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En México la autentificación y certificación de obras de arte queda al arbitrio de familiares y herederos de los artistas ya fallecidos, galeristas, casas de subastas, marchantes, coleccionistas, restauradores e investigadores, prácticamente cualquiera que se proclame experto en un autor. Hasta hoy se carece de una instancia oficial que regule y respalde ese nebuloso mundo, no exento de intereses económicos y de diversa índole, donde -como en casa del jabonero- el que no cae, resbala.
Buen ojo, años de experiencia, investigaciones muy precisas, científicas, técnicas y tecnológicas, testimonios, documentos históricos, eso y más se requiere para arriesgarse a emitir un juicio; más aún, si la exigencia es un documento que avale la veracidad de la pieza, la autoría de tal o cual artista.
Aquí se juega con miles de pesos, de dólares incluso. En una equivocación que dé por auténtico un falso va de por medio el prestigio de especialistas, pueden ir a la cárcel si son acusados de fraude, y hasta arriesgan la vida, porque no en pocas ocasiones los expertos se han visto presionados para dictaminar en uno u otro sentido, independientemente del resultado del análisis y la investigación.
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La consecuencia inmediata puede ser que, de la noche a la mañana, un cuadro eleve su costo a la estratósfera al atribuirse a un cotizado artista o que la joya de una colección privada o museística caiga ante la posibilidad de ser falsa. La mínima duda clava una espina, como en el célebre Salvator Mundi, que más de un especialista en Da Vinci le atribuyó. Pero tras venderse en 450,312,500 dólares, en Christie’s de Nueva York, comenzaron las dudas. Y desde entonces se desconoce su paradero. La historia, en la cual hasta la Galería Nacional de Londres y el Museo de Louvre salieron raspados, dio pie al documental El misterio del Salvator Mundi, de Antoine Vitkine (2021).
Relatos semejantes son consignados por la licenciada en Historia del Arte, investigadora y galerista Liliana M. Rubín, quien se adentró en estos terrenos en su tesis de grado en el Centro de Arte Mexicano, con tutoría de la doctora Lourdes Turrent, el maestro José Antonio Muciño, y la doctora Rosa María Sánchez Lara. Un hecho confiado por el propietario de un lienzo de Gerardo Murillo “Dr. Atl”, impulsó los propósitos de su investigación. Contaba con la certificación de la doctora Teresa del Conde y Xavier Moyssén, y de una galería famosa. Aun así, se pidió la opinión de un reconocido coleccionista, quien no la dio porque consideró suficiente la de aquellos investigadores. Incluso intentó adquirir el cuadro. Tiempo después, un posible comprador exigía el certificado del coleccionista, por lo que se le presentó de nuevo. Su respuesta tajante fue que ya había dicho que era falso.
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Titulada El historiador del arte frente a la falsificación de la obra artística. Hacia la emisión del certificado de autenticidad de la obra de arte en México, la tesis, de 143 páginas, detalla que abundan las opiniones verbales, pero pocos se arriesgan a dar un documento. Parte del problema son las falsificaciones. Cita estudios de Leonard D. Duboff, quien ya en 1976 estimó que “entre el 1% y un 10% de las transacciones de arte implican falsificaciones o imitaciones”. Se mueven cantidades impresionantes de dinero y resume que el incremento en los fraudes se acerca a la tendencia de adquirir obras como inversión.
La falta de regulación y de un ente especializado, con profesionales y el respaldo del Estado, causa que este campo quede a merced de toda clase de intereses; no puede dejarse al criterio del mercado del arte ni de una sola institución o persona, dice Rubín, entrevistada una tarde lluviosa en su casa del sur de la ciudad. La cuestión es que “nadie le quiere entrar”.
Por ello propone la creación de un organismo multidisciplinario con facultades para investigar, que permita comprobar o, en su caso descartar, la posible autenticidad. Obligado en entregar el dictamen por escrito, no verbal. Tendría que contar con especialistas en técnicas y materiales, para verificar si coinciden con la época del autor; historiadores de arte; y expertos en cada artista que se evaluará; grafólogos para estudiar las firmas, entre otros. Se requiere asimismo un área legal para investigar la procedencia y acreditar la propiedad de la obra. Si el resultado es positivo, podría realizar también un avalúo.
