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Aumenta cada vez más el número de niños que participan en marchas y movilizaciones sociales, por lo que es válido preguntarnos si los niños podrían tener intereses políticos o sociales para justificar que participen en estos eventos, que algunas veces podrían tener un desenlace violento.
La ley impide la explotación laboral de los menores, les impide casarse, comprar y consumir cigarros y licores, ingresar a antros, por citar algunas restricciones.
Sin embargo, ninguna autoridad protectora de la familia como el DIF, las ONG´s defensoras de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la de la Ciudad de México, o incluso CONAPO, ha dado la voz de alerta respecto a la participación de menores en marchas extenuantes.
¿Podría ser que los organizadores de estos actos masivos los lleven deliberadamente como “escudos humanos” para impedir cualquier acción de la autoridad?.
Sin embargo, no vemos sólo niños, sino también ancianos, los cuales ponen en riesgo su salud ante un ejercicio físico prolongado, no apto para su edad.
Todo esto no es mas que la explotación de la pobreza, como también lo es la exhibición denigrante de mujeres que bailan totalmente desnudas en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, bajo el apoyo del grupo político “Los 400 Pueblos” para llamar la atención para sus demandas políticas.
Es sabido que detrás de las movilizaciones, manifestaciones y marchas, hay toda una industria que ofrece sus servicios al mejor postor y lo mismo la contratan partidos políticos, organizaciones civiles e incluso, algunas personas que persiguen fines personales chantajear a la autoridad.
Esto hace entendible la tolerancia de las autoridades de la Ciudad de México ante el desorden vial que se generan con estos grupos, en vialidades céntricas e importantes, pues en algún momento de su vida política, los funcionarios han recurrido a ellos.
Sin embargo, el caso de los niños pequeños que vemos en las manifestaciones y marchas debe ser atendido urgentemente por las autoridades, pues viola totalmente la ley.
Del mismo modo que existen otras restricciones para proteger a los niños, este tipo de explotación debe estar penado. Es evidente que los niños no tienen capacidad para discernir respecto a este tipo de temas y seguramente son obligados por sus padres, quienes reciben un pago por cada miembro de la familia que asiste.
Esta industria de las movilizaciones ha sido intocable pues generalmente existe la posibilidad de que las marchas realmente sean espontáneas y una manifestación ciudadana.
Vemos que cuando se toca este tema brincan quienes las organizan y lucran con ellas y las defienden como si fuera un instrumento de la democracia. Eso pensamos el común de los ciudadanos gracias a la desinformación que existe, pero las autoridades con toda seguridad tienen muy claro que esto es una industria altamente rentable.
Por el bien de los niños que vienen condiciones familiares vulnerables, las autoridades y ONG´s debiesen intervenir para sacarlos de este lucrativo negocio de movilizaciones y marchas.
¿Usted cómo lo ve?
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