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Un manual distribuido desde la mañana de ayer en las dependencias clave del gobierno federal define la ruta a seguir para defender ante la ciudadanía la política económica de la administración López Obrador rumbo al año que está por empezar. El documento alerta de entrada sobre “asuntos sensibles” que los diferentes voceros oficiales se abstendrán de tocar en debates, entrevistas o comunicados.
Es pertinente que tome usted nota de la agenda oculta del Presupuesto, a fin de que le otorgue una segunda lectura a las cifras de los diversos documentos generados ayer desde el Congreso y que este domingo empezó a difundir intensamente la Secretaría de Hacienda, que encabeza Carlos Urzúa.
De acuerdo con el documento “Paquete Económico 2019. Manual de Campaña de Comunicación Social para dependencias”, entre la temática que los funcionarios buscarán dejar fuera de la mesa de discusiones destaca “estados y pacto fiscal”. Atrás de esa intención se halla un ajuste muy importante al llamado Ramo 23.
Entre otros, el Ramo 23 fue, durante los últimos 18 años (desde la administración de Vicente Fox), un eje clave en la batalla entre el poder presidencial y el poder de los gobernadores. Fox y Felipe Calderón lo eligieron para canalizar enormes cantidades de dinero público, con poca o nula transparencia, hacia los estados. Representó una fórmula que dotó de gobernabilidad a sus mandatos (con minorías parlamentarias), pero atrajo una corrupción galopante en muchos estados. Enrique Peña Nieto no quiso o no pudo modificar el modelo. Tres presidentes sucesivos radicaron en ese pacto un compromiso de silencio ante el latrocinio contra el erario.
Sin decirlo, López Obrador está rompiendo ese entendimiento, gracias a la mayoría aplastante con la que cuenta en el Congreso federal y en los de más de la mitad de los estados. Habrá que ver cómo reaccionan los gobernadores ante este apretón.
Pero si los mandatarios estatales abrigaban ya crecientes inquietudes con respecto a los fondos de que dispondrán, el horizonte se nublará más con anuncios que aún no se formalizan. Según fue confiado a este espacio, una porción importante del gasto que será ejercido en las entidades no pasará por las manos de sus gobernantes.
El volumen del problema estará determinado por el porcentaje en que los ingresos de cada estado dependa de participaciones federales. Pero la estimación es que hasta 40% de los dineros públicos canalizados a las entidades será controlado por los “superdelegados” designados por el López Obrador. Comparado con el poder (económico, político, electoral) que ello supondrá, parecerá irrelevante la preocupación que existió sobre la injerencia de estos funcionarios en temas de seguridad.
Otros asuntos vedados a la discusión por parte de funcionarios serán el futuro aeropuerto para la ciudad de México, en el cual no está previsto gastar un peso de dinero público en 2019. Tampoco, dicta el documento referido, se hablará de “impacto ambiental del Tren Maya”, cuestión que ya ha encendido una polémica. Asimismo, “disminución a programas de género”; “inversión extranjera”; “recorte presupuestal al campo”; “universidades”; ‘’Seguro Popular”; “derechos humanos”; “seguridad”; “Conacyt” y “sueldos a funcionarios”. Toda una agenda para acercar muy bien a lupa.
Una revisión inicial de las cifras del programa financiero 2019 revela que la mayor parte de esos rubros verán recortados los presupuestos con los que regularmente eran operados. Pero en otros casos podría ser simplemente que el gobierno quiere alejarse de una temática que puede resultarle incómoda.
Ello puede incluir el conjunto del sector salud, y en particular el manejo que tendrá el Seguro Popular. Implementado por Julio Frenk, secretario de Salud de Vicente Fox (2000-2006), ese sistema de financiamiento dio paulatinamente servicios a una enorme población (la mitad del país) sin acceso a seguridad social. Con Calderón el proceso se aceleró, contra lo que Frenk Mora recomendaba, lo que abrió el apetito de gobernadores para emprender una nueva forma de saqueo contra un rubro altamente sensible.
Peña Nieto estableció mayores controles, y se avanzó con enfermedades graves por parte del Seguro Popular, lo que abrió las puertas de los institutos a personas de muy bajos recursos.
Con López Obrador el Seguro Popular se transformará, cambiará de nombre y su ejecución no quedará en manos de los gobernadores sino, centralmente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Germán Martínez, para alimentar la estrategia centralizada que comenzó ya en ocho estados más pobres.
Otra parte del gasto seguirá en la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer. Pero el Presupuesto de Egresos le recorta al sector salud 3.2%, lo que se acumula a los varios ajustes en la administración Peña Nieto. Se trata acaso de la peor noticia en los anuncios de política económica definida por el nuevo gobierno.
rockroberto@gmail.com
