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Un expresidente espera cuatro años antes de trabajar en una empresa privada extranjera. El presidente AMLO acepta que es legal, pero acusa que no es moral.
Un secretario de Estado oculta un departamento en Houston en su declaración patrimonial. Descubierto en la omisión, acusa a su hijo de no haber completado una maniobra financiera para legalizar la herencia en vida que hizo de la propiedad y así no aparecer como dueño. El presidente defiende que el asunto quedó aclarado: ya es legal.
Un ex secretario de Estado aguarda doce años antes de trabajar en una empresa privada mexicana que tiene relación con el gobierno. Es legal, acepta el presidente, pero no es moral, acusa.
Un secretario de Estado fue socio —su esposa lo sigue siendo— de una empresa contratista del gobierno. Es legal, defiende el presidente.
Un titular de un órgano autónomo tiene un primo en cuarto grado que trabaja para una empresa energética. No es moral, acusa el presidente.
Un fiscal para delitos electorales denuncia la colusión política en el caso Odebrecht. El gobierno en turno lo corre, espía y persigue. El presidente AMLO condena el uso de la fuerza del Estado y le da trabajo.
Un titular de un órgano autónomo pide que se equilibren los perfiles de especialistas en hidrocarburos y electricidad propuestos por el presidente. El presidente AMLO lo acusa de corrupto, títere de empresas privadas, en conflicto de interés. Instruye al fiscal perseguido… para que lo persiga.
Un periodista mexicano informa que los mercados financieros castigaron a México por la decisión de cancelar el aeropuerto y la desastrosa gestión en Pemex. Es corrupto, vendido, mentiroso, acusa el presidente.
Un presidente extranjero encarcela y asesina opositores, hace fraude electoral para perpetuarse en el poder y sumerge a su población en una crisis humanitaria. El presidente no se mete con él.
Organismos de la sociedad civil piden contrapesos. El presidente los tacha de interesados y corruptos. Los financia el sector privado. Es legal, pero es inmoral.
El presidente nombra a un amigo de Fiscal General, a otro amigo de Fiscal electoral y ofrece al Senado escoger entre dos amigas y una militante para ser ministra de la Corte. Es legal, defiende el presidente.
Es corrupta la mamá que se molesta porque le van a cerrar las guarderías. Es corrupta la dueña de estancias infantiles que se queja del recorte. Es corrupto el funcionario que se queja de que lo corrieron sin justificación.
No son corruptos la Maestra que se volvió millonaria a costa de los profesores. No es corrupto al que acusaron de robarse 55 millones de dólares de los mineros. No es corrupto el que hizo el fraude del 88 y está acusado de asesinar opositores y periodistas.
Se condena al intelectual de izquierda que se desmarca. Se condena al dirigente empresarial que lo critica. Se condena al periodista que lo cuestiona. Se condena a la activista que critica la militarización. Se condena a la especialista que no quiere entregar a los sindicatos la Educación.
No se condena al huachicolero. No se condena al narcotraficante. No se condena a los secuestradores. Ellos delinquen por pobres. Los otros se quejan por ricos.
Instalado en el papel de juez y verdugo, el presidente López Obrador decide qué es legal y qué es moral. Y a juzgar por lo que se ha visto, su concepto sobre la ley y la moral es francamente elástico.
Es importante combatir los conflictos de interés, los abusos, los contubernios público-privados que existen y han existido en gobiernos revolucionarios, postrevolucionarios, priistas trasnochados y neoliberales (y en el actual). Pero es evidente que con la política de “si te doblas te perdono, si resistes te aniquilo”, lo que se propicia es justo lo contrario: acuerdos al margen de la ley.
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