Obligación por ley
La exdirectora del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miriam Káiser, registrada como perito valuador por Nacional Financiera (Nafin) aunque no emite certificados ni hace avalúos, comparte la idea de un organismo colegiado con participación de especialistas del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE), de su Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte (LDOA), y por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), los centros nacionales de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) y de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).
Entrevistada junto con Rubín, Káiser inició su carrera en la Galería de Arte Mexicano (GAM) de Inés Amor, frescos en su memoria afloran los momentos cuando Justino Fernández, el pintor Héctor Xavier, que aún no era su esposo, y otros especialistas, eran convocados por la galerista para evaluar algún cuadro. Los escuchaba bromeando: “Ahora hay más Orozcos, que cuando vivía Orozco”. Los primeros pasos eran investigar “la provenance (procedencia), su acta de nacimiento” y por qué manos ha pasado, quién la vendió a quién, etcétera, y el análisis de los materiales. Cuenta que hace tiempo supo de un falso Pollock delatado por un tono amarillo, no usado por el pintor en su paleta.
Por su experiencia en la GAM y en otros momentos -como cuando Raquel Tibol aseguró que el Museo Nacional de Arte tenía falsos de Frida Kahlo en una exposición, y años más tarde la señaló en el semanario Proceso por exhibir y respaldar supuestos falsos de Siqueiros-, considera que lo mejor es convocar siempre a los más prestigiados especialistas a formar un comité que decida.
Junto con el fallecido investigador del Cenidiap, Rafael Cruz Arvea, Káiser propuso al sociólogo Gerardo Estrada, a la sazón director del INBA, que el instituto certificara obras públicas y privadas. Pero él “no lo consideró prudente, decía que era un tema del mercado del arte, que generaba muchos problemas”.
No obstante, la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (artículo 24), faculta al INBA para dictaminar y autentificar obras de los nueve artistas con declaratoria de monumento artístico: José María Velasco, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo “Dr. Atl”, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Saturnino Herrán, Remedios Varo y María Izquierdo. Lo puntualizan, en entrevistas telefónicas por separado, el propio Estrada y Luis Cacho, exdirector Jurídico del desparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Cultura, quien agrega que da igual si se trata de obra privada:
“Si alguien le pregunta, puede emitir una certificación sobre monumentos artísticos, es función del instituto.”
Capitulación
El INBA, sin embargo, ha declinado de sus funciones, incumple su responsabilidad. Sólo la ejerce para otorgar permisos de exportación temporal, dado que los monumentos no pueden salir definitivamente del país. En cambio, agrega el abogado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia sí emite opiniones y certifica si son originales o no las piezas arqueológicas o históricas que se subastan aquí o en el extranjero o cuando es consultado por la Fiscalía General de la República.
Un caso paradigmático es el de Rufino Tamayo, pese a su importancia no tiene declaratoria, por lo cual el INBA, continúa Cacho, no dictamina sus obras, pero otorga permisos para su libre paso por las aduanas, dado que no son monumento. Rubín especifica que, tras la muerte del pintor, su viuda Olga Tamayo daba certificados. Ahora, el especialista y curador oficial de la colección del Museo Tamayo, Juan Carlos Pereda, da puntos de vista “cuando se le consulta… pero no emite documentos…”.
Como Tamayo, muchos quedan fuera de la Ley de Monumentos. Por citar sólo algunos Ramón Alva de la Canal, Pablo O’Higgins, Ángel Zárraga, Rosario Cabrera, Francisco Goitia, Juan Soriano, Gunther Gerszo, Jorge González Camarena, Remedios Varo, Leonora Carrington, José Luis Cuevas, Francisco Toledo, Alfredo Zalce y José Chávez Morado.
Cuando Estrada recuerda la propuesta de Káiser y Arvea evoca la polémica suscitada hace más de tres décadas, durante una muestra en Monterrey, previa a la aún recordada exposición México: Esplendores de Treinta Siglos, en Nueva York, porque se puso en tela de juicio la autenticidad de un cuadro de Kahlo.
