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Este junio de 2025 se cumplen 47 años de la primera salida pública de activistas homosexuales, lesbianas y travestis al espacio público de la capital del país para denunciar la violencia policiaca que vivía cotidianamente la diversidad sexual en aquellos días en las calles de nuestra ciudad.
Con los años, se fue haciendo costumbre salir el último sábado de junio en la Marcha del “lésbico-homosexual” para denunciar la violación de derechos, discriminación, odio y crímenes contra gays, lesbianas, bisexuales y personas trans (LGBT). El ritual iniciaba de la Puerta de los Leones, en Chapultepec, para marchar por toda avenida Reforma hasta llegar al Hemiciclo a Juárez, donde se lanzaban consignas y posicionamientos al pie de ese monumento, símbolo de la separación entre lo religioso y lo civil en México.
Fue en 1999 cuando la Marcha llegó al Zócalo de la Ciudad de México exigiéndole respeto de la diversidad sexual a jerarcas religiosos, que fueron muy virulentos cuando se llevó a cabo el Primer Foro LGBT en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, realizado en octubre de 1998, por lo que esa Marcha exigió al Estado mexicano reconociera derechos iguales a lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas trans en el marco del Estado laico.
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Los contingentes que asistían a las movilizaciones de las décadas de 1980 y 90, llevaban consignas específicas, denuncias y exigencias contundentes contra la exclusión social y cultural de quienes no respondían a la norma heterosexual, además del acceso a la salud de las personas impactadas por el VIH.
Las movilizaciones de esos años eran eminentemente políticas porque el odio y la discriminación se vivía de manera común en todos los espacios de convivencia y afectaba en lo personal, de ahí que la decisión comunitaria de finales de los años 70, fue salir al espacio público a exigir libertades que permitieran romper con la opresión y el odio cultural, que también se reflejaba en los periódicos, la televisión y el cine.
La llegada del nuevo milenio vino acompañado de cambios políticos que permitieron a los diferentes movimientos sociales interactuar con el poder legislativo e instancias gubernamentales para visibilizar exigencias a favor de sus derechos.
La izquierda se posicionó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en el gobierno capitalino. A pesar de resistencias y prejuicios de algunos líderes (particularmente del ex presidente López Obrador), se abrió a la participación del activismo de la diversidad sexual para avanzar en sus propuestas libertarias.
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Las organizaciones civiles comenzaron a profesionalizar a sus activistas. Aprendieron a cabildear desde la acción comunitaria. Las marchas del año 2000 y posteriores, comenzaron a rebasar los 50, 100 y 200 mil asistentes, aunque las autoridades siempre veían menos ceros en sus estimaciones. “No somos uno, no somos 100, pinche gobierno cuéntanos bien”, ha sido una consigna constante en las marchas, que con los años obligaron al gobierno a coordinarse con los comités de la Marcha para garantizar la seguridad de los cientos de miles de marchistas LGBTIQ+, que han hecho de esa festividad un acto colectivo, lúdico, carnavalesco y eminentemente político.
En la primera década de este siglo hubo motivo para que esas manifestaciones fueran cada vez más denunciantes, pues vivimos vertiginosamente la lucha por la ley contra la discriminación (2001), las modificaciones del Artículo 1o Constitucional (2001), el Acceso Universal a los antirretrovirales (2003), la lucha durante un lustro por la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia - vetada por AMLO durante cinco años- (2006), la Ley de Identidad de Género (2008), la tipificación de los crímenes de odio por homofobia (2008), el Matrimonio Civil Igualitario con la posibilidad de adopción en parejas del mismo sexo (2009), entre otros avances que se fueron materializando en políticas públicas y leyes secundarias, que a la postre son el basamento que hoy tenemos para seguir exigiendo la progresividad de derechos y políticas públicas incluyentes.
¿Se vende la Marcha?
Esa efervescencia colectiva de cada mes de junio no tardó en ser vista como un espacio de comercialización y lucro político, un propósito contrario a su esencia denunciante que ha permitido el acceso a derechos y libertades para personas LGBTIQ+, no sólo en la Ciudad de México, sino prácticamente en todos los estados del país.
Las multitudes siempre atraen intereses económicos y lucro político. Y las marchas LGBTIQ+ se fueron convirtiendo en un botín para empresas y gobernantes, que más allá de tener (o no) convicciones sobre los derechos de esa población, han visto el escenario sexo-diverso como un posicionamiento en su imagen corporativa o política para posicionar sus marcas o ganar clientelas.
