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En el Derecho Romano, un principio básico en materia de contratos es el pacta sunt servanda. Los contratos están para cumplirse. Lo normal es que los contratos se cumplan, la anomalía es que se quebranten. Si no se cumplen, hay penalizaciones. Las rescisiones, pues, cuestan. A nadie se le puede obligar a cumplir un contrato si no quiere, pero eso sí, debe reparar el daño.
Desde que llegó al poder, el presidente López Obrador ha anunciado que revisará todos los contratos. Si una empresa firmó con gobiernos anteriores, navega ahora en la incertidumbre. El asunto es delicado. Porque es muy loable el propósito de no dejar pasar un centavo de corrupción. Pero los litigios internacionales son cosa seria (no como los juicios de las mañaneras) y si no hay pruebas y se cancelan contratos, puede venir una andanada de demandas contra México que además ahuyente a los inversionistas.
El primer episodio pudo resolverse: el aeropuerto en Texcoco. No hubo demandas porque el gobierno decidió hacer un gasto enorme para regresar todo el dinero a los perdedores y además se les prometió un premio de consolación en la terminal de Santa Lucía a cambio de no ejercer las penas convencionales.
Pero un segundo episodio se puede complicar:
El hombre que se volvió famoso porque tiró el sistema electoral, está por tirar el sistema de gasoductos. Y es mucho más monstruo que el aeropuerto. Para empezar, los contratos fueron firmados pasando por comités de inversión, consejos de administración, mejores prácticas, etc. Nadie tomó decisiones de asignación directa o invitación restringida (como sí sucede en 7 de cada 10 contratos en lo que va del sexenio lopezobradorista, según documentó Mexicanos contra la Corrupción).
El esquema, para volverlo fácil de entender, era el siguiente: el gobierno decía que no tenía dinero ni capacidad para la muy necesaria red de gasoductos. Constructores, transportistas y fondos de inversión acordaron hacer la infraestructura para entregar gas natural. Las empresas que arriesgaron el capital solicitaron que dichos proyectos fueran pagados a través de una renta de capacidad por parte de la CFE y algunas empresas privadas. Firmaron contratos de largo plazo, conocidos como take-or-pay. Esas rentas fueron establecidas incluso por debajo de los límites que en su momento marcó la hoy tan apabullada Comisión Reguladora de Energía. Es decir, dado que compraban por mayoreo, se convinieron en un buen precio. Adicionalmente, una vez pagada la inversión, los gastos de operación y la ganancia de los inversionistas, el ducto pasaba a manos de CFE. En resumen, algo así como el leasing de un automóvil.
Desde hace unos días desde el gobierno se ha venido coqueteando con la posibilidad de cancelar los contratos de los gasoductos de la CFE. Se supone que hay irregularidades (Bartlett hablando de corrupción siempre se toma con precaución). Combatir la corrupción, de nuevo, es una gran señal. Pero un paso en falso puede impactar el riesgo-país. Si los inversionistas son maltratados sin pruebas y sus contratos no son honrados, pueden bajar la cortina y decir: no me pagas, no tienes gas natural. Y sin gas, no hay luz, no hay industria.
SACIAMORBOS
. México sin gas, y en Texas pagan por que se lo lleven. El problema es… que no hay ductos. Plop.
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