En un país atravesado por desigualdades, violencia y disputas sobre el sentido del pasado, el mayor reto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no es únicamente conservar la memoria, sino hacerla socialmente habitable, plural y políticamente viva. A 87 años de su creación por mandato presidencial, esta institución encarna una historia de claroscuros en la gestión cultural mexicana: una trayectoria marcada por logros monumentales y, al mismo tiempo, por tensiones estructurales que han acompañado su desarrollo desde el origen.
Fundado en 1939, en el contexto del proyecto cardenista de Estado social, el INAH nació como una apuesta estratégica: convertir el pasado en un asunto público. La arqueología, la historia y la antropología se integraron como herramientas para construir identidad nacional, cohesión social y legitimidad estatal. Desde entonces, la historia del instituto ha estado profundamente entrelazada con los grandes momentos políticos del país. Durante el desarrollo estabilizador del siglo XX se expandió su infraestructura, se consolidaron grandes proyectos arqueológicos y se impulsó la creación de museos emblemáticos. Tras la crisis de legitimidad posterior a 1968, el instituto inició procesos de descentralización mediante la creación de centros regionales. En décadas recientes ha resistido recortes presupuestales, reconfiguraciones administrativas y presiones derivadas de nuevas agendas culturales. En ese tránsito, la institución ha buscado reorientarse hacia discursos de pluralidad, justicia social y soberanía cultural.
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El INAH ha sido fundamental en la construcción del Estado mexicano. Su papel ha sido decisivo tanto en la conformación de identidades colectivas como en la generación de ingresos derivados del turismo cultural. Sin embargo, su pertinencia política y social ha atravesado múltiples crisis en las últimas décadas, generando cuestionamientos internos y externos sobre su funcionamiento. Resulta significativo que muchas de estas tensiones se repitan desde el origen mismo del instituto, y que uno de los escenarios recurrentes de conflicto sea Oaxaca.
En 1932, el arqueólogo Alfonso Caso descubrió la Tumba 7 de Monte Albán, uno de los hallazgos más espectaculares del siglo XX por la riqueza de sus piezas de oro, cristal de roca y piedras verdes. El gobierno de Oaxaca intentó retener el tesoro promulgando su propia ley de protección patrimonial, lo que derivó en una disputa legal con la Federación. La Suprema Corte resolvió que la jurisdicción sobre los monumentos arqueológicos correspondía al gobierno federal. Esta decisión consolidó la centralización del patrimonio y fue un detonante directo para la creación del INAH en 1939, con el objetivo de evitar nuevas disputas estatales por la propiedad de la historia nacional.
Debates similares continúan vigentes. Casos recientes viralizados en redes sociales han reactivado preguntas fundamentales: ¿cómo se gestionan los hallazgos arqueológicos?, ¿a quién pertenecen los bienes culturales?, ¿por qué la Federación concentra los beneficios de su administración? Estas interrogantes revelan una contradicción de origen: un instituto dedicado a la antropología que, en ocasiones, parece distante de las comunidades que habitan los territorios donde se encuentra el patrimonio.
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La dimensión territorial del problema se vuelve más evidente cuando se observa la relación entre patrimonio y turismo. La tradición centralista del instituto ha generado tensiones con comunidades locales, especialmente cuando la apertura de zonas arqueológicas no se traduce en beneficios tangibles para la población. Sitios emblemáticos como Chichén Itzá, Cobá o Teotihuacan suelen citarse como ejemplos de esta situación: territorios que reciben millones de visitantes al año mientras las comunidades cercanas enfrentan desigualdades persistentes.
La magnitud del trabajo del INAH obliga a dimensionar el desafío. El instituto resguarda más de 110 mil monumentos históricos, 53 mil zonas arqueológicas registradas, alrededor de 200 mil vestigios arqueológicos, casi doscientas zonas abiertas al público y una red de más de 160 museos en todo el país. A ello se suma su papel formativo mediante instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, pilares en la formación de especialistas que sostienen la investigación y conservación del patrimonio mexicano.
Uno de los problemas estructurales más persistentes es el financiamiento. Desde su primer año de vida, Alfonso Caso ya advertía la insuficiencia de recursos. Décadas después, la situación permanece prácticamente intacta. El instituto depende de asignaciones presupuestales rígidas desde la federación que limitan su capacidad de reacción ante emergencias, conservación urgente o nuevos proyectos de investigación. Esta rigidez ha provocado proyectos inacabados, deterioro de infraestructura y dificultades para contratar personal especializado. La paradoja es clara: el patrimonio crece, pero los recursos para atenderlo permanecen limitados. Y no sólo eso, aunque existen récords batidos de visitas y captación de ingresos vía turismo, no hay un reflejo equivalente de retorno de inversión.
A pesar de estas restricciones, el instituto mantiene una actividad intensa. En los últimos años ha atendido más de 160 mil bienes arqueológicos e históricos, restaurado monumentos emblemáticos y puesto en marcha la nueva sede del Archivo Nacional de Arqueología, el más grande de América Latina. Cada año se desarrollan más de 700 proyectos de investigación en antropología, historia, arqueología y paleontología. La labor editorial también es notable: libros, revistas y repositorios digitales reúnen más de 535 000 objetos culturales disponibles en acceso abierto.
Sin embargo, la institución enfrenta desafíos laborales persistentes. Una parte importante de las tareas sustantivas recae en personal eventual que trabaja sin estabilidad ni prestaciones completas. Esta precarización no solo afecta a los trabajadores, sino también a la continuidad de los proyectos científicos y de conservación. La renovación generacional se vuelve difícil cuando las oportunidades laborales son limitadas, lo que provoca la salida de especialistas altamente capacitados del sector cultural.
A los retos históricos se suman desafíos contemporáneos que no existían cuando el instituto fue creado. La investigación en territorios afectados por la violencia del crimen organizado representa un riesgo creciente para especialistas y sitios arqueológicos. Paralelamente, surge la necesidad de democratizar el acceso al conocimiento sin reproducir desigualdades académicas ni relaciones asimétricas con las comunidades.
El aniversario número 87 del INAH invita, por tanto, a una reflexión urgente. Fortalecer la institución implica actualizar su marco legal, armonizar sus tareas con organismos paralelos como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dentro de la Secretaría de Cultura y establecer líneas de trabajo uniformes con otros sectores estratégicos como la Secretaría de Turismo y Educación. Es necesario abrir oportunidades para nuevas generaciones, democratizar la información científica y garantizar recursos acordes con la magnitud de su misión. La protección del pasado no puede depender únicamente de la inercia histórica.
El futuro del patrimonio cultural mexicano depende de decisiones presentes. Hacer de la memoria un espacio vivo, compartido y socialmente justo es el desafío de nuestro tiempo. La pregunta permanece abierta: ¿hasta dónde puede sostenerse la protección del patrimonio nacional sin una transformación profunda de las condiciones estructurales que la hacen posible?
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