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Es sabido que la fortaleza de las instituciones no se construyen sobre bases utópicas, sino realistas. Los grandes proyectos no se dan en un despilfarro. La Utopía de Tomás Moro, por supuesto, no queda a expensas de un presupuesto austero. Los proyectos de docencia e investigación, no son “sueños guajiros”. La prosperidad de ellas depende no de bajos salarios, sino de una estructura de estímulos, en dirección a una mayor productividad. Erradicar la cultura de privilegios, en sueldos, no debería ser la obsesión, si se conecta con la eficiencia, como lo hacen los países europeos o los japoneses.
El progreso va de la mano y es inseparable de instituciones de calidad. Va contra la lógica de instituciones pobres o creadas “al vapor”, a veces, de una transformación que dista mucho de lo deseable en pleno Siglo XXI. Tiene que haber una razón económica. Si el pobre era subsidiado, no haría más pese a un mejor trabajo, ni por un salario. Por el contrario, la pobreza en siglos pasados, se asociaba a la gran cantidad de pobres en regiones y campos improductivos y en economías empobrecidas. Por supuesto, no es el caso de las universidades públicas de este país, pero el riesgo y los retos, pueden ser de ir hacia allá.
A más de 90 días de huelga, las autoridades y los huelguistas se han mostrado con una negociación cerrada. La polarización de las posiciones ha sido extremas. Pero hay tres condiciones de esta negociación, que se debe entender en un marco jurídico y presupuestal, más amplio:
La UAM, como universidad, se sabe que depende de recursos públicos que recibe de la Federación.
Que en esta ocasión, los incrementos salariales de 3.35 directo al tabulador y 3% a académicos de medio tiempo y tiempo parcial, y los administrativos, fueron presentados sin maniobras de especulación.
Si bien las autoridades de la universidad han respetado los derechos de huelga y los derechos laborales, ellos no pueden ponerse en duda ni ser estigmatizadas.
La costumbre siempre en los salarios caídos, ha sido de responsabilidad compartida, de 50 y 50% entre autoridades y los huelguistas. A estas alturas, la petición de los salarios caídos al 100%, pareciera no ser razonable. En el presupuesto no sólo está autorizado, sino ya es un asunto devengado, como fue el caso de la Universidad Autónoma de Chapingo. Queda obvio, a una salida negociada de carácter emergente, aunada al desgaste y la afectación que hubo en una huelga tan ardua y larga.
El énfasis en la actuación de las instituciones, queda en manos directivas, abiertas, honestas y capaces. La exigencia del buen uso del presupuesto público, no es exclusivo de las autoridades, sino del conjunto de la comunidad universitaria. He ahí la disyuntiva, en este caso de la universidad. ¿A quién le quito, para darle más a quién?. Al parecer, los órganos colegiados se encargan de la distribución y asignación de cada peso, pero qué pasa con los tabuladores. Hay una inercia, de años, que no se revisan a profundidad, para ver los muchos “pecados capitales”. Eso es lo que pasa, con la masa de trabajadores que son asalariados. En estos tiempos difíciles, no es posible fincarle más responsabilidades y tareas, cuando no se ve lo que realmente se gana en salarios, en términos de pesos.
Hay presiones perniciosas y destructivas, que van más allá de la mera racionalidad simplista. El mercado laboral de este país, nos dice que un trabajador universitario gana más por las mismas tareas, que en las empresas privadas, lo cual en muchos casos, no ocurre así. Sin embargo, esa élite de trabajos no corresponde a las diferencias al interior de una universidad pública, lo cual hace que crezca y no disminuya esa desigualdad. A la larga, el sindicalismo ha tenido que dar respuesta, mediante revisiones en los contratos de trabajo, año con año. Las bases de trabajadores, así lo ha exigido, pero los cuerpos directivos y colegios académicos no han sido capaces en lo administrativo, para dar solución a esto.
De ahí parte la solución, la confianza de un nuevo acuerdo, que frene esa espiral de desigualdad al interior. De autoridades y la parte sindical, más proclives a ofrecer soluciones. Por una reivindicación de salarios no tan precarios. Quien debe accionar esto, no está sólo a disposición de un presupuesto realista, sino en la capacidad de gestión de un presupuesto más amplio ante la Federación. Sin menoscabo de los retos y necesidades de esta gran transformación. Más que una transformación a medias, debe haber garantías de una gran visión, del papel que juega la educación superior, y que no quede en simples sueños utópicos.
