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La aprobación que hoy ocurrirá del dictamen de la Guardia Nacional con el voto unánime de las ocho fracciones parlamentarias del Senado representa, sin duda, una buena noticia para la urgente crisis de seguridad que vive el país, pero también para la democracia. Porque detrás del acuerdo que permitirá que esta reforma constitucional lleve el consenso de todas las fuerzas políticas hay no sólo una gran lección de civilidad y entendimiento político, sino también la legitimidad necesaria para que el nuevo cuerpo policiaco, que será la columna vertebral de la estrategia de seguridad y combate al crimen de este gobierno, nazca con un amplio respaldo social y político para emprender la nada fácil pacificación del país prometida por el presidente López Obrador.
Con una Guardia Nacional que, además, cumpla con las exigencias de tener un mando y una estructura totalmente civil, por encima de su origen y disciplina militar, y el necesario cuidado en la vigilancia y el cuidado de la defensa de los derechos humanos, ganan todos. Gana el presidente López Obrador, que aunque insistió hasta el último momento en un cuerpo militarizado, al final se muestra sensible a los reclamos no sólo de sus opositores, sino de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y cede en las partes más sensibles y cuestionadas para una Guardia garantista; gana Morena y su bancada de senadores, que demuestran gran habilidad y capacidad de operación política para negociar con sus pares de otros partidos y alcanzar una mayoría contundente para la reforma constitucional; y gana también la oposición, que confirma que aún desde su condición de minorías, puede ser un contrapeso democrático real a la hegemonía del partido oficial, sobre todo si se une y aumenta su fuerza y capacidad de negociación.
Incluso dentro del gabinete y del conflictuado grupo gobernante, los triunfos políticos y los aciertos de haber sacado esta negociación son reales y se reparten. Ricardo Monreal, líder del Senado, sin duda se anota un logro porque le cumple su promesa al presidente López Obrador de corregir los cambios que hicieron en la Cámara de Diputados y que el mandatario descalificó públicamente, y al mismo tiempo fortalece su imagen de político “negociador y conciliador” con la oposición en el Senado; pero también parte del mérito se lo lleva la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien junto con el gabinete de seguridad hizo su parte al operar con los gobernadores del PRI, cuya influencia pesó para que los senadores, comandados por Miguel Angel Osorio Chong, apuraran el entendimiento con Morena.
Al final, la votación por unanimidad a favor de la Guardia tal vez no es la primera ni la última que ocurrirá en el Congreso mexicano, pero sí es importante porque sienta un precedente en el gobierno del presidente López Obrador, que a pesar de su enorme fuerza política y sus mayorías en el Congreso, siempre tendrá que negociar con una oposición que, unida, es contrapeso necesario para reformas constitucionales. Y eso en los tiempos en los que avanza la nueva hegemonía política de Morena, no es un asunto menor.
