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Falta poco para que se cumpla el primer año de la actual administración del Gobierno Federal. Muchas cosas han acontecido en diversos ámbitos de la vida pública e institucional, sólo por mencionar algunas: la eliminación de la mayor parte de los órganos constitucionales autónomos; la promulgación de reformas constitucionales y legales en diversas materias, destacando las que se refieren al acceso público, a la información, la transparencia y el resguardo de datos personales. Esta última reforma tiene ahora una vertiente de la que no imaginamos cuál será su límite, pues los datos biométricos de los ciudadanos estarán ahora en poder no sólo del gobierno (desde luego, militares y fuerzas policíacas), sino de una diversidad de instituciones y, ¿quién sabe?, llegarán a ser botín de la delincuencia organizada.
Otra reforma ejecutada, la judicial, ha sido un anhelo del grupo en el poder y, según los especialistas, significa el fin del sistema de contrapesos del Estado y, por ende, un duro golpe a la democracia. Diversos sectores de la Administración Pública han sido impactados, más para mal que para bien. Entre los más afectados están los organismos culturales y científicos que, aunque discursivamente dicen que son estratégicos para el gobierno, en los hechos siguen siendo marginados y castigados severamente tanto en el gobierno anterior como en el actual. En ambos casos, paradójicamente, las medidas más visibles se han fincado en la creación de nuevas burocracias, tal fue el caso de la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con su correspondiente estructura administrativa, la cual sustituyó al CONACYT y, hasta donde sabemos, vive en la miseria.
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Para el caso del sector cultura, la Secretaría de este ramo, en 2024 ya estando en funciones el nuevo gobierno, anunció la creación de una Dirección General de “Gestión Cultural”, misma que estaría a cargo de la exdirectora del INBAL, quien iniciaría funciones a partir del 16 de octubre de ese año, se dijo. Nada se supo de esa nueva aventura y, a menos que se haya convertido en lo que es ahora La Dirección General de Acción Territorial y Promoción Comunitaria, no tiene ninguna referencia en el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura publicado en el DOF el apenas el 22 de julio del presente año, sustituyendo al publicado el 8 de noviembre de 2016 durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, el 16 del presente mes de julio, Claudia Curiel, a través de un mensaje en la redes sociales anunció la creación de otra nueva unidad administrativa que se llamaría “Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad”, la que según dicha funcionaria, “serviría para fortalecer la participación comunitaria, salvaguardar el patrimonio inmaterial y promover políticas culturales con enfoque de derechos” (sólo ella sabe lo que eso significa) y el funcionario que estaría a cargo de dicha Unidad sería el exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, quien en un discurso churrigueresco y difuso intentó semblantear el organismo hablando de un triángulo (sic) conformado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INAH y la mencionada Unidad. Me preguntaba si los involucrados en el Frankestein estarían conscientes del historial de la política pública de nuestro país en los últimos cuarenta años, como para proponer semejante disparate.
Y efectivamente, luego de leer el artículo 11 del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, es un catálogo de “buenos deseos” haciendo de un concepto como el de “culturas vivas”, que en ningún lado define, algo obscuro, confuso y difícil de entender, menos jurídicamente; a lo mucho recuerdo que fue utilizado en distintos textos sobre todo de “gestión antropológica cultural” que no terminaron por entender, al igual que socorridos términos como el de patrimonio vivo o el de patrimonialización (sic).
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Esta nueva Unidad administrativa, lo más que llega a plantear con relación al INAH, el INBAL y el INPI es que ella “impulsará la colaboración con estos tres institutos y otras dependencias y entidades federales, estatales y municipales para implementar programas conjuntos en beneficio de las culturas vivas, indígenas y afromexicanas" y eso no es nada nuevo pues, de hecho, estas instituciones colaboran con otras en proyectos de interés común; pero llama la atención que en su fracción IX se da la atribución de “Promover y dirigir estudios e investigaciones orientadas al reconocimiento de la pluralidad étnica y la diversidad de expresiones culturales de México, especialmente de los pueblos indígenas afromexicanos y comunidades equiparables” como si el tema fuera novedoso y nada se hubiera avanzado en ello.
