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El lunes, dediqué mi columna a la propuesta de transformación del Cisen en una Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), ubicada ya no en la Secretaría de Gobernación, sino en una reconstituida Secretaría de Seguridad Pública. Sostuve que esa reorganización administrativa es una mala idea, ya que implica meter en un mismo paquete a la inteligencia civil y la inteligencia policial.
Pero esa no es mi única objeción a la medida. El próximo gobierno tiene la oportunidad de democratizar el aparato de inteligencia del Estado. Pero con lo anunciado el fin de semana, se corre el riesgo de desperdiciarla.
Me explico:
1. En sus 29 años de historia, el Cisen ha tenido seguramente su dosis de abusos y excesos. Menos de los que se le atribuyen —una leyenda negra envuelve a la institución— pero en cantidad suficiente para detonar un proceso de reforma. Más después de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, en el cual se confundió la permanencia en el poder de un grupo político con la seguridad del Estado.
2. ¿Qué permitió esos (posibles) excesos? En primer término, un mandato legal amplísimo. En la Ley de Seguridad Nacional, se define como atribución del Cisen “operar tareas de inteligencia … que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el Estado de Derecho”. Eso es todo y nada. Rebasa cualquier definición razonable de seguridad nacional y abre la puerta a la intervención en tareas de seguridad pública e, incluso, procesos políticos.
3. Adicionalmente, el Cisen tiene controles débiles. Tiene un órgano interno de control para asuntos administrativos, pero no una unidad de asuntos internos o una inspectoría para propósitos disciplinarios. Existe una Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, supuestamente dedicada a vigilar a las instancias de seguridad nacional, pero dotada de pocas facultades. El Poder Judicial ejerce algo más de control, pero solo sobre las intervenciones de comunicaciones. Los órganos de auditoría pueden fiscalizar el gasto de manera genérica, pero no meterse a mucho detalle.
4. Dada esa realidad, una reforma al Cisen debería de orientarse en dos direcciones: a) acotar el mandato legal de la institución, y b) fortalecer los controles internos y la supervisión externa. Sobre lo primero, el Cisen (o la ANI) debería ver limitado su mandato interno a temas explícitamente vinculados a la seguridad nacional (terrorismo, grupos armados, contrainteligencia), a la vez que se reorienta hacia la generación de inteligencia fuera de territorio nacional. Sobre lo segundo, sería necesario a) la creación de una inspectoría interna, b) el fortalecimiento de la supervisión legislativa y judicial, y c) ampliar (con reglas) el acceso a la información de órganos de auditoría externa (ASF, SFP).
5. Esa ruta —mandato mejor definido y controles más robustos— la han seguido otros países que han reformado sus sistemas de inteligencia. Un caso ejemplar es el de Canadá en 1984. Otro es España en 2002.
6. Lo anunciado hasta ahora por el equipo de Andrés Manuel López Obrador va en la dirección opuesta. La ANI tendría de hecho un mandato más amplio que el Cisen, ya que se dedicaría explícitamente, según declaraciones del propio AMLO, al combate al delito. Y ubicarla en la SSP es una confirmación de esa vocación. Asimismo, no ha habido mención alguna a controles internos o supervisión externa del nuevo organismo.
En resumen, se busca cerrar el Cisen debido a sus excesos, pero sin atender la causa de esos excesos. Eso es cambio, pero no es reforma democrática de la inteligencia. Pero aún es tiempo de enmendar la ruta. Ojalá así lo decida el nuevo equipo gobernante.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
