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Después de la aplastante derrota del 1 de julio, PRI, PAN y PRD no solo están inmersos en sordas luchas intestinas por el control y la definición del futuro de esas formaciones políticas. También deberán enfrentar un ajuste draconiano en sus gastos, por la reducción de su financiamiento tras la caída en los porcentajes de la votación obtenida en los comicios.
Este último factor pesó, y mucho, en la decisión del PRI-gobierno de cesar, porque un cese fue, a René Juárez como su dirigente. El ex gobernador de Guerrero, quien hace dos meses entró al relevo en el tricolor para recomponer la desastrosa gestión del vergonzante Enrique Ochoa Reza y rescatar la alicaída campaña del candidato José Antonio Meade, tenía previsto mantener la unidad en la debacle electoral y completar hasta agosto de 2019 el mandato para el que fue electo Manlio Fabio Beltrones.
Pero ante la insurgencia del impresentable represor oaxaqueño Ulises Ruiz y su compinche César Augusto Santiago, los gobernadores del tricolor, encabezados por el de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, salieron al paso con argumentos planteados al presidente Peña Nieto: en el PRI no podía seguir al frente un derrotado, además de que no habría manera de darle oxígeno financiero al partido, sin el apoyo de los recursos provenientes de los 14 estados aun gobernados por el PRI.
Y es que el partido verá reducido su financiamiento público hasta en 60%. Antes de las elecciones, con 28% de la votación de 2015, el INE le asignó este año para gastos ordinarios mil 94 millones de pesos. Si ahora obtuvo 13% de los votos, la aritmética dice que en 2019 no tendrá más de 500 millones. Y, por lo pronto, tiene una deuda estimada en 200 millones de pesos con diversos proveedores. Viene un recorte inevitable de gastos y gente.
Por eso se precipitaron las cosas y cuando Juárez llegó a Los Pinos el sábado en espera de la ratificación presidencial, Peña Nieto le notificó que los gobernadores no lo querían y que estaba fuera. Así, Claudia Ruiz Massieu, que había sido marginada como secretaria general tanto por Ochoa Reza como por Juárez, se alzó con la presidencia interina del partido, dejando en el camino las pretensiones de Emilio Gamboa y de Miguel Ángel Osorio Chong, muy interesados que el exgobernador de Guerrero terminara hasta 2019 el mandato de Beltrones. Gamboa, para alzarse con la presidencia del tricolor y Osorio para garantizar la coordinación de la minúscula fracción priísta en el Senado.
En el PAN, mientras tanto, no se ve que su fractura esté en vías de sanación. Mañana será un día clave: está prevista una sesión extraordinaria de su Comisión Permanente Nacional. El orden del día incluye analizar qué pasó en la elección y qué sigue. Y lo inmediato es la definición de su liderazgo.
Atrás de los reflectores, Ricardo Anaya opera para mantener el control, aunque no necesariamente con él al frente. El actual líder, Damián Zepeda ya decidió no mantenerlo. Pero el ex candidato presidencial tiene otra carta: Marko Cortés, quien ya se ha reunido con algunos gobernadores panistas para plantearles que la sanación de la fractura pasa por el perdón de los errores.
Otra opción, que ni Anaya ni otros grupos panistas veían con malos ojos, era el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez. Pero se bajó de la puja. Dijo su mamá que siempre no. Y esto último no es solo una expresión jocosa. Realmente la mamá de Márquez lo convenció de no meterse en semejante berenjenal.
Anaya tiene una carta más, el primer gobernador en la historia del PAN, Ernesto Ruffo Appel, apoyado por Santiago Creel quien también había alzado la mano, pero ya la bajó.
Cualquiera de los anayistas deberá enfrentarse a Roberto Gil Zuarth, el candidato de los calderonistas, incluidos Felipe y Margarita, aunque últimamente se ha mencionado a una figura que podría concitar a la unidad: el guanajuatense Carlos Medina Plasencia.
El PAN también enfrentará una reducción en sus prerrogativas. Si antes de la elección tuvo 21% de la votación que le dio un financiamiento público de 828 millones de pesos, éste se reducirá en 200 millones de pesos ahora que solo obtuvo 17% de los sufragios.
En el PRD, mientras tanto, las tribus buscan un acuerdo para salvar al partido. La reingeniería propuesta por su dirigente, Manuel Granados, pasa por una agenda de apoyo a la izquierda progresista, lo que no excluye ni a Morena ni a AMLO, pero que Los Chuchos Ortega y Zambrano detestan. Por lo pronto pasan verdaderos apuros. Este año debe estar saldada una deuda de 110 millones de pesos de multas impuestas por el INE relacionadas con la elección presidencial de 2012, cuando López Obrador, por cierto, fue su candidato. Ese monto redujo desde ya su financiamiento público para este año fijado en 496 millones de pesos, que el entrante habrá de reducirse a más de la mitad por el magro porcentaje de votos obtenidos el pasado 1 de julio.
Algo deberán hacer los tres partidos y no solo por ellos, sino por la necesidad que México y cualquier democracia tienen de contar con una oposición sólida.
