A 10 días de que la suspensión de actividades del Archivo General Agrario (AGA) cumpla un año de ser anunciada (4 de marzo), uno de los proyectos más ambiciosos para un acervo documental en México se cuenta hoy entre las promesas inconclusas de la administración anterior. Inicialmente, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó que del 4 de marzo al 14 de julio de 2024 los servicios del Archivo se suspenderían debido a que su nueva sede estaría en una construcción que abarca sótanos, terrazas y varios pisos sobre el número 92 de avenida Juárez en el Centro Histórico; edificio que es la prueba tangible de lo ambicioso del proyecto y que hoy parece, al menos, acercarse a su recta final después de que sus obras arrancaran en enero de 2023, como un proyecto a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El plazo que en un principio se creía que podría cumplirse el 14 de julio del 24 fue pospuesto a la tercera semana de septiembre. Justo el lunes 23 de ese mes, el responsable del AGA, Pedro Salmerón, dedicó unas palabras al expresidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de Palacio Nacional: “El nuevo edificio, la nueva sede del Archivo General Agrario es una promesa cumplida, señor Presidente. El nuevo edificio está a punto de entregarse y la mudanza está en curso”.
Pero la siguiente noticia en el estatus de la entrega se daría a conocer en el DOF hasta el 26 de diciembre pasado: el fin de la suspensión de trámites y servicios del AGA (brindar documentos y copias certificadas) y el papel directo del Centro de Atención (CAT) del Registro Agrario Nacional (RAN) para la reactivación de estos trabajos a partir del 2 de enero. Sin embargo, mientras las obras de la nueva sede no estén concluidas, no hay certeza sobre el regreso de las consultas directas en el AGA; al menos, a corto plazo.
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El enlace de prensa de la Sedatu informa que “no hay fecha confirmada de la entrega del inmueble”; pese a que una vista rápida en las inmediaciones de la construcción, una mirada a esa especie de rectángulo que abarca la manzana, hace suponer que los trabajos van muy avanzados.
Dos fechas incumplidas para el segundo archivo más grande del país después del Archivo General de la Nación (45 mil metros lineales de documentos, 50 mil planos, 171 millones de documentos especializados) y un proyecto que ha requerido una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU); con alrededor de “500 mil solicitudes anuales”, según Sedatu y la atención de 8 mil 700 usuarios en sala de consulta en 2019, informa Regina Tapia, quien fue subdirectora del AGA hasta hace tres años.
Cifras que sirven para comprender el alcance del AGA y los sectores de la población más propensos a afectaciones por la suspensión de servicios. Tapia explica, en entrevista, que el AGA tiene cuatro tipos de uso: investigación, temas ejidatarios y judiciales, y servicios a instituciones. “El grueso de los usuarios del Archivo Agrario son sujetos agrarios, propiamente campesinos, representantes legales, asociaciones campesinas y, en un número importante, otras dependencias de gobiernos, porque alberga la evidencia documental de aproximadamente el 51% del territorio nacional. Entonces, Pemex tiene que consultar el Archivo Agrario si necesita meter un ducto en algún lado. Si se requiere trazar cualquier camino en este país, hay que consultar el Archivo Agrario porque uno tiene que pisar tierra ejidal. A Turismo le corresponde consultar el Archivo Agrario, porque normalmente todos los destinos turísticos en alguna manera se vinculan con el tema de las tierras de propiedad social. Así podría seguir con todas las Secretarías; es impresionante. Y no hablemos del Poder Judicial. El número de solicitudes de información por parte del Poder Judicial no solo de los tribunales agrarios, sino de todos los juzgados, es muy alto”, detalla.
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En ese sentido, continúa Tapia, el AGA ejerce un trabajo doble porque primero le ofrece al usuario la consulta para construir su proceso, y luego lo hace cuando el Poder Judicial pide a su vez, ya, la información de nueva cuenta al Archivo. Habla tanto de casos promovidos por particulares como de casos institucionales en los que hay que expropiar para hacer una carretera o pasar un ducto, quizá.
El Centro de Atención que se abrió, mientras tanto, ofrece la expedición de copias certificadas, copias de planos certificados, títulos de propiedad de origen parcelario, constancias, oficios informativos, listado de ejidatarios y comuneros con derechos vigentes, expedición de copias certificadas de planos, entre otros trámites. Y en el acervo del AGA destaca un fondo reservado que abarca códices, documentos de puño y letra de Benito Juárez y Porfirio Díaz, las firmas de todos los presidentes, archivo histórico (1915- 1992) y el archivo registral, con papeles posteriores a los derechos ejidatarios y comuneros, la reforma agraria de 1992.
Sobre el uso para investigación académica, Tapia comenta: “Debe ser un golpe sobre todo para quienes iban iniciando. Tengo entendido que sí se socializó la información, que el archivo iba a cerrar y que la gente se pudo organizar para adelantar trabajo. En particular, a quien yo conozco es a los alumnos que están consultando ahí para las tesis o los colegas que están haciendo trabajos académicos”.
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La doctora Helga Baitenmann, de la Universidad de Londres, menciona que en su experiencia como usuaria del AGA durante 15 años pudo “estudiar la reforma agraria desde una nueva perspectiva. Hasta entonces, los estudios sobre la reforma agraria habían sido regionales, en parte porque esta es una metodología importante en la historiografía de México, pero también porque teníamos que ir a las capitales de las entidades a consultar los archivos. Lo que el AGA nos permitió a las investigadoras, al centralizar los expedientes históricos, fue obtener una visión panorámica del país”.
Rebeca López Mora, doctora en historia por la UNAM, cuenta que al enterarse de la suspensión de servicios, tuvo alumnos que se dedicaron durante semanas a recopilar la información que necesitarían; no descarta los posibles casos de mala fortuna de investigadores que tengan detenidos sus trabajos y apela a la investigación cruzada, con fuentes complementarias como el DOF o el Archivo Histórico y Biblioteca Central del Agua.
Cuando un archivo de esta importancia permanece cerrado tanto tiempo “podríamos decir que se pierde momentáneamente la memoria de los pueblos porque no se puede acceder a ella”, afirma Antonio Escobar Ohmstede, doctor en Historia por El Colegio de México, quien también menciona que la dificultad de no poder acceder a la consulta directa del acervo del AGA es que la documentación que el RAN puede tener es relativamente reciente, data “de 1992 para acá. Si tú como habitante o autoridad de un pueblo requieres, por ejemplo, ciertos planos ejidales de los años 30 o 40, es probable que el RAN no los tenga”. Un campesino que pidió guardar anonimato contó que le llevó casi un año poder terminar un trámite en el Centro de Atención. Alrededor de 20 investigadores de distintas instituciones fueron contactados para este trabajo, pero no quisieron dar declaraciones.