Amedrentamiento, demanda contra EL UNIVERSAL

Para Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 para México y Centroamérica, la demanda por daño moral interpuesta por el director del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, contra EL UNIVERSAL, por la cobertura periodística de las denuncias de plagio realizadas por la doctora Catherine Andrews, responde a una tendencia y patrón ascendente “de utilizar las demandas y denuncias en contra de la prensa y en contra de las voces críticas por parte del poder público y por parte de personajes con proyección pública, como una forma de amedrentamiento”, pues buscan “desgastar tanto a las fuentes como a los propios medios”.

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El abogado y maestro en Derechos Humanos asegura que este 2025 ha sido el peor año registrado en número de casos considerados de acoso judicial. “En los primeros siete meses del año ya habíamos registrado 51 acciones legales contra periodistas y comunicadores y eso supera ya, por mucho, el que había sido el peor año, 2021, con 40”.

Lo que buscan, dice, como en este caso, personajes públicos como el director del CIDE, “es que no se hable del tema, que nadie más lo retome con la amenaza de que también podría ser demandado o demandada. Esto no solo afecta a las personas demandadas que se sujetan a un proceso largo, engorroso, sin condiciones de imparcialidad e independencia en el contexto político actual, sino que también manda un mensaje al resto de la comunidad periodística y al resto de personas que pretendan denunciar irregularidades en la gestión de José Antonio Romero Telleache”.

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La concibe como “una estrategia ya muy probada”, que les ha funcionado porque amedrenta a las personas demandadas e inhibe el escrutinio público de otros actores sociales que podrían estar interesados en obtener información. A ello se suma, dice, la tendencia creciente de iniciativas, varias de ellas aprobadas en los congresos estatales, para tratar de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión, sobre todo por la vía penal, a través de los ciberdelitos que en realidad buscan, dice, castigar el uso de redes sociales o la conversación pública o la crítica pública a través de Internet y establecen conceptos y criterios tan amplios y ambiguos que pueden dar pie a una persecución o una criminalización de la libertad de expresión.

Opinión semejante tiene el abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, quien reconoce que la demanda contra EL UNIVERSAL hay que verla a partir de dos cosas indiscutibles: la primera es que este tipo de demandas en diferentes momentos y contextos se han intentado usar justamente para inhibir el periodismo libre y la crítica a los actores públicos; y dos, que hoy vivimos en un contexto donde este tipo de demandas, que en tiempos normales podrían parecer absurdas, hoy se vuelven viables.

El columnista de EL UNIVERSAL afirma que Romero Tellaeche, quien es un funcionario de alto nivel, está buscando inhibir la crítica, inhibir la rendición de cuentas y silenciar a la prensa.