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Como comentaba la semana pasada, la violencia no ha cedido durante el primer tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los propios miembros del equipo de seguridad del presidente admiten ese hecho. Pero tienen una explicación.
La semana pasada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló lo siguiente: “Ha fallado la seguridad, es deficiente prácticamente en todo el país por las severas limitaciones del personal de seguridad que tiene el gobierno de la República… Nosotros tenemos sólo una organización [la Policía Federal] de 36 mil elementos, que si quitamos los administrativos y logística nos quedamos con alrededor de 22 mil operativos, divididos en tres turnos son 6, 7 mil elementos por turno para un país de 2 millones kilómetros cuadrados de extensión territorial y casi 130 millones de habitantes".
Entonces, en la perspectiva del gobierno, el problema es la falta de personal preventivo federal. Por eso la Guardia Nacional, ya aprobada ¿Problema resuelto? No del todo.
Tengo mis dudas sobre los cálculos de Durazo a propósito del estado de fuerza operativo de la Policía Federal. Parece omitir de la estimación a todos los analistas de inteligencia, los investigadores, y, en general, todo el personal que no pertenezca a las divisiones de Fuerzas Federales, Seguridad Regional y Gendarmería. Es decir, todos los que no sean músculo. Es una manera algo rupestre de concebir a una policía, pero, para fines del argumento, demos por bueno el cálculo.
¿Eso se resuelve con la creación de la Guardia Nacional? No en lo inmediato. Los elementos de la Policía Militar y Policía Naval que, según se ha dicho, formarán la simiente de la nueva corporación ya están desplegados en el territorio, realizando tareas de seguridad pública. No va a haber en el corto plazo un elemento adicional patrullando y vigilando el país.
Eso tal vez podría cambiar en algunos años si se cumplen las metas de reclutamiento que se han propuesto para la Guardia Nacional (50 mil elementos adicionales en tres años). Tengo serias dudas de que esas metas sean alcanzables: entre otras cosas, el control de confianza genera un enorme cuello de botella para la contratación de personal policial (en el modelo actual, se requieren 10 a 12 candidatos por cada recluta). Pero asumamos que se llega al objetivo.
Con ello, habría en 2022 una corporación de un tamaño aproximado de 130 mil elementos. Ahora, una parte de ese personal va a estar en áreas administrativas. Asumamos que no más del 20% del personal está asignado a esas labores. Eso dejaría un personal operativo de 104 mil elementos. Dividido entre tres turnos (como lo hizo Durazo para la PF), quedarían algo menos de 35 mil guardias nacionales en cualquier momento dado. Distribuidos en las 266 coordinaciones territoriales que ha definido el gobierno, eso dejaría una disponibilidad de 131 elementos por coordinación. En promedio, ese estado de fuerza equivale a un guardia nacional disponible por cada 3,673 habitantes o a uno por cada 57 kilómetros cuadrados. Con todo respeto, eso no resuelve nada.
¿Qué sí podría empezar a resolver el problema? En primer lugar, la transformación de las policías estatales y municipales: allí hay un estado de fuerza de 385 mil elementos, tres veces más que el escenario más optimista para la Guardia Nacional. Segundo, apostar por la investigación criminal y la procuración de justicia: si se empiezan a perseguir y sancionar los delitos, tal vez sea posible empezar a disuadir a algunos delincuentes.
En resumen, el gobierno está errando el blanco. La clave de la seguridad está en lo local y la justicia, no en el número de botas federales que se puedan poner en el terreno.
alejandrohope@outlook.com. @ahope71
