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EU solicita dos cadenas perpetuas para “El Menchito”; lo acusan de asesinar en masa y de violencia extrema
Este 30 de agosto se celebrará la XLII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), un espacio donde las autoridades federales, gobernadores, un representante de los municipios y 5 invitados de la sociedad civil, hacen un corte de caja sobre cómo se encuentra la situación nacional en esta materia, y aprovechan el espacio para proponer y acordar acciones para tratar de mejorar las condiciones generales del país.
Estos encuentros suelen acompañarse de declaraciones autocomplacientes, que exaltan los avances y que tratan de explicar por qué –a pesar de la creciente percepción ciudadana de inseguridad- el país va mejorando.
En esta ocasión, será difícil sostener el tono triunfalista ya que el país enfrenta una crisis de violencia equiparable al peor momento de la historia reciente. Comparando los primeros 7 meses de 2016, contra el mismo periodo de este año, el homicidio doloso creció 27.37%; el homicidio culposo 9.96%; el secuestro 3.66%; la extorsión 18.69%; el robo con violencia 34.73%; el robo de vehículo 15.68%; el robo a casa habitación 2.98%; el robo a negocio 39.12%; el robo a transeúnte 35.22% y las violaciones 0.22%.
Seguramente la autoridad federal tratará de recalcar que, pese a la violencia de este año, la tasa mensual de homicidios dolosos no ha superado a la del peor mes de los últimos 21 años –la de mayo de 2011-, omitiendo que junio, mayo y julio se posicionan respectivamente como el segundo, tercer y quinto mes con la tasa de homicidio más alta desde 1997.
Se nos hará notar que, si se comparan los últimos dos meses –junio contra julio-, la mayor parte de los delitos bajó –el homicidio doloso 9.30%, por presentar un ejemplo- o permaneció prácticamente igual y con esto se buscará recalcar la capacidad del Estado en cuanto a la gobernabilidad.
En esta sesión, gobernadores y federación insistirán en que toda la culpa de la violencia –o casi- es atribuible al Sistema de Justicia Penal Adversarial (SJPA), nos hablarán de por qué debe ser reformado, ampliando el catálogo de delitos que permiten la prisión preventiva oficiosa, particularmente cuando el imputado ha sido detenido portando armas de uso exclusivo del ejército.
Escucharemos que insisten en la necesidad de un marco normativo para la actuación del ejército y la marina en las labores de seguridad.
Probablemente habrá propuestas de los gobiernos locales que buscarán mostrar liderazgo en algún tema específico. Se exaltará la plena puesta en marcha del número de emergencia 911, las capturas de los objetivos prioritarios y la relevancia del trabajo hecho en los últimos 3 años por la división de Gendarmería de la Policía Federal.
Como es costumbre, dudo que podamos escuchar un análisis objetivo de qué está fallando, por qué la violencia y la incidencia delictiva se encuentran en los actuales niveles y cuál debe ser la ruta a seguir.
¿Qué sí deberíamos esperar de un órgano de tal relevancia? Rendición de cuentas.
Es obvio que ésta no es la plataforma para presentar los pormenores de una estrategia; sin embargo, sí debería ayudar a entender:
¿Qué hará la federación para hacer cumplir sus compromisos en materia de seguridad y justicia a los gobiernos locales?
¿Cuál es el modelo de policía que el país requiere, y cuándo los policías mexicanos serán tratados justamente, reformando el segundo párrafo de la fracción XIII, Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución que impide la reinstalación de policías, peritos o agentes ministeriales, aún y cuando hubieran demostrado su inocencia tras un proceso penal?
Antes de reformar el SJPA ¿cuál es el diagnóstico de deficiencias y carencias de los operadores? ¿cuáles las lecciones aprendidas y las buenas prácticas?
La ruta general de combate a la corrupción e impunidad.
Las acciones que deben debilitar la estructura financiera de delincuentes a través de mejorar la extinción de dominio de sus bienes acreditables, y aumentar el combate al lavado de dinero.
¿Qué estado de avance tienen las otras propuestas y compromisos asumidos por el pleno del CNSP?
Si el conjunto de autoridades del país no entiende que el CNSP no debe ser un momento para los autoelogios sino un espacio de rendición de cuentas y de profundo entendimiento de lo que sí sirve y lo que hay que cambiar, difícilmente podremos avanzar.
Debemos recordarles que su tiempo nos cuesta a todos. Reunir a los 32 gobernadores, procuradores, fiscales generales de los estados, secretarios de seguridad pública, secretarios de estado y demás autoridades, debe producir resultados.
Sobran las conferencias nacionales y regionales –de procuración de justicia, seguridad, sistema penitenciario, unidades especializadas en combate al secuestro, etc.- y poco hemos logrado en términos de repacificación del país.
La disminución de delitos entre junio y julio aún resulta insuficiente para poder pensar que lo peor pasó, que el comportamiento del delito se sostendrá a la baja y, sin acciones que reviertan la actual tendencia, sigo pensando que 2017 terminará como el año más violento de la historia del país.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL