La visita reciente que el youtuber James Donaldson, mejor conocido como MrBeast, hizo a las zonas arqueológicas de Calakmul, Balancanché y Chichén Itzá, ha desatado la reacción de varios funcionarios de primer nivel, como la presidenta, Claudia Sheinbaum; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto; y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. El acceso a zonas restringidas, el sobrevuelo con dron a unos metros de distancia de la plataforma superior de la pirámide de Kukulcán y ciertos comentarios de incredulidad respecto al permiso que le dieron las autoridades (“¡No puedo creer que el gobierno nos deje hacer esto!”) han impulsado el debate público que parece actualizarse en tiempo real. En medio de este debate, los límites de la normativa nacional, particularmente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, son puestos sobre la mesa en la voz de cuatro expertos: Carlos Lara, especialista en derechos culturales; Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH; Luis Cacho, abogado especializado en derecho cultural, y Omar Espinosa, arqueólogo.
Lara explica que “hay un criterio jurídico que nunca es el mejor, el del INAH. Cuando en aquella campaña México es territorio Telcel salía el patrimonio prehispánico de México, histórico y demás, y no se cobraba por eso, decían que lo que se estaba haciendo era difundir el patrimonio mexicano. Pero hay que recordar el escándalo de Thalía cuando entró a Chichén Itzá y todo mundo se rasgó las vestiduras”.
“El criterio jurídico del INAH nunca ha sido firme. Siempre ha sido muy variable. Y esto nos ha llevado a tener unos debates intensos como el de la instalación de un McDonald's en el centro de Oaxaca. En unas, el INAH fija una postura firme y en otras es de lo más permisible. ¿Por qué? Porque no hay un criterio. No existe un criterio. Lo que debe haber para estos tiempos, y con esos criterios jurídicos ya establecidos en la ley, es pequeños ajustes con una política digital para el arte y la cultura”, continúa.
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Otro caso que data de este mismo año es el de la influencer Pawi Huerta, a quien se señaló de recorrer, de madrugada y sin autorización, la zona arqueológica de Calakmul.
Sobre si la normatividad actual abarca sucesos como el de MrBeast, Cottom dice:
“El Reglamento de la Ley Orgánica del INAH considera en su Artículo 20 una serie de atribuciones que se dan a la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos que es la que se encargaría de emitir estos permisos. En la fracción 15 se habla de permisos para autorizar proyectos de investigación de instituciones prestigiosas, por ejemplo (...) Pero no está considerado bajo ningún supuesto este tipo de actividades y no está considerado porque no responde a la naturaleza de estos bienes”. Bolfy Cottom concede la razón en que la normativa funciona por sí misma, en abstracto, aunque en ocasiones no se aplique debido a intereses políticos o partidistas.
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“Y tiro por viaje lo ha hecho el PAN, lo ha hecho el PRI, ahora lo hace Morena. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos, hay intereses económicos en incidir, en influir en las políticas con relación a estos bienes. Entonces, si un gobernador o quien sea interviene directamente, está usurpando facultades que no le corresponden. Y ya no es un problema legal, es un problema metalegal, metajurídico”.
El investigador también es enfático en este caso: el que una gobernadora “intervenga y fuerce a que las cosas se hagan así, primero tiene que entender que no es su facultad legal. Es una facultad exclusiva del gobierno federal. Le guste o no, el órgano facultado toma sus decisiones no sobre la base de un criterio político, sino porque la ley así lo ordena, la ley así obliga a que se haga. Si quien está al frente del instituto se deja manipular o se deja intimidar por un gobernador, un diputado o lo que sea, estaría renunciando al cumplimiento de la ley. ¿Sería importante comprometer alguna norma? No, no hace falta, porque la ley lo que hace es simple y sencillamente decir: esto es facultad del Estado”.
Cacho señala que se debieron haber pedido guiones o escaletas para dar la autorización. “Cuando alguien va a filmar, en este caso como una zona arqueológica, el INAH le dice, ¿qué uso le vas a dar? Si el INAH considera que el uso está acorde con la naturaleza y respeta el inmueble, su preservación y su difusión como parte del patrimonio cultural de la nación, pues se lo da”. Abunda que, de lo contrario, con todos los permisos en orden, se estaría incurriendo en un acto de censura. En comunicado del 12 de mayo, el INAH dijo que: “Los permisos se tramitaron ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, instancia que determinó los derechos aplicables conforme a la ley”. Aunque el miércoles, Diego Prieto dijo que al equipo de MrBeast “se le planteó que debería presentar un proyecto de cuál iba a ser el guión de lo que iban a grabar”, sin embargo, no cumplieron con esos requerimientos. En el comunicado del día 12, el INAH también señala que, “a pesar de la información distorsionada ofrecida por el youtuber, la difusión de esta clase de materiales puede motivar el interés en audiencias jóvenes de México y el mundo para conocer nuestras culturas ancestrales y visitar los sitios arqueológicos que son un valioso patrimonio nacional, acercándose a interpretaciones apegadas al conocimiento científico y a la debida apreciación de nuestras culturas originarias”.
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Lara señala que “a las nuevas generaciones ya no los está educando el Estado, ya no están siendo educados por las instituciones educativas y culturales del Estado, están siendo educados, formateados, por el mercado y las plataformas. Vienen youtubers que edulcoran un contenido, lo promueven de tal forma, con gritos, edición, saltos y, cada tres minutos, cambios para llegar a unas audiencias de estos, como diría el INAH, de estos jóvenes que están formateados por una cultura de corte, clip y trocitos. Es lo que nos dice Zygmunt Bauman desde 2013: la cultura dejó de ser un estimulante, hoy es un relajante. La gente llega a ella como un relajante”. Se trata, dice, del comportamiento digital y la incursión de “la tribu del pulgar” en la cultura y el arte.
La noche del miércoles, Curiel publicó desde su cuenta de X que “el permiso emitido a la empresa Full Circle Media, representante del youtuber MrBeast, nunca autorizó la publicación de información falsa ni la utilización de la imagen de los sitios patrimoniales para la publicidad de marcas comerciales. Es por ello que el INAH evalúa sanciones administrativas contra esta empresa productora, exigiéndole el resarcimiento de los daños, ante el incumplimiento a los términos de los permisos emitidos y por hacer uso con fines de lucro del patrimonio que es de todos los mexicanos”. Un mensaje paralelo pudo leerse el mismo día en la cuenta del INAH, en el que confirmó la demanda. Horas atrás, lo que Sansores publicó en su cuenta era contrastante con los mensajes del INAH, de la Secretaría de Cultura e incluso de la propia Claudia Sheinbaum.
Sobre el uso comercial, en un segmento del video MrBeast anuncia su marca de chocolates Feastables, que describe como “el único snack del planeta aprobado por los mayas”, así como la promoción de un sorteo para sus suscriptores bajo el patrocinio de la empresa de carne seca Jack Link’s. En el documento “Cuotas para el pago de derechos” de trámites del INAH se establece que para filmación y/o videograbación se cobran, por día, 14 mil 668 pesos. “En el trámite sí se debe dictaminar el contenido, se dio el permiso sin seguir la norma, entonces todo lo hicieron mal”, concluye el arqueólogo Omar Espinosa.