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El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Héctor Vázquez Luna, ha convocado a los demonios en busca de castigar a un comisionado del instituto federal de transparencia (Inai), Joel Salas, por el sacrilegio de ofrecer al público datos sobre la condonación de impuestos otorgada a equipos del futbol mexicano durante el gobierno Peña Nieto (2012-2018).
Salas no extrajo la documentación respectiva de una cámara secreta ni de las alcantarillas del poder; solo difundió el reporte que el SAT había entregado a un ciudadano solicitante que se apoyó para ello en la legislación vigente. De acuerdo con el SAT, esa información seguía sometida a secreto fiscal, lo que contraviene la actual normatividad, pero también posturas públicas del presidente López Obrador sobre la necesidad de develar detalles sobre este tipo privilegios.
El informe respectivo, liberado por el SAT y propalado por Salas, asegura que en el sexenio anterior los perdones fiscales únicamente beneficiaron a los clubes de futbol Atlante, Monterrey y Universidad con la casi modesta cifra de 63 millones de pesos. Ello entra en contradicción con otras fuentes, que citan estudios de la Auditoría Superior de la Federación según los cuales esas condonaciones a los barones del balón y la cancha superaron los 2 mil millones de pesos en el citado periodo.
En otro episodio, el comisionado Salas y su colega Patricia Kurczyn están siendo señalados de protagonizar en el Inai una intentona de forzar a ese organismo autónomo para pasar como el autor o al menos la fuente final de la lista configurada ad hoc por el gobierno López Obrador con los nombres de 36 periodistas a los que buscó denostar atribuyéndoles haber recibido aportaciones de Peña Nieto.
En ausencia del comisionado presidente, Francisco Acuña (quien se hallaba fuera del país), los dos impugnaron un comunicado del 24 de mayo, avalado por Acuña y cuatro comisionados, que negaba haber entregado la referida lista, publicada la víspera.
El balance final de este tema exhibió que empleados del presidente López Obrador lo orillaron a mentir (lo negó “en honor a la verdad”). Ahora se sabe que empleados de la Presidencia confeccionaron la lista que tanto morbo despertó. Cuando por fin se dio a conocer la relación de pagos a medios en el pasado gobierno, por un total de 60 mil millones de pesos, los nombres de esos periodistas (entre los que fue incluido el suscrito) no figuraban en los documentos oficiales, lo que desnudó aún más la maquinación.
Una tercera estampa de lo que nos está ocurriendo como país refiere que el 22 de mayo, durante una comida de trabajo en instalaciones del propio Inai, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio otra vuelta de tuerca a la opacidad que se extiende ya sobre los temas públicos, al anunciar a los comisionados nuevos ajustes para “suavizar” los formatos de la declaración patrimonial de funcionarios gubernamentales, bautizada como la “3 de 3”, pero que cada se vez se aleja más de lo propuesto por organismos de la sociedad civil.
Apuntes: Gabriel García, uno de los principales estrategas electorales durante la campaña del ahora presidente López Obrador, dispone de un ejército de al menos 16,500 siervos de la nación, contratados el primer día del año para supervisar a los millones de familias que reciben ayudas sociales del gobierno federal, de acuerdo con documentos oficiales. Su cargo actual es coordinador de Programas Integrales de Desarrollo y reporta directamente con Palacio Nacional. Los siervos cobran en la Secretaría del Bienestar, que dirige María Luisa Albores, pero no están en su estructura, y manejan programas también de las secretarías de Economía o del Trabajo, entre otras dependencias. Colocado en unas solas manos, sobra destacar el poderoso músculo político-electoral que tal aparato supone.
