El 4 de marzo, una familia regresaba de un día en la playa a su casa en Huimanguillo, Tabasco. Casi al llegar, el conductor del vehículo se percató de que eran seguidos por una camioneta, aceleró para tratar de eludir a sus persecutores y acabó chocando contra un poste. Varios hombres armados se bajaron de la camioneta y cosieron de tiros a la familia entera. Milagrosamente, sobrevivió una niña de once años, pero su padre, su madre, su tío y su hermano de dos años no tuvieron la misma suerte.

La masacre de esa familia no es la única atrocidad cometida en Tabasco desde el inicio del mes. El 13 de marzo, en la colonia Gaviotas Sur, ubicada en las afueras de Villahermosa, un grupo de pistoleros entró a una casa, asesinó a un hombre y, de remate, mató a un bebé de un año.

Unos días antes, una funcionaria de Pemex fue ultimada, presuntamente por un grupo de huachicoleros, cuando salía de su trabajo en el complejo petrolero Carrizo, en el municipio de Centro (Villahermosa). Y en la primera semana del mes, el hijo de un periodista fue asesinado cuando circulaba por una carretera federal en el municipio de Centla.

Estos hechos son parte de una amplia ola de violencia en ese estado del sureste del país. En febrero, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fueron asesinadas 62 personas en Tabasco (incluyendo víctimas de homicidio doloso y feminicidio). Eso significa un incremento de 68% con respecto al mismo mes del año pasado. Asimismo, es una cifra cuatro veces superior a la registrada en febrero de 2015.

Y si febrero fue malo, marzo podría ser peor. En la primera quincena del mes, según el recuento de homicidios registrados por el gobierno en fuentes abiertas (http://www.informeseguridad.cns.gob.mx), fueron asesinadas al menos 44 personas en Tabasco.

Junto con el incremento de los homicidios, podrían ir en ascenso los secuestros en la entidad. Según el SESNSP, se denunciaron nueve secuestros en Tabasco en febrero. Sin embargo, el gobernador Adán López señaló que esa cifra era incorrecta y que sólo le habían reportado tres, de los cuáles “uno no era secuestro”.

El gobernador puede pelearse si gusta con las cifras oficiales (cuya fuente es la fiscalía general de justicia del estado, por cierto). Pero, cualquiera que sea el dato correcto, el hecho es que los tabasqueños se sienten inseguros. En diciembre de 2018, la percepción de inseguridad en Villahermosa fue la quinta más alta del país, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, publicada por el INEGI. Para poner el dato en perspectiva, hay mayor percepción de inseguridad en Villahermosa que en Tijuana o Ciudad Juárez.

Frente a esa realidad, ¿qué están haciendo las autoridades del estado? Al parecer, esperar asistencia federal. Según el gobernador López, de filiación morenista, se van a instalar cinco bases de la Guardia Nacional en el estado, para las cuales “están los terrenos”. ¿Y además de eso (que puede tardar meses o años)? Pues hay algo de equipamiento: se anunció la compra de 160 patrullas, 20 motocicletas y algunas grúas para la policía estatal. Y no mucho más.

Esto parecería (y probablemente es) insuficiente para una entidad crucial para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No solo es el estado natal del presidente, sino que además albergará (parcial o totalmente) a las dos obras icónicas de infraestructura de la actual administración federal: la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Eso significa que todo o mucho de lo que pase en el estado tendrá repercusiones nacionales.

Ojalá así lo entiendan las autoridades del estado. Por el bien de los tabasqueños, incluyendo el que despacha en Palacio Nacional.

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