Desde siempre ha habido quienes defendieron la Marcha como un espacio estrictamente ciudadano, de denuncia y permeado de comercialización a través de marcas de bancos, aseguradoras, cerveceras, telefónicas, ropa de grandes corporaciones trasnacionales, y hasta tiendas departamentales, que, a decir del activista y escritor Sergio Téllez Pon, “solo usan el espacio de la Marcha para lucrar sin que necesariamente tengan políticas corporativas de inclusión para con sus propios empleados LGBTIQ+”.
También se ha dado la polémica de que no participen líderes políticos, representantes de gobiernos, ni partidos políticos. A pesar de ello, lo han hecho, particularmente en los últimos años, muchas veces gracias al dinero que “donan” a los comités que organizan el evento más importante del año de la diversidad sexual, sin que haya ningún proceso de transparencia o rendición de cuentas, tampoco sin darle seguimiento a las promesas de quienes suben al templete y lanzan sus arengas ante los cientos de miles LGBTIQ+ en la plancha del Zócalo.
Este año, la Jefa de gobierno, Clara Brugada, ha informado que marchará el 28 de junio. Muchos activistas, tanto de la vieja guardia, como de las nuevas generaciones han manifestado su descontento por considerar que su presencia robará foco a las demandas de los diferentes colectivos que tienen denuncias por promesas no cumplidas tanto en la Ciudad de México como en el resto del país.
“El espacio de la Marcha no se puede vender como botín político: la ciudadanía no somos clientelas”, dijo Alberto R. de una organización de lucha contra el sida, quien consideró que de ir la Jefa de Gobierno, se estará “morenizando” nuestra fiesta cívica de la diversidad sexual.
En el chat de WhatsApp “LGBT+ Power” se discutió recientemente que los partidos y personajes políticos deben estar en la Marcha, "para obligarlos a comprometerse públicamente", pero también hubo quienes opinaron que no deben estar por considerar que “lo importante son las denuncias políticas del movimiento”, y tener en el templete a políticos, "demerita el mensaje y vende al movimiento a esos personajes, que no necesariamente cumplen con promesas, pues sus fines son clientelares".
Esa polémica de la Ciudad de México se replica en menor o mayor escala en todos los estados y municipios del país donde se llevan a cabo Marchas del Orgullo, pero este año el Comité organizador de la Marcha en Jalisco se voló la barda al pretender cobrar a los miles de participantes por asistir al evento final, después del recorrido por las calles de la capital tapatía.
Aunque rectificó por la presión social que se hizo en redes tan luego como dieron a conocer esa información, la reflexión y crítica fue muy aguda a ese Comité por pretender privatizar la Marcha de Guadalajara, que por cierto, le dicen “Pride”, y es la segunda más grande del país, pues "privatizar la lucha social, que históricamente ha sido abierta en espacios públicos para toda la ciudadanía, no sólo de la diversidad sexual, es un despropósito que rompe con su carácter comunitario y civil", dijo Johnny Cobián, activista jalisciense que renunció a ese comité cuando se dio a conocer el pretendido cobro.
“La marcha es de quien la marcha", es una consigna que reivindican quienes han organizado en la capital del país la Marcha Disidente: “La Marcha no se vende, por eso estamos proponiendo que sea patrimonio inmaterial de nuestra ciudad… no es de las empresas, ni de los partidos políticos, ni de las instituciones públicas, es de la ciudadanía de la diversidad sexual y está invitada toda la sociedad a participar de ella”.
A esa reflexión, Alonso Hernández, de la organización civil Archivos y Memorias Diversas, agrega: “Desde luego que sí pueden estar, pero no deben ser protagonistas de las movilizaciones multitudinarias de un movimiento que ha luchado por avances legales y de políticas públicas, muchas veces a pesar de las resistencias en los partidos políticos e instituciones públicas”. En todo caso, concluye: “su participación debe ser a pie y entre los contingentes, y dejar el pretender subir al templete y el tomar. La voz la deben tener las y los activistas para mandar los mensajes a la sociedad y al mismo gobierno”.
En el caso de Ciudad de México, en el marco de la 47 Marcha del Orgullo, se declarará a esta fiesta cívica, política y cultural como “Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México”, a propuesta de diversas organizaciones civiles. Serán los y las activistas proponentes quienes lo informen y la Secretaría de Cultura la que avale dicha declaratoria desde el Gobierno de la Ciudad de México, que busca, entre otros motivos, permear esa celebración de posibles usos comerciales o políticos, y hacer de esa festividad, un espacio libre de todos los odios y violencias.
La cita será el sábado 28 de junio, y como ya es tradición, la gente se reunirá a los pies del Ángel de la Independencia para comenzar a marchar hacia el Zócalo capitalino al rededor de medio día.
