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La democracia mexicana en su versión electoral enfrenta la práctica legislativa de modificarla después de concluido un comicio o a inicios de un régimen presidencial. Patología del sistema político desencadenado desde la centuria pasada hasta el presente ha dado por resultado generaciones legislativas electorales dinámicas, cambiantes, diferenciadas, contrastantes, con logros y retrocesos, con aciertos e ineficacias, con omisiones o temas inconclusos en su instauración.
Una mirada a las generaciones legislativas electorales gestadas en el presente siglo, nos muestran la construcción del sistema electoral. En ellas se identifican el detonador y condensador de todo un patrón de instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales autónomas, la regulación de los partidos políticos, candidaturas independientes, preparación y organización de precampañas y campañas, la reelección a cargos populares, la paridad de género en la postulación de candidaturas, el financiamiento público y privado, la fiscalización y la publicidad del origen y destino de los recursos de los partidos políticos y candidatos, entre otro orden de asuntos.
En esta tendencia, es explicable el énfasis puesto a dar paso a nuevas reformas electorales con la conclusión de los comicios de 2018, catalizador legislativo electoral, registra 113 iniciativas de reformas constitucionales y legales, presentadas desde septiembre del año próximo pasado a la fecha, por las fracciones parlamentarias o legisladores (PAN, MC, PRI, Morena, PRD, PT, PES, PVEM), algunas se encuentran en comisiones, unas más aprobadas por la Cámara de origen y enviadas a la revisora, otra ya ha sido aprobada, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 12 de abril, prevé la prisión preventiva para garantizar la comparecencia del imputado cuando se presuma que incurrió en el uso de programas sociales con fines electorales.
La deliberación acuciosa de iniciativas del Legislativo Federal da origen y es formadora de una nueva agenda política-electoral centrada en la tematización y problematización del patrón electoral con diversos tópicos, entre otros, como la consulta de revocación de mandato de los cargos de elección popular federal y locales, extinción de los organismos públicos locales electorales, ampliación de las facultades del INE para organizar consultas sobre revocación de mandato, eliminación o reducción del financiamiento de los partidos políticos, elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prohibir que la reelección presidencial pueda ser sometida a consulta popular, redistribución de los tiempos de radio y televisión, implementación del voto electrónico, incluir las candidaturas a diputado migrante, garantizar la postulación a cargos de elección popular a persona discapacitada, garantizar el derecho de las comunidades indígenas a elegir a sus representantes en los congresos locales y cámara de diputados, asegurar el derecho al voto de las personas que se encuentren en proceso judicial y no hayan sido sentenciadas, implementar el voto domiciliado para las y los ciudadanos con alguna discapacidad física, visual o motriz, tipificar delitos electorales a la violencia política de género y las afiliaciones masivas de ciudadanos dentro de los partidos políticos y la manipulación indebida de los padrones de afiliados.
Esta condición de reformar continuamente la legislación electoral en períodos cortos, de mediano o largo plazos, se estima y valora como notoriamente una normalidad de la democracia. Sin embargo, resulta una condición insuficiente para lograr las transformaciones del orden político-democrático, estructurado y animado por las leyes y los derechos humanos. Al terminar por constituir un sistema electoral altamente complejo y cada función, atribución, facultad u órganos adicionados implica incremento de financiamiento para su operación. Por ejemplo, la creación de nuevos partidos políticos alude al aumentos de costos en prerrogativas o bien, en la visión centralizadora de seguir ampliando las funciones, decisiones y recursos en la autoridad administrativa nacional electoral y el desmantelamiento de las instituciones locales, acrecentará los gastos al tener que disponer de órganos desconcentrados que operen con instalaciones, servicios, en el ámbito de 32 estados, en más 2450 municipios, en distritos, de funcionarios de casillas, con personal calificado y apto para asegurar certeza e imparcialidad.
El sistema electoral enfrenta el dilema para construir una estrategia electoral util desde su planteamiento inicial que conduzca a la consolidación de un régimen electoral que tienda a simplificar normas, procesos, plazos, estructuras, órganos, sin dejar de ser sólido, eficaz y estable, reivindicador de la democracia integral. En esta idea podría revalorse la reducción de los períodos de precampaña y campaña, a la par de los mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular.
Ante ello, también la propuesta es dilucidar los componentes mínimos para una reforma electoral exitosa, es decir, que cumplan las expectativas de la democracia representativa para acreditar elecciones libres, imparciales y frecuentes, incluyente del sufragio libre de la ciudadanía, sin coacción, en que se considere el acceso de grupos en desventajas, con discapacidad, de minorías; de la democracia participativa las diversas formas de participación ciudadana directa en la dirección de los asuntos públicos como el referéndum, plebiscito, presupuesto participativo, audiencia pública, observatorio ciudadano; el fortalecer el sistema federal electoral con autoridades autónomas, independientes e imparciales; con un amplio catálogo de delitos electorales; con fuentes alternativas de información y someter las propuestas al escrutinio público.
Lo anterior contribuiría a superar las modificaciones recurrentes electorales sujetas a los vaivenes del cambio de gobierno o a la conclusión de los procesos electorales, a la incertidumbre en cuanto a los resultados esperados con una nueva legislación electoral, lo cual constituye un elemento perturbador para el logro de la confianza ciudadana y de los actores políticos.
Basta descubrir el dinamismo de la legislación electoral cambiante, recurrentemente reformada, adicionada, abrogada y derogada, con impetuosas expresiones de embates, disputas, cuestionamientos, consensos, disensos, que detonan y condensan generaciones legislativas privilegiadas de determinada agenda política que es modificada y ajustada después de un proceso electoral.
Es por ello que las modificaciones electorales en curso debieran considerar soluciones integrales en sus objetivos, ámbitos de competencia, nacional y local, atención a la realidad política y social, al reconocimiento y garantía extenso de los derechos humanos, al diálogo y acuerdos, a la convocatoria abierta y a la capacidad técnica para no generar ambigüedades, deficiencias y vacíos normativos. Ello con el objetivo de que superemos los ciclos mentales y políticos que hemos arrastrado desde dos siglos y podamos construir todo el contenido de la democracia pluralista, incluyente, aseguradora de libertades y derechos, así como para contener la obesa desconfianza, el fraude, la inequidad y la falta de inclusión en el arranque de la democracia.
