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Según la revista inglesa The Economist, vivimos en una época en la que “la política es una mezcla de políticas públicas sólidas y la erosión cínica de todas las instituciones”.
¿Qué más demostración de esto que el presidente de México diciendo que la justicia está por encima de la ley? ¿No se supone que la ley es por definición justa y destinada a promover la justicia? Pero en todo caso ¿No protestó él su cargo afirmando su compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes?
Y sin embargo, tiene razón. Esas leyes las hicieron otros, con diferentes conceptos de lo justo y con distintos objetivos y prioridades para gobernar. Entonces hoy, cuando él gobierna, lo que está haciendo es encargar otras leyes, adecuadas a sus objetivos y prioridades, las cuales cuando ya no gobierne, habrá a quienes no le gusten y a su vez las manden cambiar. Así son las cosas.
Pero lo que es incomprensible, es que en las decisiones que el propio gobierno toma, tampoco se respeten sus propios principios. Por ejemplo, casi dejaron morir a la Universidad Autónoma Metropolitana, una importante institución de educación superior, siendo que el discurso oficial afirma que la educación de los jóvenes es prioritaria e incluso se habla de crear más universidades.
O se le da dinero a los parientes de los fallecidos en Tlahuelilpan, siendo que el discurso asegura que se está combatiendo el huachicoleo y por más lamentables que sean esas muertes, las personas estaban robando gasolina cuando estalló el ducto. O con el pretexto de la austeridad, se está despidiendo a miles de trabajadores de sus empleos, siendo que de acuerdo al discurso oficial, el empleo es el modo de atender la pobreza y evitar la delincuencia. O se recorta brutalmente el presupuesto para la salud, lo cual ha afectado gravemente los servicios y la entrega de medicamentos a quienes los requieren, siendo que de acuerdo al discurso oficial, esta es una prioridad absoluta.
Pero al presidente y a los funcionarios no parecen importarles estas contradicciones, porque lo único que cuenta es lo que el jefe quiere hacer, y por eso hemos llegado al punto en que él decide qué es lo justo, cuál ley no se obedece y hasta cuánto va a crecer la economía.
Curiosamente, este modo de gobernar nos coloca a la vanguardia, pues es la nueva forma de hacer las cosas en todo el mundo. Atrás quedaron las teorías sobre mejores o peores formas de gobernar, primacía de la ley, democracia a la hora de tomar decisiones y lo que alguien define como “los que tienen respuesta técnica para todo, que ya han sido derrotados”.
De modo que lo que nos espera es muy claro: con la delincuencia y la violencia el gobierno no puede ni podrá. Con la economía quién sabe porque es un espécimen cambiante y caprichoso que depende de nosotros pero también de lo que sucede fuera. Con Estados Unidos, la vecindad seguirá siendo conflictiva como lo ha sido siempre. Con la migración, va a ser un problema cada vez mayor, porque serán más los que entran a México y el gobierno no sabe bien a bien cómo enfrentarla ni qué hacer con todas esas personas. Lo único entonces que podrá hacer, será bajarle un poco a la corrupción (a la real y a la inventada, la que se usa de pretexto para perseguir a personas y acabar con programas), tratar de resolver la cuestión de los energéticos para no dejarnos sin luz, gas ni gasolina, intentar atraer la inversión sin la cual será imposible llevar a cabo los proyectos y tranquilizar a los grupos enojados con respuestas lo más adecuadas posibles a sus peticiones y necesidades (no con amenazas ni persecución), aunque muchas veces sean contradictorias entre sí o con las prioridades gubernamentales. Pero antes que todo eso, deberá resolver pronto el problema de la atención de la salud, pues aunque los mexicanos aguantamos mucho, este sí será el límite.
Escritora e investigadora en la UNAM
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