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Para Rafael y Gabriela Moreno Valle, compartiendo su dolor
La última colaboración de este año abre un espacio para la nostalgia, por lo mucho que se acaba. Es tiempo para recapacitar sobre lo que se pierde. No sólo termina un año, sino que con la elección de julio acabó una etapa de México. Con el mes inicial del gobierno del presidente López Obrador se cerró la oportunidad para el lanzamiento de una dinámica distinta para México. Es mucho lo que acaba.
Sobre 2018 se dice y reflexiona por doquier, no abundaré en ello. Sobre el segundo punto, el triunfo de AMLO en julio pasado, mucho se ha escrito en este mismo espacio. Por eso me concentraré en el tercer aspecto, la oportunidad que se pierde por concluir, como concluyó, el primer mes del gobierno de AMLO.
Por hartazgo, el mandato ciudadano en la elección fue contundente a favor del “cambio”; ahora a López Obrador le toca precisarlo y hacerlo realidad. Sus primeras semanas en el gobierno marcaron estilos e indicaron la capacidad que tendrá para lograrlo. El arranque fue pobre, por lo que el año concluye con el riesgo de que los mexicanos perdamos la oportunidad para iniciar un cambio de fondo, que la gran mayoría ahora reconoce como inevitable y hasta deseable en algunos aspectos.
Quedó atrás la oportunidad de lanzar un programa de gobierno claro y capaz de iniciar una etapa de verdad distinta. Los planteamientos gubernamentales se limitaron a repetir, prácticamente en sus términos, las ofertas de campaña de AMLO. El lenguaje abonó a la monotonía de repeticiones, generalizaciones y la noción de una comprensión limitada y hasta equívoca de la historia reciente. No se produjeron los grandes trazos propios de una gran iniciativa.
Entre lo que faltó destaca un compromiso creíble con el cumplimiento de la ley y el respeto al Estado de derecho. Más aún, varias acciones del gobierno se ubican al filo de la legalidad. En vez de responder a la demanda por un cumplimiento estricto de la ley, la respuesta consistió en acciones que generaron dudas sobre su legalidad, detonando una andanada de procesos judiciales.
También concluyeron los trabajos del Legislativo con planteamientos presupuestales, que se sostienen sólo como una carátula que sirve como tapadera de un verdadero volcán de asuntos a punto de erupción. Se perdió la oportunidad de tocar a fondo asuntos centrales, como una actualización verdadera del federalismo mexicano. También la oportunidad para sentar una estrategia real y efectiva, capaz de reducir la violencia y reestablecer el orden y la paz pública. Cancelar la reforma educativa, limitándola a cercenar la evaluación de su calidad y su relación con la organización del sistema magisterial dejó un gran vacío; se perdió la oportunidad para cementar una reforma educativa que, a juicio de todos, fuera completa, eficaz y viable.
La confusión en materia de salud es igual o mayor. Se canceló el Seguro Popular y no se le sustituyó por nada claro, quedando un vacío burocrático, que pronto afectará a la población con mayores necesidades de salud.
Se perdió la oportunidad de lanzar una estrategia redistributiva de verdad, capaz de reducir la informalidad, la pobreza y, por esa vía, aminorar la concentración del ingreso. No hay un diagnóstico sólido de por qué el fracaso de las estrategias focalizadas contra la pobreza, que iniciaron en 1997 con Progresa. Agregarle programas y subprogramas y algo de recursos no garantiza que cambiará su potencia para atender a los numerosos grupos de mexicanos marginados; otra que se fue, la más importante.
Es particularmente difícil explicarse por qué un gobierno que tiene como principio fortalecer al Estado, en relación con otros poderes fácticos y en términos de sus capacidades para atender necesidades, haya perdido la oportunidad de plantear una verdadera reforma fiscal integral, que por definición debiera ser gradual y abarcar los tres órdenes de gobierno y la seguridad social. Peor aún, varias iniciativas atentan contra un ánimo de colaboración en la materia. Es el caso de la imposición de los superdelegados estatales y los atisbos de una estrategia de seguridad centralizada, que ignora las responsabilidades constitucionales de los gobiernos estatales y municipales. Con esta actitud también se perdió la oportunida de iniciar una reingeniería a fondo de la estrategia de México en materia de seguridad pública, abriendo hondas dudas sobre la legalidad en la materia. Nada se dijo de fortalecer los ministerios públicos y los órganos encargados de impartir justicia; por el contrario, se lanzó una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial, centrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
México requiere cambiar a fondo, así lo demanda su ciudadanía, no dejemos que se escape la oportunidad.
Presidente de GEA Grupo de
Economistas y Asociados, StructurA
