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Ayer, en una reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Alfonso Durazo, flamante secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó lo siguiente:
“Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública, y si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, en circunstancia de rechazo retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles. Creo que sería irresponsable que eso sucediera”.
En esto último, tiene razón Durazo: sería irresponsable retirar de golpe al personal militar que hoy realiza funciones de seguridad pública. La población de una buena parte del país quedaría indefensa.
Pero además de irresponsable, sería suicida para el gobierno federal. El costo de lo que sucediera tras un repliegue abrupto de las fuerzas federales iría a parar, directo y sin escalas, a la bolsa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata por tanto de una amenaza vacía. Es además de una disyuntiva falsa: hay múltiples alternativas entre la aprobación de la iniciativa y el retiro inmediato de las fuerzas militares.
Se podría, por ejemplo, adoptar la propuesta del colectivo #Seguridadsinguerra de aprobar una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional (referido a la suspensión de garantías), con un artículo transitorio que mandatara un retorno gradual del Ejército y la Marina a los cuarteles y un esfuerzo sostenido de desarrollo policial (https://www.seguridadsinguerra.org).
Asimismo, hay muchas maneras de organizar un cuerpo intermedio que pudiese asumir el rol que el gobierno está imaginando para la Guardia Nacional. En un artículo reciente publicado en Nexos (https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1137), Álvaro Vizcaíno, ex-titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, exploró un buen número de posibilidades. Cito algunas a manera de ejemplo:
1. Separar a la División de Gendarmería de la Policía Federal y tomarla como base de una Guardia Civil. A los 5 mil elementos ya existentes, se podrían añadir entre 7,500 y 10 mil integrantes anuales, hasta alcanzar los 50 mil integrantes al final del sexenio.
2. Duplicar el número de integrantes de las seis divisiones originales de la Policía Federal.
3. Fusionar a la Policía Militar y Policía Naval para crear un cuerpo intermedio, llamado Gendarmería o Guardia Civil, sometido a mando civil, ubicado administrativamente en la Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Gobernación, y que coexista con la Policía Federal.
A la par de lo anterior, se podría crear un Cuerpo Nacional de Policía. Eso significaría centralizar varios procesos administrativos de las policías. Por ejemplo, el reclutamiento, en vez de dejarse a estados y municipios, podría hacerse a nivel federal. Lo mismo para la formación: se podría establecer una academia nacional, con campus regionales. Para dotar de prestaciones a los policías, se podría crear un instituto de seguridad social para personal policial, a la manera del que existe para las Fuerzas Armadas. Esto no es lo mismo que una policía nacional, ya que los gobernadores y los presidentes municipales seguirían teniendo el mando operativo sobre los policías desplegados en sus jurisdicciones.
Esto no agota las alternativas de transformación de las instituciones de seguridad. Muchos especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil tienen muchas otras ideas.
Señores y señoras del Congreso de la Unión, no se dejen encajonar en una discusión binaria. Hay matices, opciones, soluciones híbridas. Por el bien del país, explórenlas.
