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A partir de las condiciones actuales que vive la política pública de la cultura, bien cabría hablar de melancolía institucional pues resulta melancólico ver cómo, poco a poco se ha ido desmantelando una idea de institucionalidad y de compromiso con los ámbitos de la cultura que el Estado Mexicano fue construyendo desde hace más de 100 años y que en la última década se ha quedado corto en cumplir.
No se trata de culpar con ligereza a una u otra administración, del desdibujamiento de la política cultural en nuestro país, incluidos estados y municipios, pero sí hay que decir que ni la creación de otro ente burocrático de la Administración Pública Federal como es la SCF, ni eslogans pegajosos han resuelto problemas añejos de las instituciones de cultura, al contrario, solo han ocultado la realidad e incluso han profundizado problemas que no imaginamos cuánto tiempo llevará resolverlos.
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Con el tiempo que ha llevado construir las políticas culturales sería ingrato no reconocer (con toda su polémica y contradicciones) los aportes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en materia cultural, incluidos los 25 años de esfuerzo del extinto CONACULTA pero, sobre todo, de instituciones creadas en el contexto del cardenismo que siguen resistiendo a los embates políticos e ideológicos; por eso no podemos dejar de reconocer que, a pesar del declive de la política cultural iniciada desde hace poco más de una década, casi todas las unidades administrativas del Sector Cultura han logrado sobrevivir, salvo excepciones que no pasaron la aduana ideológica del actual régimen.
A pesar de la miseria financiera a la que se sometió a las instituciones de cultura y una ausencia de proyecto de política cultural pública que respete la naturaleza y vocación de estas instituciones, han seguido haciéndose las tareas de investigación, de “protección legal del patrimonio cultural nacional” de conservación y restauración, de custodia, de registro, de atención de quejas, trámites de permisos o autorizaciones e inspecciones, entre muchas otras. Durante toda esta década se han publicado, según informes oficiales, miles de libros y artículos (muchos de ellos ahora en su modalidad digital).[1] Han sido también miles de actividades académicas, que han reflejado la diversidad de aportaciones al conocimiento especializado de la cultura, la historia y el patrimonio cultural. Por mucho, esto ha sido así gracias a la voluntad y el esfuerzo de las y los trabajadores de las instituciones quienes, incluso, han financiado de su propio bolsillo, actividades que son obligación del gobierno llevar a cabo con el presupuesto público asignado, todo esto a pesar de una Secretaría que en general ha sido ciega, sorda y muda.
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El Tercer Informe presidencial de Enrique Peña Nieto (2 de septiembre del 2015) fue el marco en el que se anunció la creación de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Fue un acto de traición a los compromisos que públicamente el PRI había establecido en su plataforma política para las elecciones presidenciales de 2012. Incluso el propio Rafael Tovar de Teresa, teniendo como testigo al historiador Guillermo Tovar, había rechazado la idea de crear una Secretaría de Cultura y aseguraba enfáticamente que lo que había que hacer era fortalecer el Subsector cultura en la SEP pensando incluso en darle un nuevo marco legal para el CONACULTA. Sin embargo, el entonces titular de aquel Consejo, ya en el gobierno peñanetista, no contaba que tendría como Secretario de Educación y superior jerárquico a Emilio Chuayfet, quien le hizo la vida imposible en su segundo período al frente del órgano coordinador de las instituciones educativo-culturales del Gobierno Federal; en ese contexto Aurelio Nuño quien había asumido la titularidad de la SEP en sustitución de Chuayfet, afirmó, de manera irresponsable y desdeñosa, que no tenía tiempo para atender los asuntos de cultura[2]; estos dos factores llevarían a Tovar y a Nuño, a proponer la creación de aquella Secretaría (de alguna forma, me tocó vivir ese infortunio).
Fue el 15 de diciembre del 2016 cuando se aprobó la reforma a los artículos 26 y 41bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que creó la SCF y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de ese mismo mes y año. Muchas son las vertientes desde las cuales se podría analizar la primera década de existencia de esta dependencia de la Administración Pública Federal, sin embargo, trataré de centrarme en las funciones y atribuciones que le fueron encomendadas, como cabeza del Sector Cultura, con relación al “patrimonio cultural” concepto que cada vez se hace más complejo y difícil de entender incluidas las facultades que corresponden al Gobierno Federal y a las entidades federativas.
En su creación la SCF, asumió las funciones y atribuciones en materia de cultura que correspondieron originalmente a la SEP en el artículo 38 de la LOAPF y ahora establecidas en el artículo 41bis. Entre ellas la de Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación (Frac.II). De igual forma se le dio la atribución de ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establecen respecto de dichos bienes (Frac. XVII); así como Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional (Frac. XIX) y, Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales (XX). Entre varias disposiciones legales más que definen las obligaciones de esta Secretaría.
