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Según fuentes oficiales de primer nivel, los órganos de inteligencia del gobierno federal están muy cerca de cuajar un caso de escándalo financiero contra el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya.
El noviembre del año pasado, el periódico EL UNIVERSAL publicó que Anaya se daba una vida de lujos —vuelos constantes a Atlanta, su familia viviendo en Estados Unidos— inconsistentes con los ingresos y patrimonio declarados en su 3de3.
Ricardo Anaya, como suele ser su estilo y estrategia, salió a responder echado para adelante. Dijo que el dinero que tenía no provenía de la corrupción, sino de que la familia de su esposa era rica desde antes y de que él acababa de vender una bodega en 53 millones de pesos. Relató brevemente las historias del patrimonio personal y el de su familia política.
El asunto pareció zanjado, al menos mediáticamente.
Sin embargo, ese cuestionamiento no se quedó en el olvido. Resucitó a consecuencia del pleito entre Los Pinos y el dirigente nacional del PAN, derivado de la elección del Estado de México.
Las autoridades “le rascaron” al asunto, evaluaron las respuestas de Anaya y me dicen que están muy cerca de “cuadrar” el expediente en su contra porque no encuentran explicación de cómo él y su suegro se hicieron de esas bodegas y los terrenos que reveló en su reportaje de ayer EL UNIVERSAL.
La sospecha central es que si bien su fortuna actual se puede entender a partir de la venta de esas propiedades, no está tan claro cómo fue la compra de éstas. Sospechan que se benefició de sus posiciones en la política, desde que fue secretario particular del entonces gobernador de Querétaro, el panista Francisco Garrido.
Frente a los señalamientos, Ricardo Anaya está de nuevo en modo-ataque. Ante la revisión exhaustiva de sus cuentas, veremos quién gana el debate político y quién gana el debate en tribunales. El dirigente nacional del PAN ha hecho del combate a la corrupción una bandera de su propia aspiración presidencial. El golpe puede impactar en su línea de flotación. Veremos.
SACIAMORBOS. 1.— Francisco Domínguez, sospechoso entre los desprestigiados gobernadores, niega la realidad con un desparpajo que asombra. Hasta que le roben a él.
2.— En breve, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que tomar una decisión sobre la elección de Coahuila. El INE ha presionado vehementemente para que esa elección se anule y ninguno de los dos candidatos pueda contender de nuevo. Consideran que le daría legitimidad a las autoridades electorales de cara al 2018. Por cierto, tanto en el INE como en el Tribunal detectan que el cabildeo de Ricardo Anaya para que se invalide esa elección responde a un interés personalísimo: tener discurso para que no le echen en cara que en las elecciones de 2017, pudiendo ganar tres, ganó sólo una. Y cuentan que no ha tenido empacho en mandar la señal de que no le importa que inhabiliten para volver a ser candidato a Guillermo Anaya, el panista que buscó esa gubernatura.
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