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Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que el ajuste de personal en la burocracia de su gobierno busca recortar arriba, pero no abajo. Sin embargo, el hacha está golpeando en todas las ramas del árbol, arremete sin criterio ni racionalidad contra ese pueblo vestido de civil que son los funcionarios públicos.
Miles de familias en todo el país están siendo arrojadas a un fin de año precario y un futuro muy incierto porque sus parientes funcionarios han perdido el empleo y los dejaron con una mano atrás y otra delante.
La podadora parece ciega frente a la antigüedad, el lugar en el escalafón, el puesto, la plaza en el servicio profesional, el sexo o la vulnerabilidad.
Al parecer, toda persona que haya estado en la nómina federal es susceptible de despido porque pesa sobre ella el delito grave de haber trabajado para la administración anterior. Poco importa si son buenos o malos trabajadores, si dejaron la vida en su puesto, si mantienen a varios familiares, si pagan renta o tienen una hipoteca, si sus hijos están en la universidad, si un adulto mayor depende de su salario.
Quienes ahora mandan tienen la convicción de que sus antecesores son cómplices del delito de corrupción; por eso les urge correr a cuantos sea posible, para que otras personas, con aspiraciones políticas diferentes, ocupen los lugares en el gobierno.
La actitud de los recién llegados es la misma que se observa en las novelas de piratas: cuando el Corsario Negro logra asaltar la nave contraria, sus filibusteros tienen derecho a apoderarse del botín enemigo.
Los cargos públicos y los recursos administrados por la burocracia son ese botín que el Corsario toma sin pedir permiso, porque le toca, porque es justo, porque ya era hora.
“Nos están tratando como si fuéramos el enemigo, sólo por haber trabajado en administraciones pasadas”, lamenta una funcionaria del Servicio Profesional de Carrera, con 25 años de antigüedad, en la Secretaría de Gobernación.
“Nos obligan a renunciar, después de 33 años de servicio, y sin indemnización,” denuncia otra funcionaria del Servicio de Administración Tributaria.
Los números del despido son aún desconocidos, pero corre el rumor de que el volumen es masivo: el pueblo vestido de civil está siendo arrojado sin ninguna consideración.
“Desde hace meses (la gente del nuevo gobierno) solicitó un listado de trabajadores con nombres, antigüedad, RFC y otros datos. Luego palomearon, a raja tabla, quién se iba y quién se quedaba.”
No solo la incertidumbre sino también el miedo recorre la intimidad de decenas de miles de familias que desconocen el futuro de su economía porque sus parientes, los burócratas, se volvieron, de la noche a la mañana, persona non grata.
Esta tragedia se debe a la ausencia de un servicio profesional de carrera que, antes de la llegada del Corsario Negro, hubiese asegurado estabilidad en el empleo para los trabajadores de la Administración Pública Federal.
Durante años los gobernantes del PRI, y también los del PAN, prometieron instaurar un sistema profesional de ingreso, permanencia, avance y retiro para que los funcionarios pudieran blindarse de las ambiciones de la politiquería, pero nunca cumplieron.
Desde la época de la colonia los gobernantes mexicanos tienen propensión a pagar favores políticos con cargos públicos: regalan notarías, puestos en las aduanas, en la inspección de obra pública, ofrecen cargos de maestro, de asesor, de supervisores y tantos otros.
Al parecer también en la Cuarta Transformación la burocracia seguirá siendo vista como botín: una nave para corsarios con deseos de venganza.
ZOOM: Un gran pendiente no resuelto de la democracia mexicana es profesionalizar a la burocracia para que, sin importar el partido que esté en el poder, la administración de los bienes que son de todos se haga lejos de las pulsiones más bajas de la piratería.