No debe perderse de vista que estarán adscritas a esta Unidad tanto la Dirección General de Acción Territorial y Promoción Comunitaria, como la Dirección General Técnica y de Investigación de las Culturas Populares que, en otras palabras, quedarán supeditadas a la Unidad administrativa.
En la presentación oficial de este galimatías se utilizaron conceptos no sólo confusos, sino anacrónicos, como “patrimonio monumental” que fue superado desde los años sesenta en las discusiones constitucionales y legales. Se dijo, también, que el INBAL se ocupa de la parte “creativa” y del patrimonio artístico. Vaya forma de referirse a las funciones y atribuciones de estas insignes instituciones, cuyas facultades están claramente descritas en su legislación sustantiva, hecho que el mencionado Reglamento no parece tener claro. Sin duda, una retórica tan caótica no ha logrado más que confundir a las y los trabajadores de las instituciones y a quienes conocen la legislación inherente a ese tema.
Aún peor, en la misma presentación, la propia secretaria y el exdirector del INAH, ya encaminados, pasan por alto la arquitectura constitucional y legal no sólo de los institutos referidos, sino de las materias de las que se ocupan, presumiendo una nueva invención dentro de la política cultural de carácter federal, la que incluso corre el riesgo de invadir facultades locales, además de emular de forma disparatada (que ya ni eso logró) el esquema del desaparecido CONACULTA, que muchos problemas tuvo que enfrentar con los órganos desconcentrados y su estatus legal, trayendo consigo la grave salida de la Secretaría de Educación Pública, hecho que se justificó aduciendo que “ese modelo no funcionaba”, según afirmaron sus impulsores, que ahora esconden la mano tras el desastre generado. En la dinámica actual, la invitación consiste en volver a tropezar con la misma piedra. La arrogancia es enemiga del aprendizaje y se vuelve la perseguidora de la crítica.
Es tal el desconocimiento y la soberbia, que en el Boletín 340, emitido por la Secretaría de Cultura y el INAH, se afirma que la unidad administrativa que se pretende crear, fortalecerá y reordenará las funciones y actividades gubernamentales en el sector cultural para dar cauce a un programa integral y transversal con otras entidades del Gobierno de México que fortalezca el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural. ¿qué habremos de entender con este planteamiento? ¿Es posible que un ente de menor jerarquía invada facultades legalmente establecidas del INAH, INBAL e INPI, así como de otras unidades administrativas, e incluso dé un nuevo orden a sus funciones y actividades? Desde luego que legalmente no puede; en cambio el nuevo reglamento sí lo hace con áreas como la de Culturas Populares, Fonoteca Nacional, el Centro Nacional de las Artes o el fomento a la lectura, entre otras.
Los (des) propósitos no quedan allí. Al afirmar que la entidad que se creará “será, además, un órgano de consulta y asesoría para las dependencias e instancias de la Administración Pública Federal, así como para los poderes Legislativo y Judicial, gobiernos estatales y municipales, e instituciones y organizaciones sociales y privadas, en materia de patrimonio inmaterial, culturas populares e interculturalidad”, o que entre sus facultades también estará la de “coordinar la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial y representar al Estado Mexicano en el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y en el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, así como en otros órganos nacionales e internacionales de cooperación técnica y cultural en materia de patrimonio inmaterial e interculturalidad”, no se manifiesta ningún matiz más que el desdén hacia instancias como la UNAM, el CIESAS, el INAH y diferentes universidades o centros académicos que han dedicado varias de sus líneas de investigación a estudiar los temas que esa peculiar ocurrencia administrativa pretende suplantar.
Contra la laxitud del invento, se asoma algo más preocupante: la desaparición, cambio de nombre y duplicidad de funciones que se generarán con instancias como la otrora Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, la Dirección General de Vinculación Cultural o la Dirección General de Asuntos Internacionales, pues este Leviatán sacado de la manga abarca, sin más, las atribuciones de unidades administrativas restantes que ¿acaso, con el tiempo, correrán la suerte de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, o la Dirección General de Asuntos Internacionales desaparecidas por este nuevo Reglamento? En el caso del fomento a la lectura ahora queda subsumida en la Dirección General de Bibliotecas.
