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La noche del viernes pasado, al enterarse del estallido en un ducto de Pemex en la comunidad Tlahuelilpan, Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador terminaba una gira por Aguascalientes. Decidió trasladarse hacia aquella población, ubicada en uno de los epicentros del robo de gasolina en el país, rodeada por carreteras que figuran entre las más peligrosas del territorio nacional.
El Presidente hizo un recorrido nocturno de aproximadamente cinco horas, la mayor parte en autopista, hasta San Juan del Río, Querétaro, pero hacia la medianoche se introdujo en lo que podría llamarse territorio apache hidalguense, donde solo en el último año fueron reportadas más de 2,100 perforaciones clandestinas a manos de bandas coordinadas por el crimen organizado, contra el que se ha declarado una confrontación directa.
El Hidalgo que recibió a López Obrador vive una convulsión ligada al tema del huachicol. Apenas un día antes de la visita presidencial, en esa misma región una patrulla de policías ministeriales había sido emboscada por pistoleros de traficantes de combustible, que mataron a uno de los agentes y dejaron mal herido a otro. Tres líderes de bandas ubicados por las autoridades fueron asesinados en los últimos días, al tiempo que en distintas ciudades del estado aparecían mantas con amenazas de muerte a estas mafias. Los autores de estas mantas son grupos ligados a Los Zetas, uno de los cárteles más sanguinarios.
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, ha lanzado una campaña que busca disputar a los traficantes de gasolina su base social. Está ofreciendo a jóvenes, mujeres, incluso ancianas que sirven de vigías, transportistas y vendedores de estos grupos criminales a alejarse de esa actividad y denunciar a quienes los contratan, a cambio de una recompensa en metálico.
En un entorno como el descrito, una de las múltiples inquietudes que surgen, y no la menor, radica en las condiciones de seguridad brindadas a López Obrador en las actuales condiciones.
Desde semanas antes de su toma de posesión, el político tabasqueño anunció la formación de un cuerpo de protección cuyo manejo fue encomendado al empresario de origen libanés Daniel Asaf. Hasta donde se sabe, se trata de una veintena de personas, presumiblemente no armadas, que rodean al mandatario especialmente en momentos en los que se acerca a multitudes.
Extraoficialmente se conoce que un destacamento militar, con elementos vestidos de civil y cuyo número se ignora, integra un segundo círculo de protección en momentos que se consideran de alto riesgo. Un oficial del Ejército acompaña de manera permanente al mandatario, y puede asumirse que él se hace cargo de ese despliegue.
Expertos consultados en la materia se mostraron azorados ante la posibilidad de que la estrategia de seguridad para López Obrador esté reducida a un esquema como el descrito. Y destacaron que lo mismo ocurre con integrantes del gabinete presidencial en tareas sensibles, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, o el nuevo fiscal, Alejandro Gertz Manero, por mencionar solo a dos.
Estos mismos especialistas destacaron que el número de personas ubicadas en el entorno inmediato de López Obrador puede ser irrelevante si ello no está complementado con tareas de inteligencia sobre las zonas que visita, las personas con las que se reúne y las características físicas y vecinos, por ejemplo, de los edificios cercanos a los desplazamientos del Presidente.
Existen las bases para suponer que López Obrador está colocado en una condición de peligro creciente. No se está hablando de un ser humano o incluso de un hombre público relevante. Se trata del presidente de la República, pieza clave en un sistema político que entraría en un caos profundo en caso de un accidente o de un atentado que afecte al mandatario.
Muchos de los colaboradores del Presidente han compartido en charlas privadas su preocupación por este tema, asegurando que le han expuesto a López Obrador la necesidad de cambiar su estrategia en este campo y fortalecer su compromiso con su condición presidencial. A juzgar por los resultados hasta ahora, esos llamados no han tenido éxito, o no han sido suficientemente claridosos.
APUNTES: Para cuando la Canacintra difundió un comunicado en el que se llamaba al gobierno federal a comprar a socios del sector las 1,300 pipas anunciadas por López Obrador para enfrentar la contingencia por la escasez de combustibles, un grupo de funcionarios, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard, tenía ya un pie en el avión que los trasladó a Nueva York para cerrar el primer pedido de 571 transportes de este tipo. Los primeros de ellos llegarán a inicios de febrero al país. Lo que no se ha dicho es que antes de tomar ese decisión hubo consultas con el sector y con la Canacar, que los agrupa, los que dijeron al gobierno que precisarían al menos tres meses para entregar las primeras unidades.
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