Sin embargo, bien sabemos que para el ejercicio de esas atribuciones, de acuerdo con lo que establece la legislación de la administración pública federal, fueron creados el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el primero se encargaría de los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos y bienes de interés paleontológico, mientras el segundo se ocuparía de los monumentos y zonas de monumentos artísticos, de tal forma que la SCF funge de manera formal como cabeza de sector y superior jerárquico, de ahí que tiene responsabilidades primarias sobre el cumplimiento de las obligaciones legales que se le otorgaron pero también, los titulares de los órganos desconcentrados (los institutos) acuerdan con quien encabece esta Secretaría los asuntos que así lo ameritan. No olvidemos que ahora esta Secretaría está inmersa legalmente en una nueva “vorágine patrimonial” como es el llamado patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas y afromexicanos que lo han atado a otro gran problema como es el de la propiedad intelectual, un tema tan sofisticado, confuso y lleno de mucha retórica que por diversas razones no augura buenos resultados sobre todo para los sujetos que pretende beneficiar los cuales ahora han llegado a confrontarse por disputas sobre la propiedad y explotación de dicho patrimonio cultural; en este problema también están involucrados el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) organismo descentralizado no sectorizado, así como el Instituto Nacional de Derechos de Autor, perteneciente a la SCF. A estas alturas podría decir que, salvo las acciones formales y protocolarias esta Secretaría poco ha hecho por cumplir sus obligaciones apoyando a las instituciones de su sector y se ha convertido ella misma en un fin.
En los hechos, la realidad ha sido dura y cruda para las políticas públicas de la cultura y del patrimonio cultural en estos 10 años, incluso varios actos de gobierno han atentado contra dichas políticas, al grado de llegar prácticamente a la burla cuando en el sexenio pasado López Obrador en su conferencia mañanaera del 23 de septiembre del 2020 afirmo que: se dice, por ejemplo: “Se está dejando sin presupuesto a la cultura’. ¿Quién es el elemento fundamental de la cultura? El hombre, la mujer, el ser humano y su dignidad. Entonces, si se está apoyando a la gente, como nunca, a los pobres, a los necesitados, si se están entregando becas como nunca para que puedan estudiar los hijos de familias de escasos recursos, ¿qué?, ¿eso no es cultura?, ¿eso no es educación? Eso es lo principal, el que destinemos todo a los seres humanos, lo demás es accesorio.” El colmo de esta afirmación fue que el concepto de cultura y de política cultural, ahora debía ser a su imagen y semejanza, manipulando discursivamente el uso de los programas sociales para asegurar que se apoyaba las políticas públicas de la cultura y con ello defender lo indefendible como era el recorte presupuestal a este ámbito de la administración pública.
Pero veamos de forma breve, algunos de los infortunios de la política pública de la cultura y el patrimonio cultural:
1.- Sin duda la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) y del “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican” causó mucho daño a las instituciones culturales encargadas de la preservación del patrimonio cultural nacional, no por sus objetivos de fondo, sino porque fue el pretexto para arremeter financieramente contra la instituciones culturales, académicas y de investigación.
2.- En 2020, hubo dos decretos similares que fueron muy dañinos al ámbito cultural; el primero fuel el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, publicado el 2 de abril de ese año; el segundo fue el Decreto que extinguió 109 fideicomisos que manejaban aproximadamente poco más de 68 mil millones de pesos,[3] dicho decreto fue publicado el 6 de noviembre del 2020. Entre estos hubo varios fideicomisos y fondos que correspondían al ámbito cultural y solamente en el caso del Fideicomiso para apoyar la construcción del Centro Nacional de las Artes y el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México en su momento se calculó que representarían una pérdida aproximada de 673 millones de pesos.[4] En aquel momento el propio titular del Ejecutivo afirmó, embustera y dolosamente que aquellos órganos eran fuentes de corrupción lo cual nunca se demostró ni se procesó a nadie. A la fecha no existe suficiente información ni claridad en torno a lo que sucedió con los procesos de extinción de aquellos fondos y fideicomisos y el uso de sus recursos.[5]
3.-Con relación al patrimonio cultural artístico, llama la atención que en el informe de gestión del INBAL, la información sobre los bienes dañados por los sismos del 2017 no es nada clara, de tal forma que no sabemos a ciencia cierta si se han restaurado todos o si quedan algunos por concluir;[6] también es inaceptable que no se haga ninguna referencia al estado de las colecciones privadas que contienen obras declaradas como monumentos artísticos su estado de conservación y si están dentro o fuera del país; por ejemplo, nada dice sobre la célebre Colección Gelman o sobre la Colección Dolores Olmedo. Tal omisión es preocupante porque indicaría que el Instituto Nacional de Bellas Artes, ve con desdén e irresponsabilidad el cuidado de estos bienes que son de interés nacional, quizás esto explica la arbitrariedad con la que los particulares propietarios de estas colecciones manejan dichos bienes al grado de que no tenemos información clara sobre su salida del país, lo cual es una tragedia para la cultura.
