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Desde la década de los noventa, Petróleos Mexicanos (Pemex) inició la instalación de sistemas de control remoto para verificar la conducción de sus combustibles y en 2000 se completó este sistema de control en la red de transporte de gasolinas, diésel y gas.
Los Sistemas de Obtención de Información, Control y Supervisión a Distancia (SCADA, por sus siglas en inglés) ayudan a la obtención de información en tiempo real, así como su análisis y retroalimentación, mediante una serie de programas sofisticados que permiten la detección inmediata de caídas de presión en los ductos y su ubicación, mediante georeferenciación. Con este sistema se tiene la atención oportuna e inmediata de tomas clandestinas en los ductos.
El sistema opera con eficacia en muchos países, lo mismo que en México. Las fallas que Pemex argumentó en la última administración fueron más bien excusas y justificaciones sin fundamento para tapar la tremenda corrupción que ha permitido el robo indiscriminado de combustibles, con pérdidas económicas astronómicas para la nación. Se han implementado acciones deliberadas de los mandos encargados de su operación, además de la omisión directa de los responsables, que muy probablemente han estado coludidos con los criminales.
Resultan absurdas las explicaciones de algunos funcionarios de la paraestatal, descalificando su propio sistema, cuando Pemex invirtió cerca de 300 millones de dólares, pero sobre todo cuando está comprobada su eficacia en todo el mundo.
Nadie cuestiona el combate al robo de gasolinas: es una acción indispensable y ahora hay que ir hasta el fondo. El problema está en la estrategia empleada.
Los ductos deben mantenerse en operación, porque es la forma más eficaz de detectar los puntos ilegales de robo de gasolinas y diésel. Cerrarlos ciertamente evita el saqueo, pero no resuelve el problema y al reabrirlos las tomas clandestinas seguirán ahí. El empleo de pipas debe ser muy temporal y sólo en determinados sitios. Cerrar los ductos y pretender la distribución por pipas, en lugar de resolver el problema, lo está complicando.
En el país consumimos alrededor de 121 millones de litros por día de gasolina y 55 de diésel. Para transportar estos volúmenes —según datos de Pemex—, se requerirían 12 mil camiones tanque. Pemex cuenta actualmente con mil 600 y las empresas privadas de transporte, con 4 mil 400. Quiere decir que el déficit es de 7 mil pipas.
Es imposible la sustitución de ductos por pipas. Además de un costo 15 veces mayor al de transporte por ductos, se están presentando problemas de muy difícil manejo, como por ejemplo la baja capacidad en tanques de almacenamiento, que ha obligado a que hoy estén fondeados 29 buques tanque en Tuxpan y Coatzacoalcos, obligando a Pemex a pagos multimillonarios por la pérdida de tiempo de los buques.
El transporte de combustibles en pipas es anacrónico, incosteable y muy inseguro. En muchas ciudades importantes del mundo ni siquiera se utilizan ya para la distribución a las gasolinerías, se entrega a éstas directamente a través de ductos.
SCADA permite la detección en tiempo real de tomas clandestinas. Esa es la información que debe alimentarse a los sistemas de inteligencia tanto de Pemex, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República. Todo el sistema debe tener una total coordinación entre estas dependencias, discreción y eficacia, para que una vez identificados a los responsables y dado que ya se ha clasificado el robo de combustibles como “delito grave”, se establezcan las denuncias judiciales y se proceda en contra de todos los criminales, caiga quien caiga.
Apoyamos las acciones que sean necesarias por parte del gobierno federal para el combate a este crimen, pero proponemos una mejor definición de la estrategia, basada en investigación eficaz e inteligencia. Consideramos que se puede recuperar la integridad y seguridad de toda la red de ductos de transportación energéticos, manteniendo en operación el sistema.
