pareció que no existieron criterios homogéneos y en ocasiones no se cumplían condiciones básicas de trabajo para la conclusión adecuada de proyectos insignes. Ya se ha mencionado en otras reflexiones que el Talón de Aquiles de la arqueología mexicana es la planeación y la claridad de criterios de trabajo.
Los ejes de trabajo en el sexenio fueron los salvamentos y el rescate arqueológico en megaproyectos donde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya fueron los más visibles. Los salvamentos y rescate arqueológicos son una forma de trabajo que revisan la no afectación de elementos paleontológicos, arqueológicos, históricos o artísticos y son ejecutados y sancionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se siguió la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Norma para la Investigación Arqueológica en México que dicta que se deben hacer investigaciones previas a las obras y una supervisión constante. Pero en el caso de estos megaproyectos no dejaron de sorprender múltiples irregularidades y la crítica constante en la planificación, ejecución, tiempos y manejo de recursos que generaron choques en la opinión pública y de manera interna en el INAH con grupos disidentes. Resalta además la construcción de infraestructura nueva: centros de investigación, de atención al público y museos; planteamiento ambicioso que debe ser respaldado con recursos financieros y humanos.
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Preocupante fue la aparición de “arqueólogos militares”, que apoyaban y agilizaban las obras y que actuaron con la capacitación directa de la institución protectora del patrimonio. Su presencia podría generar conflictos de jurisdicción o directamente contravenir la legislación vigente que indica quién y cómo se debe ejecutar los quehaceres de investigación arqueológica. Los resultados y esa discusión, lamentablemente, quedarán pendiente al menos hasta que se libere la información en su reserva por seguridad nacional.
Otro tema dominante fue el combate frontal que emprendió el gobierno mexicano contra las subastas de piezas arqueológicas en el extranjero. El tema comenzó desde el 2019 y se intensificó en 2022 con la campaña mediática #MiPatrimonioNoSeVende. Aunque hay casos de gran éxito, como el retorno del Monumento 9 de Chalcatzingo, también quedan cabos sueltos. Sólo por mencionar un pendiente, el crecimiento del mercado negro de objetos patrimoniales se aceleró mediante plataformas digitales.
Paralelamente hay que considerar el tremendo golpe y parálisis que causó el confinamiento de la pandemia de Covid-19 entre 2020 y 2022. Muchos proyectos de investigación y museos se detuvieron y reviraron a la generación de contenido digital en el marco del plan Contigo a la Distancia. Este periodo dejó aprendizajes valiosos en términos de estrategia digital que puede reutilizarse.
Una oportunidad de cambio sucedió en 2021, pues se contempló reformar y actualizar los Lineamientos para la investigación arqueológica en México que regulan los protocolos, conductas y planeación de proyectos en el país. Era necesario, pero terminó en un fiasco criticado de manera casi unánime en la comunidad arqueológica por su postura cerrada, restrictiva, punitiva y sin armonía jurídica entre otras normas académicas y leyes federales y generales.
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La impopularidad de los nuevos lineamientos resultó en la anulación inmediata de los mismos, regresando a la norma aplicable de 2017. En 2024 llegó una actualizaron con una visión más conciliadora sin tocar el fondo de la norma y, quizá, dejando para después una transformación que haga más explícita la sistematización de toda la información derivada de las investigaciones del INAH.
El 2023 fue importantísimo para memoria de la arqueología mexicana debido a la formalización y establecimiento del Archivo Nacional de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología. No es tema menor tener en mente este archivo, se trata del repositorio institucional más grande del país en el que se contienen los resultados escritos y gráficos de las investigaciones e intervenciones de las herencias culturales y que sirven como un registro. Detrás de este logro se asomaba una mala gestión del acervo documental con disputas personales, cambios de sede, espacios inadecuados y una política de revisión poco clara. El Archivo Nacional de Arqueología puede ser un faro de luz en la rendición de cuentas.
Otro tema emergente y urgente es la inseguridad que afecta el desarrollo de investigación y que ha llegado a atentar contra el personal de estructura y eventual del INAH. Este año circuló información en el sur del país, pero la realidad es que la influencia de grupos de la delincuencia organizada ha dejado secuelas desde 2006 en varios estados de la república y seguramente dará más noticias.
La última gran crisis que tiene la arqueología mexicana es social. En términos internos el gremio arqueológico se autoconsume en corrupción intelectual, que forman círculos viciosos de plagio, negación de créditos y querellas por las pocas plazas existentes. Finalmente, la percepción y opinión pública se ha visto erosionada por controversias y posicionamientos criticables. El impacto social es importante para la proyección de esta ciencia social en la siguiente administración y no debe dejarse de lado.
La arqueología mexicana necesita una restructuración a profundidad considerando que no sólo se trata únicamente de un tema presupuestal sino de los principios en los que va actuar. No se puede seguir trabajando bajo la noción de mantener y abrir sitios arqueológicos como núcleos turísticos sin una inversión adecuada ni el despliegue de un vínculo correcto con la sociedad interesada en el pasado y con la que se tiene una deuda histórica de acceso a la cultura y al derecho humano de la memoria.
Tampoco se debe perder de vista las condiciones laborales que están hundiendo a un INAH sin recambio generacional, de visión o de estructura. Así como atender problemas institucionales, académicos y hasta sociales para quitarle la percepción de estática o de paquidermo reumático.
Se debe reconocer que gran parte de la arqueología que se hace en el país es preventiva y que está asociada a infraestructura pública y privada y bajo esa premisa se pueden reformar campos de acción, estrategias y percepciones.
Mientras tanto, pondremos mucha atención a las asignaciones sectoriales e institucionales. Nos tocará observar y promover conversaciones con quien pueda dirigir los quehaceres del estudio de las huellas del ser humano en México en el segundo piso de la transformación, porque hay muchos pendientes y antecedentes que juegan un papel fundamental en la valoración de las siguientes acciones.
Queda la pregunta: ¿será el momento de una anhelada transformación?
