El mural de 77 metros cuadrados "Marcha campesina", que se instalará en la sala de consultas del Archivo General Agrario (AGA) que se construye en Avenida Juárez, ya luce terminado, apenas faltan algunos detalles de los momentos históricos que cuenta entre las garras de la deidad de la tierra y dos campesinos, una mujer y un hombre de rostro moreno, que a manera de atlantes cuidan el campo mexicano. Su creador, el artista Taka Fernández, lleva más de un año inmerso en su producción, desde la selección de los momentos de las luchas campesinas en México y los diversos bocetos que fue haciendo para enaltecer al campesinado y su amor por la tierra, hasta la creación de la obra sobre tela de algodón con pintura acrílica soportada en un bastidor de aluminio de 18 módulos que en total tiene una dimensión de 3.80 metros por 7.60 metros y que permanece en una bodega que sirve de taller al artista.
La entrega está aún en suspenso debido a irregularidades en el pago total y la apropiación, que “a la malagueña”, han intentado hacer de la obra por parte del Comité artístico. Una de las integrantes de ese comité acudió a registrar la obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) como coautoría de ella y del artista Taka Fernández, quien en entrevista con EL UNIVERSAL y frente a la obra mural asegura que la obra es absolutamente de su autoría. Por ello ha emprendido acciones legales contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de CAV Diseño e Ingeniería SA de CV, quien tiene la licitación para la construcción, ejecución, equipamiento y museografía de la nueva sede del AGA.
Fernández asegura que el problema ha sido con algunas personas del comité artístico, y que su postura “no es una postura política ni contra la 4T, para nada, de hecho me considero parte de la 4T, aunque tenga diferencias en cosas creo que están haciendo un buen trabajo”, dice, pero la realidad es que se siente vulnerado en sus derechos de autor y en sus derechos humanos.
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El artista y profesor de la Escuela Nacional de Pintura y Grabado “La Esmeralda” comenzó en agosto pasado acciones legales contra la SEDATU y CAV por “despojo cultural y opacidad en licitación”, una denuncia que hoy hará pública a las 11 horas en la protesta a la que ha convocado en la nueva sede del Archivo General Agrario, que aún no se concluye y menos se inaugura, pero que ya enfrenta manifestaciones.
Fernández cuestiona el “despojo cultural” que está protagonizando debido a que la gente del comité artístico apunta que la obra la hizo con directrices y conceptualizaciones dadas por ellos, “esa es la postura de un cacique, la postura de un latifundista, un terrateniente que dice: ‘Todo esto es mío y tú haces lo que te digo, tu produces, tú te chingas y yo me llevo la ganancia, la plusvalía”.
Las irregularidades con el registro, contratación y pago de la obra comenzaron a ser investigadas y fundamentadas por su abogado, Luis Javier Mondragón, quien afirma que pretenden apropiarse de la autoría de la obra sin haber participado en su creación, fijación o conceptualización, “la demanda de mi representado no tiene que ver con una posición política porque creo que hasta nos consideramos afines al obradorismo porque ha permitido un buen ejercicio del arte, pero estas actividades que tienen que ver con el uso de recursos públicos y el aprovechamiento entre caciques culturales, empresas y colusión o posible colusión con autoridades, eso es lo que se debe investigar”.
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El abogado cuestiona también la falta de pago al artista, a quien acepta que le pagaron un adelanto y los materiales para el mural, pero a quien no quisieron cubrirle el pago de ayudantes para una obra de 77 metros, ni la renta de la bodega en la que ha trabajado, a pesar de que al hacer la investigación, encontraron un contrato de licitación titulado “Proyecto integral para la elaboración y desarrollo del proyecto ejecutivo para la museografía, así como la construcción e instalación de los elementos artísticos y museográficos en el edificio de servicios federales con atención ciudadana en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, correspondientes al programa de mejoramiento urbano 2023”, por 49 millones 899 mil 744 pesos.
Sumado a eso, han documentado una serie de irregularidades en el proceso de licitación que benefició a la empresa CAV, de las que ha dado cuenta puntual EL UNIVERSAL a través de varios trabajos. Desde principios de agosto, el abogado notificó a la SEDATU y a la empresa CAV y tras no hallar respuesta positiva han acudido a otras instancias, como el Órgano Interno de Control de la SEDATU, la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Derecho de Autor, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a infracciones administrativas en materia de comercio, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La demanda es transparencia, justicia y diálogo sobre el papel de curadores e instituciones y ante todo la exigencia a proteger el derecho de autor. EL UNIVERSAL solicitó su versión a la SEDATU, hasta el cierre de la edición no llegó.
“Tenemos una estrategia legal sólida, estamos tomando los recursos, algo raro que haga un artista, y ahora queremos también ejercer nuestra libertad de expresión porque no necesariamente tenemos que callar, esperamos ser escuchados en algo que nos parece legítimo y que nos parece una vulneración a los derechos económicos, sociales, culturales y humanos de un artista por la Ciudad de México”, afirma el abogado, quien pide mantener la confidencialidad de la obra en tanto no se exhiba por quien fue contratado y eso sí lo habrá de determinar la autoridad, porque reconoce, al igual que Fernández, que sí hubo un contrato genérico como el de cualquier proveedor, pero no fue un convenio específico para una obra artística.
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“Pero estamos hablando de un ejercicio artístico y se va a completar cuando el artista exhiba o hable de la obra que está llevando a cabo, sobre eso es precisamente nuestra defensa, en esa libertad de creación, de expresión, de exhibición y también vivir de tu trabajo, es como si eso no fuera permisible para los artistas, claro que tiene que ser pagado un trabajo de este tamaño y eso no lo hace menos o más artista. Eso también es un derecho humano, el pago por su trabajo”, afirma Mondragón.
Taka Fernández asegura que confía en que este conflicto, que no debió ocurrir si se hubieran hecho las cosas correctamente, se pueda resolver bien cuando concluyan su pago y sobre todo cuando le garanticen el derecho de autor y derecho moral sobre su obra artística. “El registro que hizo una de las integrantes del comité, registrando ante Indautor la obra en coautoría conmigo, es ilegal, porque ella no es coautora. Mi obra es arte público, es para todos y hay un paralelismo entre el campo, el campesino que ara la tierra, la siembra, riega y cuida y mi trabajo como pintor. Digamos que esta superficie es mi parcela y ahí está mi trabajo y no voy a permitir que nadie venga apropiarse de ella como lo hacen con la tierra los terratenientes y los caciques”.
Fernández lo afirma categórico mientras señala su mural "Marcha campesina",una obra que hace una oda a la historia agraria. Lo dice mientras refiere episodios, personajes y luchas, y mientras relata que quería que a lo largo de todo el mural corriera una gran marcha campesina que atraviesa los volcanes y en donde destacan pancartas que aluden a frases de Emiliano Zapata, Lucio Cabañas y otros tantos con los que él comulga. “El concepto es mío, las ideas son mías, de la marcha, las mantas, la deidad terrestre, los atlantes, el homenaje al paisajismo y a la pintura mexicana”.
