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México está polarizado y dividido. En los periódicos son evidentes las diferentes posiciones editoriales respecto de un mismo tema, muchas de ellas confrontadas, pero incluso, entre columnistas de cada medio las opiniones están en los extremos. A la par, varios medios tratan de acercarse al gobierno en turno, contratando comunicadores afines a ellos. La misma polarización también se percibe en las estaciones de radiodifusión y es mucho más evidente en las redes sociales.
En éstas, los ataques a instituciones y personas han llegado a ser deplorables. Los temas más álgidos en días recientes han sido la muerte del matrimonio Moreno Valle-Alonso, y el desabasto de gasolina en el centro del país. En el primer tema, incluso durante dos días seguidos fue Trending Topic nacional tildar de asesino al presidente de la República.
Entre las instituciones nacionales y clase política, el ambiente no está mucho mejor: más de 21 mil burócratas se han amparado contra la nueva política de remuneraciones del gobierno federal. Casi todos los organismos autónomos de este país están llevando al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión (ambos bajo control de Morena) a tribunales por afectaciones a su autonomía y régimen de prestaciones. Entre estos destacan Banxico, Cofece, IFT, INEE y hasta el propio el INE.
Por su parte, la clase política, los diputados y senadores de oposición en el Congreso de la Unión, cuando pierden votaciones acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de ganar judicialmente lo que perdieron frente a mayorías. Ahí están los ejemplos de las recientes acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones, la Ley Orgánica de la Administración Pública y los Superdelegados federales.
En este contexto, las divisiones más visibles son por filiación partidista, por nivel socioeconómico, por ideología y hasta por código postal de donde se radica. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador trae altos niveles de popularidad, hay evidencia empírica suficiente para pronosticar que los constantes ataques del “círculo rojo” y de las redes sociales (algunos de ellos falsos), así como el desgaste normal del ejercicio de gobierno, harán que baje su aprobación.
¿Cómo encauzar estos conflictos sociales y políticos? Para los conflictos político-legales, la SCJN tiene una gran oportunidad, no sólo para refrendar cómo deben ser las leyes que nos rigen, sino también para llamar al orden a la clase política, que cada vez es más frecuente que quiera arreglar sus diferencias en tribunales y/o silenciar a las minorías opositoras.
De hecho, la abrumadora y transparente elección del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, a la par de una serie de medidas administrativas tomadas y nuevas formas de comunicar, han reposicionado y legitimado rápidamente al máximo tribunal del país para que sus fallos sean respetados, respeto que se gana y pierde día a día, pero parece un poder encaminado a hacer sentir un cambio en la clase política y en la sociedad.
Sin embargo, para frenar la polarización que vive la sociedad mexicana se requiere forzosamente que el presidente de la República matice su discurso y tienda puentes, incluso con quienes llama adversarios. Me parece que está aprendiendo, pues hay diferencia de cuando murieron los Moreno Valle-Alonso en Puebla, y todo lo que ahí se desató, a cuando el pasado fin de semana murió el ex gobernador Alfredo del Mazo. En este último deceso, el presidente incluso guardó un minuto de silencio durante la presentación oficial del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, a pesar de también haber sido gobernante de oposición.
El tiempo dirá si la SCJN continúa reforzando su posición en la vida política del país, en la mejor tradición liberal y garante de los derechos humanos, pero también el tiempo dirá si el Presidente opta por una actitud pragmática para tratar de reducir la polarización en el país. O, si por el contrario, opta por una actitud ideológica, dado que pudiera pensar que le es más redituable electoralmente que intentar amainar polarización.
Cambiado de tema:
¿Será cierto, como dice el Sindicato de Telmex, que dependencias federales —la Segob y STPS, ambas sin facultades en materia de telecomunicaciones— en los hechos frenaron la separación funcional de la empresa? De ser cierto, sería el primer organismo autónomo que, en los hechos, desaparece al regresar sus facultades al sector central.
