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Después de una semana de que guardó silencio y esquivó el bulto, el presidente López Obrador finalmente se deslindó, el pasado viernes, de la burda maniobra legaloide aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar de 2 a 5 años la gubernatura que iniciará el próximo 1 de noviembre. “A mí no me consultaron nada y no tengo injerencia en esos asuntos… Legisladores de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, toman una decisión en un sentido. Imagínense si a mí me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado como era antes, se me caería la cara de vergüenza”, dijo el presidente.
Y para despejar dudas de que lo de Baja no fue un “ensayo reeleccionista” —como el que algunos ya comparaban con el de 1992, cuando Gonzalo Martínez Corbalá intentó reelegirse en la gubernatura, lo que se interpretó como una “prueba” ordenada por Carlos Salinas— López Obrador recurrió a la máxima priista de que “no hay línea y la línea es que no hay línea” en esta reforma a la Constitución bajacaliforniana que terminará impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy posiblemente declarada inconstitucional.
Habrá quienes le crean y quienes tomen con reservas el deslinde del presidente, pero lo que empieza a quedar claro son dos cosas: primero, que la mano que sí movió el asunto fue la del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, quien maniobró para alargar su gubernatura y compró los votos de los 11 diputados de la mayoría del PAN y 5 del PRI, a cambio de un “pacto de impunidad” para el gobernador saliente, el cuestionado y enriquecido Francisco Kiko Vega. Y segundo, que dentro de Morena el tema provoca diferencias y hay dos visiones: una, que condena tajante el albazo “que rompe el pacto constitucional” y pide sanciones mayores, como la “desaparición de poderes”, como expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y otra que la defiende, con argumentos pueriles y falaces, que “no se puede hacer elecciones cada dos años y la gente no quiere estar votando a cada rato”, como señala la dirigente nacional morenista, Yeidckol Polevnsky.
En medio de esas dos visiones extremas, está otro bloque de Morena, más mesurado, que pide que el tema sea resuelto en el Poder Judicial para determinar su constitucionalidad y si hubo o no violación del Congreso de Baja California. En esa posición parece estar el líder del Senado, Ricardo Monreal, quien sin negar la gravedad de lo que hizo el Congreso de Baja California, rechaza que la “desaparición de poderes esté sobre la mesa del Senado”, que es finalmente el órgano al que corresponde discutir las condiciones para declarar el desconocimiento de los poderes locales, algo que hoy no ve cercano Monreal.
Y mientras las reacciones se multiplican y el rechazo al “bonillazo” crece en sectores políticos y académicos, en Baja California el propio Jaime Bonilla, tratando de salvar la “vergüenza” que no tuvo, intenta dos posibles salidas a esta crisis provocada por su ambición de poder: una, la vía jurisdiccional, que la SCJN defina si la aprobación del Congreso local fue o no constitucional; y la otra, que impulsan también diputados locales de BC del PAN y de Morena, que es una “consulta popular” a nivel estatal en la que se le pregunte a los bajacalifornianos “si están o no de acuerdo en que se amplíe la gubernatura de dos a cinco años”. Y si la gente se pronuncia a favor, estarían no sólo legitimando su decisión sino también le darían elementos al Poder Judicial para su análisis, aunque si resulta que la mayoría rechaza la ampliación del mandato, no habría manera de sostener el “bonillazo”.
En cualquier caso no es un buen mensaje el que manda la nueva clase gobernante y la llamada “Cuarta Transformación”, al permitir que un gobierno que aún no inicia formalmente ya tome acciones y decisiones que generan dudas sobre su legalidad y ponen de relieve una ambición desmedida de poder. Es el costo de revivir, como candidatos de Morena y de la 4T, a personajes como Bonilla, ex priista que no dudó en llevarse con él a todo el PRI de Baja California, incluido su pacto político con Jorge Hank Rhon y el apoyo del compadre del Mayo Zambada, Jesús Vizcarra, con tal de asegurar la gubernatura, y que aún sin tomar el poder, ya demuestra, con estos sucios manotazos, su verdadera esencia y que en Baja California no habrá ningún cambio.
NOTAS INDISCRETAS…En lo que puede ser la última esperanza para la aprobación del T-MEC en Estados Unidos, el viernes llegarán a México los congresistas estadunidenses que forman el “Ways and Means Comittee” (Comité de Medios y Procedimientos) del Subcomité de Asuntos Comerciales de la Cámara de Representantes. Los diputados tanto demócratas como republicanos, se reunirán con sus pares de la Cámara de Diputados de México y sostendrán también algunas reuniones de alto nivel con el gobierno federal para emitir una opinión en el Congreso de su país sobre una eventual aprobación del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. La única posibilidad que queda para saber si el Congreso estadunidense aprueba o no el T-MEC será en el periodo en septiembre, pero esta visita a México es vista como una señal de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata, Nancy Pelosi, ya flexibilizó un poco su posición para discutir el tratado comercial…Serpiente mandan los dados. Mal inicia la semana.
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