4.- Casi 7 años después de la llegada al poder del presente régimen, no sabemos con claridad si la célebre Bodega de Arte será abierta en 2026, tres años después de que se aseguró que estaría en completa operación. Además, la actual titular de la SCF, aseguró en diciembre del año pasado que sus prioridades serían: “educación artística como eje central, con escuelas renovadas y gratuitas; fortalecimiento de la Dirección de Culturas Vivas, que contará con un presupuesto incremental para trabajar transversalmente con lenguas y patrimonio vivo; impulso a la cultura comunitaria; y la consolidación de Original, festival enfocado en derechos colectivos y comercialización justa”.[7] Nada dijo respecto de las instituciones facultadas para preservar y proteger los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos y de interés paleontológico, a pesar de que recién llegaba a ocupar el cargo trabajadoras y trabajadores del INAH le hicieron entrega de su Diagnóstico y Expediente de Agravios que revelaba la miseria en la que llevaban a cabo el desempeño de sus funciones y el estado preocupante de los bienes culturales e instalaciones del Instituto; queda claro que el afán de la Secretaría es sostener instancias que le funcionan ideológicamente e incluso podrían estar duplicando funciones como la célebre Unidad de Culturas Vivas o la Dirección de Sitios y Monumentos.
5.- De las peores tragedias culturales que han ocurrido en la historia del país, está el proyecto del Tren Maya. Esta mega obra atentó contra la selva de la península, contra la historia antigua de las culturas de aquella región, contra los derechos de los pueblos indígenas al manipular las “consulltas públicas” establecidas constitucionalmente y, evidentemente contra los testimonios arqueológicos de las culturas mayas de la época prehispánica. Según se denunció no solo mediáticamente sino incluso penalmente ante la FGR[8], fueron cientos de monumentos arqueológicos los que se arrasaron y hasta ahora nada sabemos del seguimiento de esa denuncia. Hay una deuda pendiente con el país de investigar y, en su caso deslindar responsabilidades de aquellos servidores públicos y órganos de autoridad que ordenaron, autorizaron y cometieron dichos delitos en contra de nuestro patrimonio cultural.
6.- Durante esta década de existencia de la SCF, los hechos han demostrado lo que insistentemente afirmamos en su momento: esta entidad de la Administración Pública Federal poco o nada beneficiaría a las políticas públicas de la cultura y, por ende a la preservación del patrimonio cultural. La tesis es muy clara, la copia mecánica de modelos importados sin un tamiz crítico, no solo no resuelven problemas, sino que tienden a crear más problemas, en esa lógica, la creación del CONACULTA y ahora de la Secretaría, no fue ni es una lucha entre tradición y modernidad como algunos han creido, es simplemente la disputa de las élites políticas por el control del poder en éste sector, en la idea de vincularlo a la lógica de su proyecto político y convertirlo en un elemento de comercio respondiendo a la cadena mercantil y turística.
7.- Dos elementos importantes para comprender el argumento anterior son: a)hasta ahora, no se ha concretado aquella idea de los impulsores de la Secretaría; afirmaban que esta, garantizaría un mejor presupuesto para el Sector y, al contrario incluso ha sido al revés, veamos algunos datos: en el año 2012 todavía como CONACULTA, se asignó un presupuesto para la cultura de 16 mil 663 millones de pesos en 2012; en 2013 16 mil 533.63 mdp; en 2014 fueron 18 mil 347; ya habiendo Secretaría, el presupuesto bajó a 15 mil 244 mdp en 2016; luego bajó aún más 12,428 mdp en 2017, y cerró en 12 mil 916 mdp en 2018.[9]
