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AMLO podría sufrir mañana la primera derrota política de su gobierno y la oposición, diluida, pero con la suma de su representación, alzarse con una sonada victoria. El tema es la aprobación de la Guardia Nacional que, al igual que otros más, de primordial relevancia para el país, están atorados, para mal, en un egoísta juego de suma cero.
¿Será imposible llegar a un consenso en el que ambas partes cedan para construir un instrumento que ayude real y efectivamente a devolverle al país condiciones de seguridad y frenar la violencia que nos destruye, más allá de las luchas de poder y de los intereses partidistas?
Hasta ahora parece imposible, aunque todavía queda tiempo para un acuerdo que, en términos generales, ya está planchado, según dijo a esta columna el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.
Todos los partidos, en términos generales, han acabado por aceptar la figura de la Guardia Nacional. ¿Cuál es, entonces, el desacuerdo? La estructura organizativa y funcional del instrumento, pues la oposición y el consenso de las organizaciones ciudadanas defensoras de los derechos humanos, advierten que la propuesta de AMLO militariza al país, lo que la 4T rechaza tajantemente.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 16 de enero la minuta que crea la Guardia Nacional, pero sobreponiendo un mando civil a su estructura militar y eliminando el artículo transitorio que avalaba, desde la Constitución, las tareas de las fuerzas armadas en seguridad pública mientras se conforma y consolida el nuevo cuerpo de seguridad.
Sin ese aval (con el Ejército y la Marina actuando sin un respaldo constitucional en tales funciones desde hace doce años, cuando Felipe Calderón declaró la inútil guerra contra el narcotráfico), la minuta de los diputados llegó al Senado. AMLO rechazó sus términos y pidió a los senadores de Morena restituir ambos puntos.
De manera que el dictamen aprobado en comisiones senatoriales por Morena restituye el transitorio que establece que las Fuerzas Armadas participarán temporalmente en tareas de seguridad pública (aunque no explicita el lapso de cuatro o cinco años que exige la oposición), así como la existencia de una Junta de Estado Mayor (mando militar) subordinada a una dirección civil, lo que PAN, PRI, PRD y MC consideran una estructura inaplicable en los hechos, vamos, una simulación.
El lunes pasado, con esa propuesta incluida pese al abierto rechazo de la oposición, Morena y PT aprobaron en comisiones el dictamen tras la salida de la representación del PAN, PRI, PRD y MC. Morena y AMLO consideran que, sin ese sustento constitucional, tendríamos como resultado un modelo como el que actualmente prevalece. Por otro lado, razonan: el mando queda en un civil electo, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la República.
Ambos puntos son irrenunciables para AMLO y Morena. A cambio, se dicen abiertos a incluir propuestas de la oposición como: la garantía de que los presuntos responsables capturados por la Guardia Nacional sean presentados ante ministerios públicos y tribunales civiles, no militares; y que sea también la justicia civil la que castigue abusos de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos.
Mañana en sesión plenaria del Senado se dará segunda lectura al dictamen, iniciará el debate y se aprobará o rechazará. Morena y sus aliados en el Senado tienen asegurados 76 votos. Le faltan nueve para lograr la mayoría calificada de 85 para aprobar una reforma constitucional. Si no los consiguen naufragará la reforma.
Instantáneas:
1. CABILDEOS. A quienes se vio comiendo ayer en un privado del Estoril de Polanco fue al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. También se dejaron ver, no sé si en encuentros por separado, Manlio Fabio Beltrones y la directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat.
2. SUCESIÓN. La Junta de Gobierno de la UNAM tuvo mucho cuidado en designar la madrugada de ayer al director de la Facultad de Ingeniería. Reeligieron a Carlos Escalante Sandoval y cerraron la puerta a Salvador Landeros, señalado en una investigación de la FGR como presunto autor de un quebranto a la máxima casa de estudios.
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