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Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), México ofreció concesiones extraordinarias a cambio de contar con un acuerdo que pudiera ser firmado por el presidente Peña Nieto antes de concluir su gestión. Esta urgencia se vio aderezada por una tensión personal entre los dos principales representantes de la parte mexicana, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, respectivamente.
Actores cercanos a la negociación aseguraron a este espacio que el equipo negociador de Estados Unidos mantuvo reservas ante las discrepancias que exhibieron Guajardo y Videgaray, lo cual requirió la intervención mediadora del propio Peña Nieto. El resultado de estos diferendos fue inicialmente el respaldo presidencial a Guajardo, pero al final del proceso, se dijo, Los Pinos dotó al canciller mexicano de un poder claro para fijar posiciones.
Las mismas fuentes indicaron que el equipo negociador del actual gobierno mexicano aseguró a su contraparte estadounidense que los colaboradores del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deseaban evitar el costo político de que el mandatario firmara el nuevo acuerdo el próximo año. Pero también advirtió que diferir el tema podría abrir espacios a los “radicales” en el círculo cercano al político tabasqueño.
Los negociadores norteamericanos interpretaron en este sentido la gestión de última hora desarrollada por el representante de López Obrador, Jesús Seade, para modificar el llamado “Capítulo Energético” del TLC, que garantiza la participación de inversionistas extranjeros en este sector. La gestión de Seade fue filtrada al diario The Wall Street Journal como una amenaza para la concreción del nuevo acuerdo.
El equipo de Robert Lightizer, cabeza de los negociadores estadounidenses, identificó que personajes como Manuel Bartlett, futuro director de la CFE, y Octavio Romero, postulado para encabezar Pemex, influyeron en López Obrador para que exigiera incorporar mayores restricciones en esta parte del acuerdo comercial. Al final solo se incluyó una frase formal en el sentido de que el Estado mexicano preserva el derecho de modificar sus políticas energéticas. Desde la Casa Blanca se interpretó que Marcelo Ebrard, futuro canciller, y el citado Seade habían logrado que los ánimos se atemperaran y otorgado a López Obrador la posibilidad de declarar que el nuevo acuerdo garantizaba la soberanía nacional.
Las mismas fuentes consultadas refirieron que Washington observó con escepticismo ofrecimientos realizados en los meses previos tanto por parte de Videgaray, como incluso del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el ánimo de generar una “atmósfera propicia” para la renovación del TLC. Estas ofertas abarcaron aspectos del todo ajenos al ámbito comercial, incluyendo asuntos migratorios y de seguridad.
“Navarrete Prida se destacó como el funcionario con un número de ofrecimientos que, creemos, difícilmente se podrán cumplir”, dijo una fuente estadounidense al referir que el funcionario planteó incluso que México podría comprometer una radical política de control migratorio en la frontera sur del país.
En contraste con la aparente inclinación de Videgaray y Navarrete a ceder ante gestiones del gobierno de Trump, las mismas fuentes mencionaron la intransigencia de Guajardo para aceptar un ajuste al TLC que hubiera limitado las exportaciones de legumbres mexicanas dentro de la temporada de cosecha y comercialización de muchas de ellas en el mercado norteamericano.
Tal reclamo, que atendía una promesa de campaña de Trump especialmente con los productores de tomate de Florida (estado clave en las elecciones del vecino país), no fue concretado gracias a que Guajardo convenció directamente a Peña Nieto de que México no debía ceder en un planteamiento que desquiciaría al sector agrícola en el país.
En contraste, se aseguró, México cedió a la “retórica” de Trump para imponer una mayor integración de partes norteamericanas en la fabricación de vehículos en nuestro país, tarea en la que adicionalmente deberán garantizarse salarios altos. Adelantaron que ello puede derivar en el encarecimiento de los automóviles, lo que atraerá una presión para que las plantas automotrices salgan del continente y se instalen en Asia u otras regiones del mundo.
Los actores cercanos a esta negociación en ambos países dijeron a Retrato Hereje que debe guardarse reserva sobre el proceso que observará este nuevo acuerdo y su impacto real en la economía. Primero, advirtieron, habrá que esperar a conocer la versión final del acuerdo, que se espera sea firmado por los presidentes Trump y Peña Nieto antes de que éste concluya su presidencia, el primer día de diciembre. “Por ahora hay más dudas que certezas”, indicaron.
En el mismo sentido, estas fuentes descartaron que la aprobación legislativa, especialmente por parte del Congreso norteamericano, vaya a generarse antes de mediados del próximo año. Incluso abrieron la posibilidad de que un nuevo balance de fuerzas entre republicanos y demócratas en el Capitolio estadounidense complique que el acuerdo cobre vigencia. En caso de un rezago, el actual TLC seguiría funcionando en sus actuales términos.
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