Quien presidirá esa nueva burocracia llamada “Unidad de Culturas Vivas…” parece buscar dividendos, más por un servicio propagandístico al régimen, que por ser parte de una reubicación mínimamente lógica. Aquel que creara un panorama desolador a su paso, de injurias, persecución laboral y censura, deja ahora la institución que lo vio escalar, más como funcionario que como académico. Es muy probable que su interés sea pretender controlar el presupuesto público destinado a esas actividades y por ende a las instituciones involucradas mientras los institutos y otras dependencias ya existentes se ven en una pobreza presupuestal inédita y sumidas en la mayor mediocridad administrativa sumisa “a lo que diga Hacienda”, frase que repiten sin cesar y se olvidan de la obligación que tiene de hacer valer diversas normas laborales ratificadas ante los tribunales.
En días recientes, tuvimos conocimiento de una reunión de trabajo entre la Coalición de Sindicatos del Sector Cultura con miembros del Poder Legislativo y funcionarios de la Secretaría de Cultura Federal y, una vez más, promesas e interminables reuniones para revisar el tema presupuestal de las dependencias representadas por sus trabajadoras y trabajadores. Vale decir que los escasos logros, a contra corriente de directivos y parlamentarios, los han logrado estas organizaciones, gracias a los procesos de diálogo que se han emprendiendo desde hace varias décadas que, con valiosas excepciones, han sido pérdidas de tiempo, con infaltables tomas de fotografías, ya que quienes legislan y gobiernan terminan por definir todo unilateralmente e incluso en teoría asignan más recursos, mismos que no se sabe a dónde van o que, de plano, se los van comiendo los recortes presupuestales que se dan a lo largo del año fiscal correspondiente.
A fines del año pasado y principios de 2025, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores del INAH, elaboró un Diagnóstico de la institución, e incluso se hizo público un Expediente de Agravios cometidos por la administración de quien ahora deja la dirección general. Pero nada ocurrió, más allá de los autoelogios del funcionario, a pesar de que quien fue titular del INAH organizó su propio Foro con la agenda del Colectivo, de lo cual tuvo conocimiento la actual secretaria de cultura. Nos preguntamos si a partir de entonces han cambiado en algo las condiciones de la institución. Por supuesto que no, han empeorado. Allí está la agenda que el nuevo director general de este instituto debe retomar y demostrar a la comunidad y al país que no llega a cuidarle la espalda y complacer al saliente sino intentar recuperar la función y sentido histórico de esta institución.
Finalizo llamando la atención sobre lo que está aconteciendo en distintos centros públicos dedicados a la investigación académica, especialmente en el Instituto Mora, donde numerosos miembros de la comunidad han denunciado públicamente el empobrecimiento integral de sus condiciones laborales, a los que se les ha informado que la totalidad presupuestal de los centros sólo cuenta con liquidez para diez meses de 2025 y que “el pago de nómina del personal de estructura sólo está garantizado hasta septiembre de este año”. Entre otras calamidades, esto se suma a la reducción del capítulo 1000, que incluye nómina y prestaciones, al mismo tiempo que aparecen una serie de obstáculos para el ejercicio presupuestal del capítulo 3000, que repercute en servicios de biblioteca, coordinaciones y programas académicos, a imagen y semejanza de lo que ha sucedido en el sector cultura. Si sumamos este caso a lo ya acontecido en el CIDE, caso conocido ampliamente, junto a la pauperización de otras instituciones de ciencia y cultura, surgen las preguntas: ¿Por qué la necedad de crear más burocracia a la medida? ¿Acaso esa disfunción responde a la necesidad de contar con más órganos propagandísticos? Es de una enorme irresponsabilidad continuar sosteniendo semejantes contradicciones políticas y operativas mientras se recrudece la crisis en los ámbitos existentes de cultura y ciencia. De todo esto sólo es posible desprender un hecho concluyente: la exdirectora del INBA y el exdirector del INAH reciben el inexplicable e inútil pago de una “nueva unidad administrativa”. Ver para creer…
Hoy como otras veces toca nuevamente defender a estos sectores, sumados los de la salud y el educativo que no se olvide.
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