Como segundo elemento, en enero de 2019, la entonces secretaria de cultura Alejandra Frausto en un evento de la Cancillería, afirmó: “La cultura no va a ser nunca más un accesorio, no va a ser nunca más algo prescindible, es uno de los ejes de la transformación social. Nunca más una política cultural excluyente”. Precisamente ese año, la asignación presupuestal fue de 12 mil 394 mdp; en 2020, de los 13 mil 517 mdp, terminarían ejerciéndose 10 mil 681 mdp. es decir que entre el último año de Peña Nieto y el 2020, el descenso había sido de 35.3%. para 2021 el presupuesto para el sector sería de 13 mil 985.1 mdp. Aparentemente el presupuesto había mejorado, sin embargo, otro de los proyectos insignes de este régimen, como es el Proyecto Chapultepec absorbió el 12% del presupuesto asignado[10]; para el 2024 el presupuesto asignado para la Secretaría de Cultura, fueron 16,754 millones de pesos, un aumento real de 0.39% donde sorprendía el aumento presupuestal para el INAH de 61.20%, de los cuales 846.89%[11] estaban etiquetados para el programa Provisiones para la adquisición de terrenos de Zonas Arqueológicas, pero no para adquirir terrenos de sitios o Zonas de Monumentos Arqueológicos en cualquier lugar del país sino que estaban destinados específicamente para regularizar los terrenos alrededor del Tren Maya. Para el presente año 2026, el presupuesto propuesto para el Sector fue de 13,097 millones de pesos, es decir, comparado con el presupuesto de 2013, el presupuesto había caído 53.8%; finalmente, luego de múltiples protestas, y el compromiso personal de la presidenta, fueron asignados 15,082.88 mdp, como sea, a pesar del aumento de 2 mil millones de pesos, el presupuesto para la institución que tiene a su cargo la preservación del mayor “patrimonio cultural nacional” como es el INAH, tiene un déficit aproximado de 25.41% que equivale a 1,571.85.mdp. Esto explica por qué sigue habiendo un abandono al mantenimiento de la infraestructura institucional, por qué hay escasez de recursos para tareas sustantivas como la investigación, para la seguridad del sistema de registro, para el buen estado de sitios arqueológicos, monumentos históricos e incluso museos nacionales donde se ha reducido al personal.
El panorama no es de optimismo aunque en las celebraciones se digan discursos triunfalistas y complacientes mientras seguimos viendo el gasto de recursos en programas de relumbrón como el de Cultura Comunitaria que terminó en una serie de observaciones por el extinto CONEVAL; o el de creación, a través de un decreto presidencial, de aquel célebre Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, que se creó por complacencia y, ahora la moda parecen ser concursos y festivales entre otras frivolidades que no van a cambiar la realidad de violencia e inseguridad. A pesar de esta primera década de la Secretaría, las instituciones históricas y las políticas culturales siguen existiendo.
[1] Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012; Informe de Gestión Institucinal INAH 2018-2024; Informe de Gestión INBAL 2018 – 2024.
[2] La Jornada, edición del martes 15 de diciembre de 2015.
[3]https://www.google.com/search?q=c%C3%A1lculo+de+recursos+que+manejaban+los+fidicomisos+y+fondos+publicos+que+fueron+extinguidos&sca_esv=7da175bd9b925cd1&rlz=1C5CHFA_enMX798MX798&ei=hoOCaY7CB8SekPIPv53yyQg&biw=1284&bih=706&ved=0ahUKEwiOnZXbu76SAxVED0QIHbOPIkQ4dUDCBE&uact=5&oq=c%C3%A1lculo+de+recursos+que+manejaban+los+fidicomisos+y+fondos+publicos+que+fueron+extinguidos&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiW2PDoWxjdWxvIGRlIHJlY3Vyc29zIHF1ZSBtYW5lamFiYW4gbG9zIGZpZGljb21pc29zIHkgZm9uZG9zIHB1YmxpY29zIHF1ZSBmdWVyb24gZXh0aW5ndWlkb3NI3zpQmQhY-DVwAXgBkAEAmAF-oAH_CaoBAzkuNLgBA8gBAPgBAZgCAaACA8ICChAAGLADGNYEGEeYAwDiAwUSATEgQIgGAZAGCJIHATGgB4QpsgcAuAcAwgcDMC4xyAcCgAgA&sclient=gws-wiz-serp
[4] El Universal, edición del 14/04/2020, sección de Cultura.
[5] https://fideicomisos.fundar.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/Que-ha-pasado-con-los-fideicomisos-2021.pdf
[6] Istituto Nacvional de Bellas Artes y Literatura, Informe de Gestión Gubernamental 2018-2024, pg. 33.
[7] https://heraldodemexico.com.mx/edicion-impresa/2025/12/5/preven-apertura-de-la-bodega-nacional-de-arte-para-2026-750260.html
[8] https://www.proceso.com.mx/cultura/2024/1/29/tren-maya-danos-al-patrimonio-investigadores-del-inah-fiscalia-322961.html
[9] Ochoa Sandy Gerardo , Secretaría de Cultura, el accesorio…,
https://letraslibres.com/cultura/secretaria-de-cultura-el-accesorio/
[10] Ochoa Sandy Gerardo, op.cit.
[11] Benumea, I. Castaño, P. (et al.). (2023). Sin recursos no hay derechos. Análisis del Paquete Económico 2024. Colección PPEF 2024, Fundar, Centro de Analisis e Investigación, Ciudad de México.
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