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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó a oficinas de la Secretaría de Cultura: al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y Educal.
En el caso de INAH, se fiscalizó el programa Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, que ejerció 3 mil 315 millones 281 mil pesos.
Dentro del trabajo que se realizó en este programa se señala un diagnóstico de la dependencia se identificó que “el 60% de los monumentos históricos presenta daños por humedad, contaminación o intervenciones no profesionales.
Sólo el 30% de los sitios arqueológicos registrados cuenta con planes de conservación. El 70% de los proyectos de conservación se concentran en el centro y sur, dejando desatendidas zonas del norte con alto riesgo patrimonial”, así como 17 denuncias por el tráfico ilícito de bienes culturales en el extranjero, 46 rescates y salvamentos arqueológicos, otorgamiento de asesorías técnicas.
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También se indica que el INAH superó su meta de otorgar protección legal a bienes culturales, sin embargo al Instituto le faltó acreditar los registros de 84 mil 710 bienes culturales inventariados, 90 mil 22 bienes culturales catalogados, 14 mil 143 bienes culturales registrados y 5 mil 49 bienes conservados. Tampoco acreditó el número de asistentes a las 63 pláticas relacionadas con la conservación del patrimonio cultural, de las cuales 15 no fueron identificadas con un título.
Sobre el INBAL, la ASF fiscalizó el programa Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, que según lo reportado por el Instituto busca atender “la conservación inadecuada de los bienes culturales muebles e inmuebles de carácter […] artístico compromete su integridad” para lo que ejerció 307 millones 904 mil pesos.
Entre las actividades que realizó se encuentra la catalogación de 179 bienes muebles y 142 bienes inmuebles y la inscripción de 2 mil 826 monumentos artísticos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos y ofreció asesorías técnicas, visitas y emitió dictámenes.
En la auditoría, la ASF señaló que INBAL no cuantificó el número de bienes culturales artísticos que requerían de acciones de protección y conservación, que no atendió 441 asesorías técnicas sobre el estado de patrimonio artístico de las 2 mil 92 que recibió, así como la falta de detalles en la catalogación e inscripción de monumentos.
La auditoría de “Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales” de Educal “evidenció que debe valorar la pertinencia de revisar y actualizar su normativa interna para asegurar la congruencia y armonización con sus actividades”, indica la ASF.
La paraestatal distribuyó un millón 623 mil 871 libros y materiales educativos y culturales, superando su objetivo de un millón 229 mil. Sin embargo, vendió menos de lo programado, sólo 785 mil 860 libros del millón 72 mil al que aspiraba.
Con respecto al Inali, se revisó el cumplimiento de metas y objetivos, cuyo problema a trabajar en 2024 fue que “la población indígena enfrenta condiciones que limitan el ejercicio de sus derechos lingüísticos”, para lo que ejerció 59 millones 494 mil pesos.
La ASF identificó que el Instituto no acreditó verificar las gestiones a las lenguas que atendió y se recomendó que “establezca mecanismos de control para registrar las acciones generadas para la revitalización de las lenguas indígenas, y el grupo y la variante lingüística atendida”.
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