Más Información
Este martes llegará al Senado una iniciativa de ley que buscará superar, en el breve lapso de las próximas semanas, el obstáculo que puso en vilo durante todo el sexenio el establecimiento de la Fiscalía General de la República y convirtió ese tema en una de las mayores pesadillas del gobierno Peña Nieto.
Se anticipa un proceso singular, con actores implicados en una mecánica que hace no mucho se hubiera antojado inverosímil, pues reunirá a personajes que en el pasado reciente se enfrentaron con crudeza.
La iniciativa de ley reglamentaria de la reforma constitucional que en febrero de 2014 estableció la Fiscalía, fue elaborada por el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que la encomendó a Santiago Nieto, el ex fiscal electoral acosado y defenestrado por la actual administración.
Por órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico de la Presidencia, y de Miguel Osorio Chong, a las sazón secretario de Gobernación y ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Nieto fue despedido en octubre de 2017 por Alberto Elías Beltrán, subprocurador encargado de la Procuraduría General de la República (será quien la acabe sepultando, en más de un sentido).
Tras su cese, Nieto recurrió al Senado que lo había designado para defenderse, pero desistió ante amenazas de Jorge Márquez, oficial mayor y principal operador de Osorio Chong en Gobernación.
Castillejos, Alberto Bazbaz (con otros tantos) y el referido Alberto Elías Beltrán, conocidos como Los Betos, fueron señalados por años, de “manosear” el entorno judicial del país y someter a su conveniencia a la PGR, lo que provocó que la misma haya acumulado hasta ahora cuatro titulares.
El ciclo se empieza a cerrar pero todavía nos depara algunas sorpresas, luego de que tanto la cámara como San Lázaro, que funcionará como colegisladora, aprueben la iniciativa de ley reglamentaria elaborada por Nieto con la participación de la amplia gama de organizaciones ciudadanas integradas en el frente “Por una Fiscalía que sirva”.
De esta interlocución solo se ausentó el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, empecinado en imponer una reforma a la reforma de 2014, la que nunca ha entrado en vigencia, pues faltaba precisamente la ley que esta semana entrará a debate nacional. Los aspectos clave de esta propuesta de ley ameritarán una entrega próxima de este espacio.
De aprobarlo así el Congreso, ante el Senado se inscribirán “al menos” (como dice la enmienda constitucional) 10 aspirantes a ocupar la Fiscalía. Esos 10 o más nombres serán enviados al presidente Peña Nieto, quien enviará a los propios senadores una terna de la que saldrá el nuevo fiscal.
Es muy probable que debamos estar preparados para que de esta deliberación resulte designado como el primer fiscal general de la República un personaje cercanamente ligado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero sin que formalmente sea él quien lo proponga y cuando aún no ha tomado posesión.
Ese personaje es Bernardo Bátiz, procurador general de Justicia durante el gobierno de López Obrador como jefe del Gobierno capitalino (2000-2005).
Bátiz y Vázquez, que el pasado día 14 cumplió 82 años, es un jurista e intelectual mexicano que durante casi tres décadas (1965-1992) militó en el PAN, al que desertó junto a muchos otros notables panistas que habían formado el “Foro Democrático y Doctrinario” desde donde denunciaron que grupos empresariales se habían apropiado de Acción Nacional. Junto con otras figuras panistas como Jesús González Schmal, Bátiz se sumó al PRD. Ha sido diputado federal cuatro veces.
Pero quizá su mayor carta de presentación sea una modesta casa en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, que ha ocupado con su familia por muchos años, incluso tras ser procurador capitalino, en un tiempo en el que muchos funcionarios, bajo siglas múltiples, han usado a la política como una herramienta para hacer negocios.
APUNTES: El rector de la UNAM, Enrique Graue, imprimirá esta semana un enigmático ajuste en su equipo, tras los disturbios que sacudieron a la casa de estudios por la injerencia de grupos de porros. Despedirá a Javier de la Fuente como secretario de Prevención y Seguridad, dentista de formación que ha dado múltiples indicios de estar rebasado tanto dentro como fuera de la institución. Si no hay un viraje de último momento, el relevo será Néstor Martínez, responsable de la comunicación social en la Universidad. Se trata sin duda de uno de los hombres más cercanos al doctor Graue, pero su arribo a tales tareas extrañará a más de uno.
rockroberto@gmail.com
