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En 2013, el Gobierno de la Ciudad de México aprobó la norma NADF-007-RNAT-2013, que establece los ordenamientos para el manejo y depósito de residuos de la construcción y demolición. De acuerdo con ésta, en 2018 los generadores de dicho tipo de residuo especial deberían reciclar por lo menos 90% de lo generado.
Evidentemente, lo anterior no se cumple. La triste realidad es que cantidades enormes de escombros, cascajo y todo tipo de residuos de construcciones y demoliciones terminan en tiraderos irregulares como barrancas y en suelo de conservación, contaminando y dañando el alto valor ecológico de estos sitios.
Las barrancas, en general, son áreas de escurrimiento de lluvia que forman arroyos y ríos que a lo largo de su trayectoria actúan como sumideros de agua, contribuyendo a la recarga del acuífero. Pero si las barrancas están llenas de basura y escombros –como es el caso–, entonces bloquean esta importante función, además que el reducido volumen de infiltración de agua, por la misma razón, va muy contaminado.
Las barrancas representan una superficie verde que en muchos casos cuenta con una importante masa forestal que lamentablemente se está perdiendo. Las barrancas y los sitios que se han afectado por tiraderos clandestinos de basura y cascajo deben recuperarse en su totalidad por el bien de la urbe, pues representan reservas ecológicas fundamentales para la sustentabilidad de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Es importante aprovechar sus grandes beneficios ambientales, construyendo parques lineales para el deporte y esparcimiento de los jóvenes y de sus familias.
En promedio, la CDMX genera alrededor de 4.3 millones de toneladas al año de estos residuos y en sólo cuatro días se genera lo mismo que se generó en el terremoto del 19-S. Dar un mal tratamiento a estos residuos especiales le cuesta mucho a la Ciudad. Sanear los espacios contaminados representa un costo de más de 300 millones de pesos anuales, sin tomar en cuenta los costos ambientales y sociales implicados.
Existen las tecnologías que permiten la separación, manejo y reciclaje de la mayor parte de estos residuos especiales y que pueden realizarlo en espacios relativamente pequeños, de tal suerte que incluso cada alcaldía podría contar con una o más plantas para este efecto y así dar cumplimiento a la normatividad, reducir altos costos de traslado, reducir la contaminación y fomentar el reciclaje para obtener una correcta disposición final del material.
Es fundamental que el gobierno exija el cumplimiento de la norma y promueva la instalación de plantas recicladoras de residuos de la construcción y demolición.