“Llegué a la conclusión de que es muy difícil decir: ‘este cuadro es de tal autor’. Lo que hice fue nombrar una comisión donde estaban Raquel Tibol, Juan Soriano -que había conocido a Frida-, algunos exfridos, etcétera, para que ellos decidieran. Dijeron que no era de Frida y se descolgó aquel cuadro.”
Reconoce que el INBA debe asumir el estudio y certificación de los artistas declarados monumento. Pero reitera:
“El criterio ha sido hasta ahora, que es mejor no meterse en líos, porque si a la gente se le dice que hay muy alta probabilidad de que sea (auténtica), pregunta: ‘¿Qué quiere decir eso?’. Pues eso, hay muy alta probabilidad, pero no significa que sea… En aquel momento (cuando Frida), el tema era tan polémico y estaba tan sujeto a la discusión pública, que preferí nombrar la comisión”.
Da la razón a Cacho “debiera hacerlo Bellas Artes”, pero “es una responsabilidad correr ese riesgo.”
El asunto no queda en la falta de acción institucional, Cacho afirma que Bellas Artes ha negado la autenticidad de una obra para no comprometerse:
“Ha pasado, en ocasiones, que el INBA, si se le obliga jurídicamente a responder, termina diciendo: ‘No, no es’. Y perjudica al dueño, pues a lo mejor sí es auténtica, y él terminará diciendo: ‘Mejor no hubiera preguntado’.”
Se solicitó entrevista con algún funcionario de Bellas Artes, pero no hubo respuesta.
Conviene recordar, por otra parte, que el LDOA de Estéticas, brindó servicio de investigación, autentificación y certificación a particulares, pero hace tiempo dejó de hacerlo, su exdirector Renato González Mello menciona algunas razones, entrevistado por Rubín para la tesis: los dueños se molestaban cuando el resultado era negativo, pedían que no se hiciera público; se comenzaron a falsificar los certificados del IIE; y se empezaron a recibir llamadas para presionar a los investigadores con el fin de incidir en el resultado.
“Incluso siendo auténtica una obra, se les pidió en una ocasión que se cambiara el veredicto, ya que, según el abogado que llamó: ‘necesitaban meter a la cárcel a la persona que vendió ese cuadro’.”
Rubín insiste en que el universo de artistas sin declaratoria es muy grande, no se puede abandonar el tema a ese tipo de intereses. Se necesita un organismo especializado para dar al mercado del arte, al coleccionismo, en el cual cada vez hay más jóvenes y se les debe motivar, y a las propias instituciones.
Cuando un artista vive -explica- posee los derechos patrimoniales y sólo él puede reproducir su obra (en tazas, camisetas, carteles, etcétera), y certificarla. Algunos, antes de fallecer, heredan esos derechos a un albacea, una fundación, una galería, determinado investigador, pero muchas veces, la responsabilidad recae en cónyuges, hermanos, primos, hijos, nietos, bisnietos. El problema es que no siempre tienen el conocimiento para emitir juicios y certificar.
El caso de Adriana Siqueiros, mencionado en la tesis, se convirtió en emblemático. Reportajes en la revista Proceso informaron, en su momento, que incluso estaba bajo investigación del FBI. Raquel Tibol, llegó a decir que daba certificados “a pasto” a obras falsificadas.
Para Cacho el mundo del arte es muy amplio y no debería un solo organismo concentrar esa labor porque “limitaría las libertades de expresión y de trabajo, muchos expertos viven de esto y va su prestigio, como cualquier profesionista”. Y si induce a un fraude, recibirá las sanciones marcadas por ley.
En Rubín no cabe duda, debe ser un organismo con expertos en diversas disciplinas, regulados por la Ley General de Profesiones. Para evitar corrupción o presiones, deberán ignorar quién es el propietario y éste quiénes serán los dictaminadores.
Hay mucho por hacer, admite, pero hay ejemplos en el mundo, como las fundaciones Dalí, Picasso, Miró o Modigliani, de que es posible.
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