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En estos días, toda crítica dirigida al equipo de transición se encuentra inevitablemente con la siguiente respuesta: Andrés Manuel López Obrador aún no es presidente, sus colaboradores no son aún funcionarios públicos y no es justo pedirle cuentas a quienes aún son ciudadanos privados.
Pero esa réplica deja de valer desde mañana para la nueva camada de legisladores. Ellos pueden ya hacer y deshacer a discreción. Y es justo que lo hagan, porque para eso fueron electos.
Ahora, ¿qué deberían hacer? El presidente electo ha presentado ya algunas prioridades, pero la agenda legislativa de los próximos cuatro meses no puede reducirse a esas iniciativas. Va en consecuencia una lista de sugerencias de ideas o causas en los temas que se tratan en esta columna y que los legisladores pudieran impulsar en los próximos 120 días:
1. Revisar la Ley de Seguridad Nacional. Esto lo van a tener que hacer de todos modos si aún se mantiene la idea de cambiar el nombre y la ubicación administrativa del Cisen. Ya puestos en esa tarea, los legisladores podrían definir de mejor manera el concepto de seguridad nacional, limitando sus alcances. Esta pudiera ser, además, la puerta de entrada para rediseñar o abrogar la Ley de Seguridad Interior.
2. Modificar el régimen laboral de los policías. Hay una sola categoría de trabajadores que no pueden ser reinstalados en su puesto después de ganar un juicio laboral: los policías. Acabar o limitar de mejor manera con ese régimen de excepción (contenido en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII de la Constitución) es el primer paso para dignificar la labor policial.
3. Rediseñar los fondos de aportaciones y subsidios a estados y municipios en materia de seguridad pública. Todos los años el gobierno federal transfiere aproximadamente de 12 a 14 mil millones de pesos a autoridades estatales y municipales. Los vehículos presupuestales para esas transferencias —FASP para entidades federativas y el FORTASEG para municipios— funcionan mal: el dinero baja a ritmo lento, muchos recursos se acaban dedicando a proyectos mal armados, y hasta una tercera parte de los fondos no se ejercen. Corregir esto requiere una revisión a varias normas (la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, etcétera), pero podría ser una medida con impacto rápido.
4. Fondear un censo de policías. Con frecuencia regular, el Inegi pregunta a los gobiernos estatales y municipales cuántos policías tienen en su nómina (se conoce a esos ejercicios como censos de gobierno). Pero una cosa es estar en la nómina y otra trabajar de policía. Hay un número no definido de policías comisionados a otras tareas (por ejemplo, servir de guardaespaldas de funcionarios). En consecuencia, se requiere probablemente un censo de policías, similar al que se hizo entre los maestros en 2013. No sería mucho dinero, pero ayudaría a dimensionar de mejor manera los retos en materia de desarrollo policial.
5. Crear un consejo de evaluación de la política de seguridad y justicia, siguiendo el modelo del Coneval. La discusión sobre seguridad y justicia sucede en una zona libre de evidencia, donde lo que se impone es la ocurrencia y los prejuicios. Para corregir eso, se podría crear una institución similar al Coneval, con una fuerte dosis de autonomía técnica. Eso podría contribuir a mejorar a bajo costo la calidad de las políticas públicas en la materia.
Todo lo anterior no es más que sugerencia. No son cambios radicales que puedan alterar de fondo la dinámica de seguridad del país. Pero sí son transformaciones cuyos efectos podrían sentirse en un plazo relativamente corto. No serían un mal inicio para el nuevo Congreso.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
