La unanimidad con que fue aprobada en el Senado la iniciativa constitucional para reformar a la Guardia Nacional no tiene precedente. Para lograrla debieron haber cedido todas las partes: la mayoría apabullante con que contaba Morena, pero también los partidos de oposición.
Los legisladores de todas las facciones mostraron madurez. Habría enviado una señal de debilidad a la delincuencia organizada que la Guardia Nacional naciera sin el respaldo de todos los representantes del Estado mexicano.
No bastaba, en efecto, que el presidente hiciera valer los votos de su partido y convenciera a nueve senadores de oposición, para que este cuerpo policial surgiera con plena legitimidad. Era necesario el máximo respaldo posible.
El partido mayoritario negoció, aceptó concesiones, modificó el planteamiento original, flexibilizó, pues, sus posiciones. De todos, quizá este sea el hecho político más relevante. El que se haya logrado un acuerdo de Estado para un tema que era de Estado.
El resultado habla bien de todas las partes. La letra pequeña que da cuenta de las muchas cesiones y concesiones merecerá un mejor análisis que por lo pronto no puede ser veloz.
